Okupas

La Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya; Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i Província; Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE) y la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona-Lleida; Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) firman una carta abierta sobre la "preocupante situación de la ocupación en Cataluña".

Enrique Vendrell, vicepresidente del CAFBL y asesor jurídico del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, es un experto en temas de okupación, y habla con idealista/news en una entrevista sobre lo “preocupante” y “alarmantes” que son los últimos datos. “Organizaciones como el Sindicat de Llogaters promueven la okupación ilegal”, explica el experto, que añade que “para frenarlo hay que regular contra la okupación, si no no dejarán de crecer”.

La Generalitat catalana hace oídos sordos a la declaración de inconstitucionalidad por el Consejo de Garantías Estatutarias del decreto que permite legalizar la okupación de viviendas. Ha decidido seguir adelante con la tramitación del decreto 1/2020, que modifica la definición de vivienda vacía para dejar claro que la okupación sin título legítimo no impide que una vivienda se considere vacía y, así, permitir la okupación.

El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), el órgano encargado de vigilar que las leyes catalanas se ajusten a la Constitución Española y al Estatuto catalán, estima que el decreto ley 1/2020 vulnera los derechos de los propietarios porque avala la ocupación ilegal.

Javier González Herráez, arquitecto y promotor, ha comprado los edificios del número 1 y 3 de la calle Cabestreros (Lavapiés) para levantar un hotel 'low cost'. Esta es la segunda operación de este tipo que realiza en el distrito y ha provocado las iras de algunos movimientos vecinales que no han dudado en acusarle de especular con los terrenos del barrio. Varios carteles con su cara y el lema: 'enemigo de Lavapiés' adornan las calles de esta castiza zona de Madrid.

El pleno del Parlamento de Cataluña ha convalidado el decreto ley de vivienda que, entre otras cosas, obliga a los inversores a ofrecer un alquiler social a los okupas que lleven en la casa seis meses y eleva al 40% el porcentaje de suelo destinado a VPO en las nuevas promociones del Área Metropolitana de Barcelona. Se trata de medidas que el sector privado ha tildado de "drama" y "desprotección" para los actores del negocio inmobiliario en toda la comunidad autónoma. 

Malos tiempos para la inversión en residencial en Cataluña. Además de todos los cambios que impactarán en este sector tras la convalidación en el Parlamento del nuevo Decreto Ley de vivienda, ahora Cataluña obligará a los inversores a ceder sus viviendas para alquiler social cuando lleven okupadas seis meses. Esta nueva norma se ha convalidado en el Parlamento catalán y ha sido votada con un texto aún más duro que el que se aprobó el pasado diciembre, puesto que ya ni siquiera la judicialización del desahucio de los ocupas servirá para evitar ese alquiler.

Hasta ahora la empresa catalana Desokupa era la única empresa que ofrecía una alternativa privada a la vía judicial para poder expulsar a los okupas de las casas, si bien este modelo de empresa ha proliferado por toda España, creando un nicho de negocio, más competencia y, como era de esperar, a precios mucho más económicos. En idealista/news hablamos con cuatro empresas de distintas zonas de España que se dedican en exclusiva a la desokupación.

Las okupaciones en Barcelona suben al mismo ritmo que los precios por alquilar un piso en la capital catalana. El último caso se ubica en el icónico Paralelo de Barcelona, en el barrio de Sant Antonio, donde el Sindicato de Barrio de Poble-sec, con el apoyo de la entidad Fem Sant Antoni, ha ocupado cuatro de los doce pisos del inmueble propiedad de un fondo inversor.

El PP ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición legislativa para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas y otros inmuebles. El partido busca agilizar el desahucio y permitir que los desalojos se produzcan en un plazo máximo de un día. Además, la propuesta incluye penas de cárcel para los okupas, según los daños causados a la propiedad, y protege también a las personas jurídicas propietarias de viviendas.

El pasado 2 de julio entró en vigor la Ley 5/2018, más conocida como ley de desahucio exprés, que permite acelerar el desalojo de las okupaciones ilegales de casas. La normativa no afecta a los inquilinos morosos y no podrá ser utilizado por grandes tenedores de viviendas: solo está disponible para particulares, ONG y el sector público. Recordamos cómo funciona esta ley que quiere frenar el fenómeno de la usurpación de viviendas y qué piensan los expertos de su llegada.

Las okupaciones de viviendas están a la orden del día. Lo primero que se le suele pasar por la cabeza al propietario es acudir a la Comisaría de Policía o al Juzgado de Guardia, porque se trata de un delito de usurpación. Sin embargo, la abogada Carmen Giménez, titular del despacho G&G Abogados, recomienda interponer demanda por lo civil porque el proceso es más rápido y efectivo. Te explicamos por qué.

El sector financiero calcula que hay entre 85.000 y 90.000 viviendas okupadas ilegalmente en nuestro país y asegura que ocho de cada 10 son pisos de su propiedad. Solo Bankia tiene unas 5.000 casas habitadas por okupas. Las entidades se quejan de que la legislación es muy garantista y de que ciudades como Madrid y Barcelona son muy permisivas y estiman que el valor de los inmuebles puede reducirse a menos de la mitad por culpa de una usurpación.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha rechazado comprar la sucursal bancaria “okupada” en el barrio de Gràcia por su elevado precio: más de 500.000 euros, que es lo que pagó en su día el propietario.

Una veintena de familias de badalona están a la espera de poder entrar en las viviendas que el ayuntamiento de la localidad les concedió en régimen de alquiler social.

El juzgado de instrucción número 6 de Murcia ha declarado culpable a una mujer de un delito de usurpación al haber habitado durante todo un año una casa vacía sin autorización.