pisos turísticos

La Generalitat ha dado de baja cerca de 12.000 viviendas de uso turístico (VUT) en el primer año de aplicación de la nueva normativa autonómica, al no cumplir con los requisitos legales. Mientras avanza una tercera fase con más de 7.000 bajas adicionales previstas, el registro oficial, que ya cuenta con más de 94.000 VUT, avanza hacia una depuración total antes de que finalice 2025.

PP y PSPV han aprobado en Alicante ampliar la moratoria de licencias de pisos turísticos por dos años más a bloques completos de viviendas para este uso. El visto bueno del Pleno del Ayuntamiento alicantino supone ampliar la suspensión de cualquier título habilitante y licencias de obra de nueva planta para la implantación de alojamientos turísticos, con el fin de incorporar, además de las viviendas aisladas, a los bloques de apartamentos, pensiones y albergues turísticos.

El grupo parlamentario de EH Bildu ha registrado una proposición de ley en el Congreso que pretende prohibir a las plataformas anunciar y contratar alojamientos turísticos ilegales que no cuenten con número de registro o licencia. En su propuesta afirma que los ayuntamientos y CCAA cuentan con recursos limitados para regular los apartamentos ilegales, por lo que quiere establecer sobre las empresas y plataformas la responsabilidad legal de evitar la proliferación de alojamientos ilegales para su alquiler. En el articulado también se establece un régimen sancionador con multas que pueden ascender hasta el millón de euros.

Muchos profesionales del sector han mostrado discrepancias frente al nuevo Registro de alquileres de corta duración, que lleva en vigor desde el pasado 1 de julio. Joaquín Gómez-Villares, socio profesional del despacho de abogados Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia, ha catalogado el espíritu de la norma como positivo. Sin embargo, ha criticado varios aspectos, sobre todo, la falta de criterios homogéneos y la ausencia de un régimen sancionador específico ni para el propietario ni para las plataformas. “Lo que venía como una medida para ofrecer transparencia y trazabilidad, se ha convertido en un clima de inseguridad jurídica”, ha declarado.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha acordado con Airbnb la identificación y retirada de los anuncios de pisos turísticos que no cuenten con el código de registro legal que entró en vigor el pasado 1 de julio para todos los alquileres de corta duración, incluyendo el turístico, el temporal y el de habitaciones. La plataforma se ha comprometido a eliminar los los anuncios que presenten irregularidades en el registro nacional, previo aviso a los anfitriones, y a remitir información sobre los anuncios al MIVAU de forma mensual a partir de agosto.

El número de pisos turísticos vuelve a crecer. Según los datos del INE, en mayo había un total de 381.837 viviendas vacacionales en todo el país, un 1,4% más que en noviembre del año pasado. Se trata del segunda cifra más alta de la serie histórica, que arrancó en 2020, solo superada por la de verano del año pasado. A pesar del repunte, su peso sobre el parque residencial es de apenas un 1,43%. Un total de 11 provincias cuentan con más de 10.000 unidades, con Málaga, Alicante, Las Palmas, Baleares, Santa Cruz de Tenerife y Girona a la cabeza.

Uno de los activos más codiciados de San Sebastián cambia de manos. Ubicado en el número 3 de la calle Zubieta de la capital vasca, situada a escasos metros de la playa de La Concha y junto a restaurantes y comercios 'premium', el inmueble tiene casi 2.000 m2 con ocho plantas y dos entradas independientes, una destinada a los alojamientos turísticos que gestiona la plataforma alemana Limehome y otra para los pisos de lujo de las plantas superiores, que se vendían desde 1,8 millones de euros. El comprador del edificio, cuya fachada data de finales del siglo XIX, ha sido un 'family office' madrileño, del que aún se desconoce la identidad.

¿Ese piso turístico que has visto en internet es legal o no? Ahora puedes saberlo en segundos. El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado una nueva herramienta digital que permite a cualquier persona comprobar de forma rápida si un alojamiento turístico cuenta o no con licencia. Un ‘fast check’ municipal pensado tanto para turistas responsables como para vecinos hartos de los pisos ilegales... y una vuelta de tuerca más en la política de persecución a esta actividad, que desde el sector se califica como excesiva y poco equilibrada.

La plataforma estadounidense ha eliminado 4.093 anuncios de alojamientos turísticos en España, después de un primer requerimiento del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras detectar publicidad ilícita. Los pisos se ubicaban en Canarias, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha. La cartera liderada por Pablo Bustinduy ha puesto en valor la colaboración con la empresa tras el envío de esta solicitud para que los anuncios se ajusten a la legalidad vigente.

El 61% de los destinos turísticos ha detectado que existe una relación directa entre el incremento de las viviendas de uso turístico (VUT) y los problemas de acceso a la vivienda para los residentes, un conflicto para el que el tres de cada 10 municipios no contempla ningún tipo de regulación, según el II Observatorio de Turismo Sostenible en España. El estudio alerta de la necesidad de integrar las políticas de vivienda y planificación urbana dentro de las estrategias turísticas para garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo.

El auge del alquiler de viviendas con fines turísticos ha generado un importante debate jurídico en el ámbito de la propiedad horizontal. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) permite a las comunidades de propietarios limitar los pisos turísticos mediante el acuerdo de las tres quintas partes del total de propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. Sin embargo, esta posibilidad se limita exclusivamente a los denominados pisos turísticos, es decir, aquellos que están debidamente inscritos en el registro correspondiente y cuya explotación se asemeja a la de un establecimiento hotelero. No afectaría, por tanto, a los alquileres vacacionales, en régimen distinto al derivado de la normativa sectorial turística, tal y como recuerda Helena Pascual, abogada en Versus Estudio Jurídico.

Entre 2021 y 2023, las pernoctaciones en las 10 ciudades más visitadas y populares de la UE se multiplicaron por un 2,5, hasta superar las 200 millones de noches reservadas en hoteles. Un estudio de Airbnb revela que casi el 80% de las pernoctaciones en la UE durante 2024 se concentraron en el sector hotelero, defendiendo su modelo más diversificador. "Los hoteles registraron cinco veces más pernoctaciones que Airbnb a lo largo de 2023", afirman. Además, desde la plataforma ha criticado que donde se limitan los alquileres turísticos, como Ámsterdam o Barcelona, el turismo masivo se agrava, con más visitantes y precios cada vez más altos.

Los Registradores de la Propiedad han comunicado la generación de más de 100.000 números de registro único de arrendamientos (NRUA) en todo el territorio nacional, que será obligatorio presentar en las plataformas en línea que permitan formalizar contratos de alquiler a distancia a partir del próximo 1 de julio, en el marco del Real Decreto 1312/2024 por el que se regulan los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, que incluyen los pisos turísticos y los alquileres de temporada. En los portales de anuncios clasificados, como idealista, no aplica esta nueva obligación. El incumplimiento de este exigencia puede acarrear sanciones económicas y legales.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha llamado a la cooperación y a la cogobernanza entre administraciones con el objetivo de dar con una solución conjunta que permita elevar el número y el ritmo de casas construidas, además de blindar el parque público de vivienda. Además, ha defendido el paquete de medidas fiscales anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el IVA al 21% para pisos turísticos o las subidas al 25% para las socimis, que cree positivas para el sector.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que hay que acabar con los pisos turísticos ilegales, "como los 15.000 que existen en Madrid y que están colisionando con familias que precisan una vivienda y que no pueden tenerla en sus barrios". Rodríguez ha destacado que esas 15.000 unidades ya son más de lo que va a ser capaz de levantarse en el nuevo barrio de Campamento. Además, ha añadido que los pisos turísticos legales requieren de regulación y que "han pasado de ser una cosa colaborativa a un negocio y queremos que tributen como actividad económica que son".

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha emplazado a los titulares de Consumo a nivel autonómico a que actúen y, en su caso, sancionen a las empresas que gestionan viviendas turísticas que "se anuncian de forma ilegal en sus respectivas comunidades", según un comu

A partir del próximo 1 de julio, comenzará a funcionar en España la normativa europea que regula los alquileres de corta y media estancia, que incluye un registro único para este tipo de arrendamientos obligatorio para determinados casos. De acuerdo con el reglamento europeo 2024/1028, todos los inmuebles destinados al uso turístico o de temporada estarán obligados a contar con un código de registro cuando se publiciten en plataformas digitales que permitan formalizar contratos de alquiler a distancia. En los portales de anuncios clasificados, como idealista, no aplica esta nueva obligación.

La escasez de oferta de viviendas en alquiler está suponiendo un gran problema para miles de familias en nuestro país, con precios cada vez más altos. España ha perdido más de 200.000 pisos que se anunciaban en idealista en 2020, pero la demanda sigue exigiendo más casas para vivir. Con datos de idealista, AirDNA y el Ministerio de Vivienda, analizamos por dónde ha podido 'huir' la oferta de vivienda en alquiler permanente: se culpa de todo a los pisos turísticos y de temporada, pero el superávit que tienen solo representa el 46% del stock del alquiler que ha desaparecido. La incertidumbre y la inseguridad jurídica generada por la intervención del Gobierno en el mercado también empuja a los propietarios a vender sus propiedades o directamente a dejarlas vacías.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) dudan de algunas de las nuevas reducciones en el Impuesto de la Renta (IRPF) incluidas en la proposición de ley para impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles, ya que consideran que no serán eficaces para aumentar el parque residencial en arrendamiento: "Se sobrevaloran los efectos de los incentivos fiscales para promover políticas públicas". Por su parte, el Consejo General de Economistas (CGE) descarta que aumentar el coste fiscal de los inmuebles vacíos para que los propietarios pasen a ofrecerlos alquiler sea eficiente, porque en la mayoría de los casos son segundas residencias o casas en los pueblos.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido la proposición de ley que ha presentado su grupo en la Cámara Baja para subir los impuestos a los pisos turísticos y bajárselos a los caseros que alquilen sus inmuebles a precios asequibles frente a las críticas que han vertido sus socios de Sumar y Podemos. López ha comentado que mientras que a sus socios de izquierda no le gustan las bonificaciones a los propietarios, a los partidos de derecha no les gusta aumentar los gravámenes a los pisos turísticos.

La Junta de Andalucía ha decidido recurrir ante los tribunales, como ya ha anunciado el Gobierno de Canarias, el Registro único de pisos turísticos impulsado por el Gobierno central, alegando "una invasión de competencias autonómicas y una falta de diálogo institucional". El Decreto Estatal de Registro Único de Arrendamientos y la creación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración está en vigor desde el pasado 2 de enero, pero no será efectivo hasta el 1 de julio.

La empresa de alquiler vacacional Olala Homes ha lanzado su nueva marca corporativa, Olala!, para abarcar los negocios de alquiler vacacional, hotelería y restauración dado el crecimiento y la consolidación de estos sectores dentro de la empresa.La marca ha sido lanzada este jueves en el marco del S

El PSOE ha registrado una proposición de Ley que incluye una subida del IVA a los pisos turísticos al 21%, para que tributen como actividad económica, así como aumentar los impuestos sobre la vivienda vacía y modificar el régimen de tributación de las socimis, que subiría al 25% si no promueven vivienda de alquiler asequible. Así lo ha anunciado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la que ha detallado que también se creará un nuevo impuesto estatal para gravar la compra por parte de extracomunitarios y extranjeros no residentes, y se extenderán las bonificaciones en el IRPF por rentas por debajo de mercado en zonas que no se hayan declarado de mercado tensionado.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el Plan Reside que supondrá el final de los pisos turísticos dispersos en el centro histórico, por lo que los apartamentos vacacionales se concentrarán en edificios enteros dedicados a ello. Además, se extenderá a toda la ciudad la obligatoriedad de contar con un acceso independiente para instalar una vivienda de uso turístico, y sólo en planta sótano, baja o primera. El delegado de Urbanismo, Borja Carabante, ha insistido en que esta nueva norma incrementará las viviendas residenciales, mejorará la convivencia entre turistas y residentes y ordenará la oferta turística.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha pronunciado sobre el recurso presentado por Airbnb contra las resoluciones del Ministerio de Consumo que imponen a la plataforma de pisos turísticos el bloqueo de casi 66.000 anuncios que no cumplen con las normativas autonómicas en esta materia. El tribunal avala las actuaciones de Consumo e insta a Airbnb a retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos de manera inmediata que se encuentran repartidos por Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares o País Vasco.