pisos turísticos

El Ayuntamiento de Logroño ha congelado la concesión de licencias turísticas durante los próximos 12 meses. La medida, que entró en vigor el pasado 11 de noviembre tras su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), afecta a pensiones y casas de huéspedes, establecimientos de apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico ubicados en todo el suelo urbano de carácter residencial del término municipal. Esta suspensión permitirá al Gobierno municipal plantear medidas urbanísticas y normativas que permitan regular estas actividades a largo plazo. El número de pisos turísticos está en máximos tanto en la capital como en la autonomía.

El Colegio de Registradores ha otorgado más de 370.000 números de registro único de alquiler (NRUA) turístico desde el pasado 1 de julio, fecha en la que se hizo obligatoria la ventanilla única digital, a partir del Real Decreto 1312/2024 para el registro único de arrendamientos de alquileres turísticos. Los registradores también han confirmado la firma de convenios de colaboración con la Generalitat de Cataluña, el Gobierno del País Vasco o el de Navarra, y afirma que está cerrando convenios de colaboración con otras CCAA.

El Pleno del Parlamento de Canarias ha dado luz verde a la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. La normativa, que ha tardado un año y medio en aprobarse, impide establecer nuevas viviendas vacacionales durante cinco años y prohíbe que las viviendas protegidas puedan destinarse a un uso turístico, mientras que las viviendas nuevas no podrán utilizarse con tal fin hasta que transcurran 10 años desde su construcción. El texto sí permite mantener la actividad a los pequeños propietarios que cumplen con el decreto que ha estado en vigor en la última década y que ha sido sustituido ahora por la primera ley que regula las viviendas turísticas.

La Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso ha rechazado una iniciativa del PSOE que buscaba forzar a los Gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias a facilitar la "no proliferación" de viviendas turísticas en zonas residenciales tensionadas de los archipiélagos. La iniciativa de los socialistas ha contado con el rechazo de PP y Vox, que suman mayoría en la Comisión. La iniciativa apelaba a seguir trabajando con las plataformas de alquileres turísticos y de corta duración, junto con el resto de administraciones competentes, para la aplicación del registro único de viviendas de corta duración y la retirada de las viviendas que no cuenten con la correspondiente licencia.

El Consell de Mallorca ha certificado en los últimos días la eliminación de más de 2.300 anuncios en la plataforma de Airbnb que no cuentan con número de registro obligatorio otorgado por el Consell. Se trata de los primeros resultados de la segunda fase del acuerdo entre la plataforma y la institución insular para garantizar que la oferta turística en línea opere bajo la legalidad y eliminar aquellas publicaciones irregulares en la web de alojamientos turísticos.

La Federación Española de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) ha anunciado su transformación en una organización patronal del alojamiento en viviendas de corta estancia en España, con el propósitode representar tanto a los apartamentos de uso turístico como a las fórmulas alojativas temporales, como el 'flexliving', 'coliving' o 'cohousing'. La nueva patronal enflogará a asociaciones, federaciones y empresas del sector para reforzar la interlocución económica, social y regulatoria del sector.

Sumar ha presentado este 13 de octubre un Real Decreto Ley de medidas urgentes para intervenir el mercado de la vivienda centrado en tres ejes: la protección inmediata del inquilino, la especulación y la acaparación de viviendas en España, así como la restricción de los pisos turísticos.Con estas me

A Juanjo Bande la crisis inmobiliaria de 2008 le pilló de sopetón como a tantos otros arquitectos que tuvieron que buscar alternativas en otros sectores económicos. En 2014 y 2015, en los años duros de la crisis, empezó a apostar por el mercado del alquiler de corta duración y le ha ido bien. En esta entrevista pone de relieve la falta de construcción de obra nueva y asegura que tenemos "estrés postraumático de la crisis de 2008". Además, estima que regular el alquiler vacacional puede encarecer las vacaciones al limitar la oferta alojativa.

En un nuevo giro en la regulación de los apartamentos turísticos, el Registro de la Propiedad ha demostrado que puede suprimir el permiso para continuar con esta actividad, incluso cuando los propietarios cuentan con las licencias pertinentes de la comunidad autónoma o del ayuntamiento, y no enfrentan quejas vecinales. Esta situación ha quedado de manifiesto con la reciente resolución emitida por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, perteneciente al Ministerio de Presidencia.

El presidente del Gobierno ha anunciado la creación de un Observatorio de la Vivienda Turística para elaborar un atlas de intensidad turística, con el objetivo de "conciliar mejor el turismo y la convivencia con los residentes, y que están causando problemas como la gentrificación", que afecta al 27% de las ciudades turísticas. El turismo supone el 12,3% del PIB nacional y el 13,2% del empleo total en España, pero para Sánchez está causando. Este observatorio se aprobará en el Consejo de Ministros de la próxima semana como uno de los ejes de la 'Estrategia España Turismo 2030: Cuidando el futuro'.

El Pleno del Congreso ha aprobado la admisión a trámite de la proposición de ley de EH Bildu para prohibir a las plataformas digitales publicitar alojamientos turísticos ilegales que no cuenten con número de licencia o registro. Las multas van desde los 10.000 euros hasta el millón de euros. Este último caso sucedería si se permite la contratación de una vivienda de uso turístico que carezca de licencia o número de registro, o de permiso de habitabilidad y salubridad.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido un auto con el que avala por segunda vez las resoluciones con las que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha instado a la multinacional Airbnb a retirar de su plataforma casi 35.000 anuncios de pisos turísticos por publicitarse sin indicar la licencia correspondiente ni su naturaleza jurídica. En total, el Gobierno central ha emitido tres resoluciones por las que invita a Airbnb a retirar 65.000 anuncios, que la compañía ya retiró el pasado verano.

Vender un apartamento turístico puede reportar grandes beneficios, especialmente teniendo en cuenta que la tendencia normativa en toda Europa se mueve hacia la limitación del número de licencias para esta actividad. Si estás pensando en poner en venta una vivienda de este tipo, te contamos todos los detalles al respecto, incluyendo aspectos normativos, gastos e impuestos. Por ejemplo, te tocará pagar el ITP, la plusvalía municipal y en caso de ganancia patrimonial, deberá tributar en el IRPF (entre el 19% y el 28%).

El Tribunal Supremo zanja, una vez más, la controversia jurídica sobre el alcance de las facultades de las comunidades de propietarios frente a los alquileres de uso turístico. En su sentencia 1.025/2025, de 2 de septiembre, la Sala de lo Civil ha confirmado la validez de un acuerdo vecinal en Segovia que prohibía expresamente las viviendas de uso turístico en el edificio, desestimando el recurso de casación interpuesto por dos copropietarios.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado a las plataformas digitales la solicitud de retirada de 53.876 pisos turísticos ilegales que solicitaron el número de registro (obligatorio desde el pasado 1 de julio), pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales. El objetivo del Gobierno, tal y como afirmó el presidente Pedro Sánchez, es que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial. Por municipios, Sevilla (2.289) lidera la tabla de solicitudes revocadas, seguido de Marbella (1.802); Barcelona (1.564); Málaga (1.471) y Madrid (1.257).

El nuevo registro obligatorio de alquileres de corta duración ha revocado 34.529 solicitudes de inmuebles para operar como apartamento turístico de las 68.594 que se intentaron inscribir entre julio y agosto, mientras que las demás han sido ya aceptadas o se encuentran en estado provisional, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Desde el pasado 1 de julio, es obligatorio que todo anunciante de un piso de alquiler de corta estancia (vacacional, temporal o de habitaciones) cuente con un identificador para poder comercializar el inmueble. Los principales motivos que explican las revocaciones son que la vivienda turística no cuente con la licencia pertinente, que no cuente con la aprobación de la comunidad de propietarios o que se trate de una vivienda de protección.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para la protección y mejora del uso residencial de la capital, conocida como Plan Reside, que no permitirá que operen viviendas de uso turístico (VUT) en edificios residenciales. Su objetivo es "proteger e incentivar el uso residencial en la ciudad y garantizar una oferta turística ordenada y legal que mejore la convivencia entre vecinos y visitantes". El plan entrará en vigor en los próximos días, una vez sea publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

La concentración de viviendas turísticas (VUTs) por kilómetro cuadrado habitado ha bajado en España en el último año. Según un estudio de Mabrian, firma global de inteligencia turística, el descenso ha sido de dos décimas, pasando de 6,8 a 6,6 propiedades destinadas al alquiler turístico por Km2 de media. El documento muestra descensos destacados en provincias como Alicante, Santa Cruz de Tenerife y Pontevedra, frente a los repuntes experimentados en otras como Málaga, Sevilla y Girona. Mientras, en Madrid y Barcelona las cifras se mantienen estables.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda han planteado medidas como aumentar el impuesto especial del gasóleo, aplicar el IVA a los pisos turísticos o introducir un nuevo tipo en el Impuesto de Sociedades para las socimis para cumplir el compromiso con la Comisión Europea de reducir este año el importe de los beneficios fiscales en una décima de PIB, unos 1.675 millones de euros. Sin embargo, descartan que la subida de impuestos a pisos turísticos y socimis pueda entrar en vigor este año. Con el calendario parlamentario tan avanzado, ambas iniciativas se aplicarían en el mejor de los casos a partir de 2026.

La Generalitat ha dado de baja cerca de 12.000 viviendas de uso turístico (VUT) en el primer año de aplicación de la nueva normativa autonómica, al no cumplir con los requisitos legales. Mientras avanza una tercera fase con más de 7.000 bajas adicionales previstas, el registro oficial, que ya cuenta con más de 94.000 VUT, avanza hacia una depuración total antes de que finalice 2025.

PP y PSPV han aprobado en Alicante ampliar la moratoria de licencias de pisos turísticos por dos años más a bloques completos de viviendas para este uso. El visto bueno del Pleno del Ayuntamiento alicantino supone ampliar la suspensión de cualquier título habilitante y licencias de obra de nueva planta para la implantación de alojamientos turísticos, con el fin de incorporar, además de las viviendas aisladas, a los bloques de apartamentos, pensiones y albergues turísticos.

El grupo parlamentario de EH Bildu ha registrado una proposición de ley en el Congreso que pretende prohibir a las plataformas anunciar y contratar alojamientos turísticos ilegales que no cuenten con número de registro o licencia. En su propuesta afirma que los ayuntamientos y CCAA cuentan con recursos limitados para regular los apartamentos ilegales, por lo que quiere establecer sobre las empresas y plataformas la responsabilidad legal de evitar la proliferación de alojamientos ilegales para su alquiler. En el articulado también se establece un régimen sancionador con multas que pueden ascender hasta el millón de euros.

Muchos profesionales del sector han mostrado discrepancias frente al nuevo Registro de alquileres de corta duración, que lleva en vigor desde el pasado 1 de julio. Joaquín Gómez-Villares, socio profesional del despacho de abogados Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia, ha catalogado el espíritu de la norma como positivo. Sin embargo, ha criticado varios aspectos, sobre todo, la falta de criterios homogéneos y la ausencia de un régimen sancionador específico ni para el propietario ni para las plataformas. “Lo que venía como una medida para ofrecer transparencia y trazabilidad, se ha convertido en un clima de inseguridad jurídica”, ha declarado.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha acordado con Airbnb la identificación y retirada de los anuncios de pisos turísticos que no cuenten con el código de registro legal que entró en vigor el pasado 1 de julio para todos los alquileres de corta duración, incluyendo el turístico, el temporal y el de habitaciones. La plataforma se ha comprometido a eliminar los los anuncios que presenten irregularidades en el registro nacional, previo aviso a los anfitriones, y a remitir información sobre los anuncios al MIVAU de forma mensual a partir de agosto.

El número de pisos turísticos vuelve a crecer. Según los datos del INE, en mayo había un total de 381.837 viviendas vacacionales en todo el país, un 1,4% más que en noviembre del año pasado. Se trata del segunda cifra más alta de la serie histórica, que arrancó en 2020, solo superada por la de verano del año pasado. A pesar del repunte, su peso sobre el parque residencial es de apenas un 1,43%. Un total de 11 provincias cuentan con más de 10.000 unidades, con Málaga, Alicante, Las Palmas, Baleares, Santa Cruz de Tenerife y Girona a la cabeza.