Plusvalía Municipal

El Tribunal Supremo ha fijado que se puede obtener la devolución de la plusvalía municipal cuando se vendió o transmitió un inmueble a pérdidas, y esto a pesar de que la liquidación sea firme. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, recuerda que estas liquidaciones se consideran nulas de pleno derecho y, por tanto, se puede pedir su revisión, incluso aunque estén prescritas. Así, se puede pedir ahora la revisión de liquidaciones firmes de 2014, 2015 y 2016 en adelante.

En los últimos 15 años se ha sucedido una larga batalla entre contribuyentes y Administración que ha dejado por el camino tres declaraciones de inconstitucionalidad sobre la plusvalía municipal, un cambio normativo en este impuesto y una larga hilera de sentencias del Supremo fijando doctrina casacional para intentar suplir la inactividad del legislador, tal y como recuerda José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation. En su opinión, se trata de un tributo con gran litigiosidad todavía presente. Para poder saber qué reclamar es importante tener en cuenta la fecha en que se hizo la transmisión del inmueble gravada por el impuesto.

El Tribunal Supremo ha descartado que exista un derecho automático de indemnización después de que el Tribunal Constitucional tumbara la plusvalía municipal, dado que debe acreditarse que, en efecto, no se incrementó el valor del terreno. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han desestimado los primeros recursos presentados por empresas y ciudadanos que reclamaban una indemnización al Estado por el abono de este tributo. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado un recurso recientemente pidiendo responsabilidad patrimonial al Estado.

El Ayuntamiento de Madrid lleva al Estado a los tribunales para reclamarle una indemnización de 713 millones de euros por los daños ocasionados por los pronunciamientos judiciales y lo que califica como la "inactividad" del Ejecutivo central tras las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal, impuesto que no pueden cobrar los ayuntamientos. A finales de diciembre, la Junta de Gobierno municipal aprobó interponer un recurso contencioso-administrativo directamente ante el Tribunal Supremo para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado.

El Gobierno ha actualizado a través del real decreto-ley de medidas para hacer frente a la escalada de precios y las consecuencias de la guerra en Ucrania y Oriente Próximo los coeficientes máximos que se aplican al cálculo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, al no haber Presupuestos para 2024. El decreto reconoce la posibilidad de que los Ayuntamientos corrijan hasta un 15% a la baja los valores catastrales del suelo en función de su grado de actualización para garantizar que el tributo se adapte a la realidad inmobiliaria de cada municipio.

Sabemos que cuando se realiza la compraventa de una vivienda existen una serie de impuestos que deben abonarse. Sin embargo, en el caso de las herencias siempre entran algunas dudas. Además del conocido impuesto de sucesiones, existen otros costes de los que el beneficiario debe hacerse cargo en un plazo concreto. Entre estos costes, se encuentra el de la plusvalía municipal, también conocido como Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), que no afecta solo a las viviendas, sino también a los garajes, trasteros, terrenos o locales, entre otros.

Hoy en día la revisión de las liquidaciones firmes de plusvalía municipal ha adquirido relevancia tras las últimas declaraciones de inconstitucionalidad. El abogado fiscalista José María Salcedo recuerda que un punto de conflicto ha surgido en la interpretación y aplicación de las sentencias del Constitucional, especialmente en relación con la posibilidad de revisar liquidaciones firmes en caso de transmisiones en pérdidas, incluso en situaciones en las que no se recurrieron en su momento. Ahora el Supremo tiene de nuevo sobre la mesa revisar liquidaciones firmes.

El Tribunal Supremo le ha dado la espalda a quienes no pudieron reclamar la plusvalía municipal antes de la declaración de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre de 2021. El alto tribunal estima que una liquidación tributaria no recurrida antes del 26 de octubre es ya una situación consolidada y que, como tal, no queda afectada por la declaración de inconstitucionalidad del impuesto ni puede ser anulada con base a la misma. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, hace una valoración al respecto.

El Tribunal Supremo le ha dado la espalda a quienes no pudieron reclamar la plusvalía municipal antes de la declaración de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre de 2021. El alto tribunal estima que una liquidación tributaria no recurrida antes del 26 de octubre es ya una situación consolidada y que, como tal, no queda afectada por la declaración de inconstitucionalidad del impuesto ni puede ser anulada con base a la misma.

La constitución de un usufructo vitalicio sobre una vivienda implica dividir la propiedad del mismo. A partir de ese momento, no habrá un propietario absoluto que tenga todos los derechos sobre el bien. En su lugar, coexistirán un nudo propietario y un usufructuario. Esto es común en el ámbito familiar, como cuando un padre dona el usufructo de un inmueble a su hijo, reservándose la nuda propiedad, o cuando en una herencia, el cónyuge viudo adquiere el usufructo vitalicio de todos los inmuebles y los hijos se quedan con la nuda propiedad. Es importante saber que adquirir el pleno dominio no conlleva pagar IRPF ni plusvalía municipal.

El BOE ha publicado una ley que simplifica la forma de rectificar los errores cometidos a la hora de pagar impuestos tan importantes como el IRPF o la plusvalía municipal. Esta normativa habilita una vía alternativa de rectificación mediante la presentación de una autoliquidación rectificativa si así lo contempla la propia regulación del impuesto que se quiera autoliquidar. Explicamos las principales claves.

Los ayuntamientos recaudaron el año pasado 1.306 millones de euros gracias a la plusvalía municipal, un impuesto que se aplica en la compraventa, la donación y las herencias de viviendas y otros inmuebles urbanos y que es el más importante a nivel local, tras el IBI. La cifra supone un recorte de 835 millones respecto a 2021, como consecuencia de la anulación del método de cálculo del impuesto por parte del Constitucional y los nuevos sistemas de revalorización que aprobó el Gobierno. Desde 2016, los entes locales han 'perdido' prácticamente la mitad de la recaudación por este tributo.

El 30 de octubre de 2019 el Tribunal Supremo dio vía libre a los contribuyentes que habían pagado la plusvalía municipal en virtud de pacto o contrato, a pesar de no ser el sujeto pasivo de este impuesto, a recuperar lo pagado indebidamente mediante la impugnación de la liquidación emitida por el Ayuntamiento correspondiente. Ahora, el alto tribunal permite también recuperar este tributo a quienes quieran rectificar la autoliquidación presentada en su día por el sujeto pasivo, que normalmente es el que vende el inmueble.

Son muchos los contribuyentes que siguen reclamando la plusvalía municipal, enredados en mil batallas, con alegaciones y argumentos distintos, en función de cuál es la normativa aplicable en cada caso, o si reclamaron antes o después de una determinada fecha. Y lo cierto es que estamos ante una litigiosidad que no cesa, y que se acrecienta con cada intento del Tribunal Constitucional por intentar acallar a los que siguen reclamando la devolución de la plusvalía municipal. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, hace una fotografía actual de la reclamación que se puede iniciar y de los argumentos que se puede emplear en la reclamación.

El Tribunal Supremo tiene otro asunto entre manos sobre el que decidir: si es posible solicitar la devolución exprés de ingresos indebidos por el IBI o la plusvalía municipal, como consecuencia de errores en el Catastro. Muchos son los contribuyentes que se encuentran con errores en el valor catastral de inmuebles de su propiedad. La duda es si obtenida de Catastro una resolución favorable que reconozca el error, es posible pedir directamente la devolución de liquidaciones firmes de IBI o de plusvalía, o si es necesario iniciar un procedimiento especial de revisión ante la firmeza de dicha liquidación.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado por mayoría el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron más de 50 diputados del grupo parlamentario Popular del Congreso de los Diputados contra el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, que vino a adaptar el nuevo impuesto de plusvalía municipal a la declaración de inconstitucionalidad de octubre de 2021.

En los últimos tiempos, muchos ayuntamientos desestiman todos los recursos planteados por los contribuyentes contra la plusvalía municipal, obligándolos a recurrir en vía administrativa y, posteriormente, en vía judicial, es decir, les obligan a asumir gastos para, en muchos casos, darles finalmente la razón o allanándose antes de que se dicte sentencia para evitar una condena en costas. Es el caso de un reciente Auto del Juzgado de lo Contencioso número 34 de Madrid que impone las costas del juicio al consistorio de Torres de la Alameda.

La famosa sentencia del Constitucional del pasado 26 de octubre de 2021 en la que declaraba ilegal el sistema de cálculo de la plusvalía municipal sigue dando que hablar. ¿Por qué? Por la limitación de efectos que impuso para recurrir este impuesto, un hecho que va contra los derechos de los contribuyentes. Ahora el Tribunal Supremo tiene sobre la mesa aclarar qué quiso decir el Constitucional con la imposibilidad de revisar las liquidaciones de la plusvalía municipal “no recurridas” antes del 26 de octubre de 2021. En concreto, se han admitido a trámite tres Autos que decidirán cómo cuadrar la limitación de efectos de la sentencia del Constitucional, con el cumplimiento de la legalidad ordinaria, cuyo guardián y garante es el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo despejará en breve la incógnita sobre la fecha a partir de cuándo limitar los efectos de la Sentencia del Tribunal Constitucional, que tumbó el sistema de cálculo de la plusvalía municipal. La clave es saber si se limita a la fecha del dictado de la sentencia (26 de octubre de 2021) o la fecha de publicación de dicha sentencia (25 de noviembre de 2021). Muchos han sido los contribuyentes que han solicitado la devolución de la plusvalía tras conocerse su inconstitucionalidad y que se encuentran en un limbo.

El año ha empezado con cambios fiscales en Valencia capital. El Ayuntamiento ha anunciado una subida de la plusvalía municipal del 13% en aquellas compraventas que se producen en el periodo de año, es decir, cuando una persona adquiere una vivienda y la revende de forma rápida. En cambio, la plusvalía bajará de media un 43% para las familias que vendan una vivienda que compraron hace al menos 14 años. Con esta medida, se autodefine como "la primera gran ciudad que grava la tenencia especulativa de vivienda".

A la hora de recurrir la plusvalía municipal frente a un Ayuntamiento, los contribuyentes deben averiguar si el consistorio es de los denominados “de gran población” y, de ser así, debe tener constituido un Tribunal Económico-Administrativo Municipal. Y es que, la ausencia de dicho Tribunal puede allanar el camino de los contribuyentes, a la hora de obtener la devolución de la plusvalía municipal. No ofrecer tal posibilidad, cuando es obligatoria, podría suponer la nulidad de la liquidación dictada.

Hace un año se aprobó el Real Decreto-Ley 26/2021 que modificó el impuesto de plusvalía municipal para cumplir con la Constitución española, ya que dicho tributo fue declarado inconstitucional por su sistema de cálculo. Esta norma contemplaba un plazo de seis meses para que los ayuntamientos adaptaran su ordenanza de plusvalía a la nueva regulación. Ese plazo finalizó el pasado 11 de mayo de 2022 y son muchos los consistorios que todavía no han adaptado su ordenanza. Por ello, interesa aclarar que el cobro de este impuesto puede ser nulo de pleno derecho por no existir una normativa que permita cuantificar la cuota tributaria a pagar.

El Tribunal Constitucional podría dar una segunda oportunidad a aquellos contribuyentes que vieron truncadas las posibilidades de revisar las liquidaciones firmes de la plusvalía municipal tras vender o transmitir inmuebles en pérdidas. En una reciente sentencia este tribunal cuestiona las trabas que han puesto los juzgados para recuperar este impuesto en caso de liquidaciones firmes por el Ayuntamiento y ampara a los contribuyentes que quieran reabrir esta vía, mediante la nulidad o revocación de dichas liquidaciones.

Hace un año se declaró inconstitucional el sistema de cálculo de la plusvalía municipal y posteriormente se aprobó la nueva normativa (Real Decreto-Ley 26/2021) que, tratando de salvar dicha inconstitucionalidad, regula actualmente el impuesto. Sin embargo, esta nueva normativa, que ya se aplica a los contribuyentes que transmitieron un terreno a partir del 10 de noviembre de 2021, podría ser también inconstitucional. El problema es que la nueva fórmula de cálculo obvia los gastos de compra y venta del inmueble, y no contempla la posibilidad de actualizar el valor de adquisición conforme al coste de vida, con lo que podría ser también inconstitucional. José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, explica las claves.

Desde el pasado 10 de noviembre de 2021, fecha en que entró en vigor la nueva plusvalía municipal, esta normativa contempla una nueva fórmula de cálculo del impuesto: el método real de cálculo, que es la diferencia entre el precio de venta o traspaso y el precio de compra o adquisición de la vivienda, y el método objetivo, que multiplicará el valor catastral del inmueble con unos nuevos coeficientes que podrán ser modificados anualmente. La regla general de cálculo de este tributo es por defecto el sistema objetivo, por lo que quien quiera tributar por el método real deberá hacerlo constar al presentar la declaración.