Subida de impuestos

El Gobierno de la Comunidad Valenciana subirá el IRPF a los tramos más altos, así como el Impuesto de Patrimonio para fortunas superiores a 1,3 millones de euros, y creará un nuevo tipo del 11% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para compras de inmuebles superiores a un millón de euros. Estos cambios se aplicarán a partir de 2023, pero que no tendrán efecto hasta las declaraciones impositivas de 2024.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que en los próximos días presentarán un paquete de medidas fiscales que acompañarán en 2023 a los Presupuestos Generales del Estado. Esta batería de medidas incluirá el nuevo impuesto a las grandes fortunas, así como otras iniciativas del PSOE y Podemos que aumentarán la presión fiscal sobre las mayores rentas del país: un alza en el IRPF y mayor gravamen sobre los rendimientos del ahorro.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha confirmado en el Congreso que el Gobierno aumentará los impuestos aplicados sobre grandes rentas y patrimonios. Pese a que no ha detallado qué fórmula utilizará, sí ha precisado que será temporal y con vistas a empezar a aplicarla el próximo 1 de enero. Además, ha indicado que, dependiendo de las circunstancias, el gravamen podría prolongarse en el tiempo.

Desde el 1 de enero, el valor de referencia de Catastro es el que determina cuántos tributos hay que pagar por la compra, la herencia o donación de una vivienda usada. Y tal y como alertaban los expertos en fiscalidad, las valoraciones que realiza Hacienda de los inmuebles está subiendo con fuerza, llegando a ser hasta un 70% superiores a los valores de escrituración. Como consecuencia, los contribuyentes están obligados a pagar más impuestos en concepto de ITP o Sucesiones y Donaciones y a presentar rectificaciones si quieren reclamar el dinero pagado de más.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, se han manifestado a favor de una tributación mínima sobre la riqueza, complementaria al Impuesto de la Renta, para reducir la desigualdad y acabar con la competencia fiscal a la baja entre comunidades autónomas, siguiendo las líneas de la OCDE que plantean que una mayor tributación de la riqueza no perjudica al crecimiento. Así, respaldan la propuesta del comité de expertos de que exista un impuesto de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones común en todo el país.

El comité de expertos ya ha entregado a Hacienda el Libro Blanco sobre la reforma del sistema fiscal en España, tras 10 meses de trabajo. El documento incluye cerca de 800 páginas y medidas como establecer unos mínimos en Patrimonio y Sucesiones y Donaciones para garantizar su pago en todas las CCAA, pero el Gobierno descarta aplicar subidas fiscales en el actual contexto económico, en plena recuperación tras la pandemia y con el conflicto bélico de Rusia y Ucrania. Así, aplaza la reforma estructural del sistema a medio plazo.

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), dependiente del Consejo General de Economistas de España, recuerda que en un momento en que la economía tiene que salir de una crisis no conviene aplicar subidas de impuestos y recomienda revisar determinados incentivos, relacionados principalmente con las deducciones. El organismo se inclina por abolir Patrimonio, pese a que el Gobierno quiere que su pago sea obligatorio en todo el país, reformar el Impuesto Transmisiones Patrimoniales y revisar las exenciones del IVA.

El impuesto que grava el patrimonio de las personas físicas y se aplica sobre el valor de sus bienes es un 'rara avis' en la OCDE. Francia ha sido el último país que ha eliminado esta figura y Colombia lo hará este año, cuando expira el tributo que ha creado de forma temporal. España es, junto con Noruega y Suiza, el único país que lo aplica, pese a tener poco efecto recaudatorio. El Gobierno prepara una armonización que garantice su pago, mientras el mundo económico pide su desaparición.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) calcula que en torno al 33% de las sociedades de inversión (sicav) seguirá tributando al 1%, mientras que el 50% de estas, equivalente al 37% del patrimonio total de estas sociedades, serán liquidadas.Así lo ha destacado su presidente, Rodrigo Buena

La inflación va a incrementar la factura fiscal de los contribuyentes en la Campaña de la Renta que arrancará el próximo 6 de abril. Según un estudio publicado por la Fundación Disenso, el sobrecoste que asumirá este año el conjunto de la población en el IRPF ascenderá a 4.110 millones de euros. Las comunidades más afectadas serán las que tienen una renta per cápita más alta, lideradas por Madrid, Cataluña y Baleares, donde cada contribuyente pagará de media 200 euros más en la declaración de la renta del ejercicio fiscal 2021.

El comité de expertos que ha recibido el encargo por parte del Ejecutivo de buscar una fórmula para que el pago de este impuesto sea efectivo en toda España va avanzando en sus conclusiones. Está previsto que a finales de mes se conozca la propuesta y actualmente están trabajando en dos alternativas: establecer una horquilla de tributación o evitar dar una cifra y dejarlo en manos de Hacienda. Lo que sí que proponen los académicos es que se establezca un tipo mínimo para eliminar las ventajas fiscales de algunas regiones.

IRPF, Sociedades, Matriculación, ITP, Sucesiones y Donaciones, cuotas a la Seguridad Socia, planes de pensiones... Son muchos los cambios fiscales que llegan este año por la entrada en vigor de nuevas normativas y los Presupuestos Generales. El despacho de abogados Sanahuja Miranda recuerda que van a afectan tanto a las empresas como a los particulares y los autónomos y repasa en qué consiste cada una de las subidas de impuestos.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el Proyecto de Ley de Defensa de la Autonomía Financiera, una normativa que busca blindar la política económica y fiscal de la región de las decisiones que prepara el Gobierno de España y que, según el Ejecutivo regional, "supondrá una subida de impuestos generalizada a los ciudadanos". El texto debe ser aprobado de forma definitiva en la Asamblea de Madrid.

Este año han crecido con fuerza las herencias de viviendas, como consecuencia del elevado número de fallecimientos durante la pandemia, hasta batir récord con más de 166.000 transacciones hasta octubre. También han tocado máximos las donaciones de inmuebles, debido al efecto psicológico que ha provocado el covid y al endurecimiento de la tributación que entrará en vigor en enero en el marco de la ley de lucha contra el fraude fiscal, con más de 20.000 operaciones. Las permutas de viviendas también repuntan y logran sus mejores registros desde 2015.

Muchas veces los cambios en los impuestos provocan efectos no deseados. Pronto tendremos dos ejemplos de ambos casos: el valor de referencia y la nueva tributación del alquiler que traerá la futura Ley de Vivienda. Según Jaime Navarro, experto en fiscalidad inmobiliaria, el valor de referencia que entra en vigor en enero afectará a las negociaciones inmobiliarias y podría lastrar las tasaciones o las reformas. En el caso de la Ley de Vivienda, el anteproyecto trae una subida de la tributación del alquiler vía IRPF y un castigo en el IBI a los inmuebles vacíos.

En los ocho primeros meses del año se han registrado 16.865 donaciones de viviendas en toda España, la cifra más alta de la serie histórica del INE que arrancó en 2007. Los expertos afirman que la tendencia al alza de estas operaciones empezó a observarse con claridad desde 2018, pero que el gran revulsivo han sido el efecto psicológico que ha provocado la pandemia y el endurecimiento de la tributación que entrará en vigor en 2022, en el marco de la ley de lucha contra el fraude fiscal, con la llegada de nuevos valores a declarar en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Un cambio que impulsará más las donaciones en los próximos meses.

Una de las medidas que el Gobierno propone en el Plan 2050 pasa por revisar ciertos beneficios fiscales, ya a partir de 2030, sobre los rendimientos de las viviendas alquiladas, además de elevar el porcentaje de imputación de renta sobre las viviendas no afectadas por una actividad económica, es decir aquellas casas vacías. Además, pretende elevar la carga fiscal sobre las rentas del capital, sobre todo aquel que se encuentren en las Sicav y carteras de fondos de inversión.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha presentado una estrategia a largo plazo para mejorar la situación económica y social de España. Entre las más de 200 propuestas que incluye el bautizado ‘Plan 2050’ hay varias que proponen cambios en el IRPF, Sociedades, los impuestos al alcohol y al tabaco, Patrimonio y Sucesiones, y a la fiscalidad ambiental. Entre las medidas de recomendación también están la reducción de la jornada laboral a 35 horas, aumentar la tasa de empleo y reducir el paro hasta el 7%.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) alerta del impacto que tendría una subida de impuestos como la que está preparando el Gobierno en el marco de la reforma fiscal, y que podría suponer a largo plazo la pérdida de dos millones de empleos y una caída de la actividad económica cercana al 10%. Cree que es un error el objetivo de armonizar los impuestos entre las diferentes comunidades y defiende los resultados del sistema de Madrid, donde hay una menor presión fiscal y más recaudación por habitante. Es la región española más competitiva en términos fiscales y una de las mejores de toda la OCDE.

El Instituto de Estudios Económicos aplaude algunas de las medidas que ha aprobado el Ejecutivo durante la crisis del coronavirus, como la línea de avales a las empresas y la flexibilización de los ERTE, pero se opone a una posible subida de impuestos. Recuerda que los principales países europeos están aplicando bajadas puntuales y que la fiscalidad en España es tan elevada que apenas aumentaría la recaudación, mientras que tendría un impacto negativo en el crecimiento. En su opinión, la clave está en apoyar a las empresas y en generar confianza.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha repasado en un informe cuáles deben ser las prioridades del nuevo Ejecutivo en materia económica. En su opinión, los esfuerzos deben estar en reducir la deuda pública y el déficit, aprovechando el momento de bajos tipos de interés, y ajustar el gasto público, ya que España es el tercer país de la UE en el que los ingresos públicos cubren menos gastos. También alerta del perjuicio de subir los impuestos para el crecimiento de la economía, el empleo, la inversión y la competitividad.

María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, ha criticado abiertamente en unas jornadas sobre el sector financiero celebradas en Madrid las propuestas y medidas que ha planteado el PSOE en las últimas semanas, sobre todo las relacionadas con el aumento del gasto público y las subidas de impuestos. En concreto, Dancausa teme una deriva de la deuda pública y el impacto negativo que pueda tener una subida impositiva a medio y largo plazo.

El Congreso ha tumbado los Presupuestos de, unas cuentas que prometían miles de millones de inversión y varias subidas de impuestos dirigidas a mejorar la recaudación y ‘financiar’ las medidas sociales. Ahora el Gobierno de Pedro Sánchez deberá prorrogar los Presupuestos que heredó en 2018, por lo que la subida del IRPF a las rentas altas, el fin de las deducciones y bonificaciones a las grandes empresas y la penalización de los beneficios de las socimis que no se distribuyan vía dividendo quedarán en saco roto si no se aprueban vía decreto.

El Gobierno ha confesado que estudia subir el IRPF a las rentas superiores a 150.000 euros. Una medida que afectaría a unas 91.000 personas, que pagarían unos 4.400 euros anuales de más si finalmente se aplica esta subida, según los Técnicos de Hacienda. Cataluña sería la región donde más contribuyentes tendrían que pagar un tipo medio de hasta el 52%.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en el Congreso de los Diputados para explicar las medidas fiscales, laborales y económicas que va a poner en marcha el Ejecutivo hasta el final de la legislatura. Entre ellas destaca la subida de los impuestos que pagan las empresas a través de la eliminación de deducciones, la desaparición de las amnistías, la creación de un estatuto de los becarios y unos nuevos objetivos de déficit para evitar ajustes adicionales.