Tributos

La Dirección General de Tributos (DGT) vuelve a poner en el foco la fiscalidad de las donaciones en una consulta donde aclara cómo debe tributar la transmisión de una renta vitalicia, figura poco habitual pero cada vez más utilizada en la planificación patrimonial familiar. La resolución no solo confirma el impuesto aplicable, sino que también aporta una referencia técnica para calcular su valor, un punto especialmente relevante porque nuestro ordenamiento jurídico no regula expresamente estos supuestos.

La Dirección General de Tributos (DGT) ha puesto negro sobre blanco en una de las dudas más habituales entre propietarios: cuánto dura realmente la reducción del 90% en el IRPF por alquilar una vivienda en una zona tensionada. Y su mensaje es claro: la bonificación no se limita al primer año, pero tampoco está garantizada durante todo el contrato. Para poder aplicarla todos los años es necesaeio que se sigan cumpliendo todos los requisitos que permiten aplicarla, sobre todo aquellas que pueden variar, como la declaración de zona de mercado residencial tensionado, que inicialmente tienen un plazo de tres años prorrogables.

Vender una vivienda heredada no siempre es tan sencillo como parece, y menos cuando el inmueble tuvo el dominio desmembrado, es decir, la nuda propiedad por un lado y el usufructo por otro. La Dirección General de Tributos (DGT) ha puesto orden en esta cuestión a través de una consulta vinculante. Desde el punto de vista fiscal deben diferenciarse dos momentos adquisitivos con régimen fiscal propio. En primer lugar, la parte adquirida por compraventa en 2006 se rige por las normas propias de las transmisiones onerosas, es decir, el precio satisfecho, junto a los gastos y tributos que procedan. La parte del valor de compra correspondiente al usufructo tiene la consideración de adquisición a título lucrativo y se determina conforme a las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

La pregunta es más común de lo que parece y tiene importantes implicaciones fiscales y legales. Muchas familias optan por compartir cuentas bancarias para facilitar la gestión del dinero, pero no siempre son conscientes de que esta decisión puede levantar sospechas ante Hacienda. Aunque añadir a un hijo como cotitular no implica automáticamente una donación, hay circunstancias en las que la Agencia Tributaria podría interpretar lo contrario. En este artículo te explicamos qué dice exactamente la ley, cómo interpreta el caso la Dirección General de Tributos y qué precauciones conviene tomar para evitar conflictos futuros.

Gestionar una empresa inmobiliaria no siempre equivale a desarrollar una actividad económica a ojos de Hacienda. Así lo ha dejado claro la Dirección General de Tributos (DGT) en una resolución donde aclara en qué casos una sociedad dedicada al alquiler o compraventa de inmuebles puede beneficiarse de la exención prevista en el Impuesto sobre el Patrimonio. La clave no solo radica en la actividad declarada, sino en cómo se organiza el negocio.

Muchos contribuyentes se encuentran con la misma duda al vender su casa: ¿puedo acogerme a la exención por reinversión en vivienda habitual aunque ya no viva en ella? La respuesta no es tan obvia como parece, sobre todo cuando antes de la venta se ha firmado un contrato de alquiler. La Agencia Tributaria admite cierta flexibilidad, mientras se cumplan una serie de condiciones. Por ejemplo, la casa vendida debe haber sido la residencia habitual en cualquier momento de los dos años anteriores a la fecha de la escritura de venta, o el plazo de reinversión de dos años se activa con la escritura de compraventa de la vivienda antigua.

Muchos propietarios se preguntan si al cambiar su hipoteca de banco perderán el derecho a deducirla en el IRPF. Una reciente consulta de la Dirección General de Tributos (DGT) aclara que, en determinadas condiciones, es posible mantener este beneficio fiscal incluso cuando se mejora la financiación con una nueva entidad. La respuesta es clara, pero está condicionada: si se siguen determinados pasos y se cumplen los requisitos fijados por la normativa tributaria, cambiar de banco no supone renunciar a la deducción.

Comprar una vivienda es, para muchos, una de las decisiones más importantes de su vida. Pero esta operación no solo implica firmar ante notario. También entra en juego una figura que puede marcar la diferencia: el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). La Dirección General de Tributos (DGT) ha emitido una consulta vinculante que despeja muchas dudas sobre cómo se aplica este impuesto cuando la adquisición se realiza dentro de un matrimonio en régimen de separación de bienes que se plantea adquirir un inmueble, el cual pertenece a dos copropietarios por mitades indivisas.

Renunciar a una herencia puede parecer un gesto generoso o una forma sencilla de evitar trámites, pero cuando esa cesión se hace en favor de un familiar concreto, como un hermano, el panorama fiscal cambia por completo. Lo que en apariencia es una renuncia, Hacienda lo interpreta como una aceptación seguida de una donación que, por supuesto, tiene consecuencias impositivas. El fisco entiende que el heredero primero ha aceptado su parte y, acto seguido, la ha transferido como donación.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha pronunciado sobre un caso que pone de relieve una cuestión que afecta a muchas herencias en España: la tributación del ajuar doméstico en el Impuesto sobre Sucesiones. La sentencia respalda que los muebles tributen en este impuesto ya que el mobiliario estaba mencionado de forma explícita en el testamento. Es decir, el ajuar no se trató como un valor genérico añadido, sino como un componente específico del legado y, por tanto, debía formar parte de la base imponible del impuesto.

La normativa española señala que es competencia de los ayuntamientos la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, como el IBI, la plusvalía municipal o el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). El problema viene cuando dichas competencias no se llevan a cabo por el personal funcionario del consistorio, sino por empresas privadas o públicas que contrata el propio ayuntamiento. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala que se trata de una práctica perseguida por los Tribunales y que podría suponer la anulación de actos tributarios que finalmente se notifiquen a los contribuyentes.

Una de las mayores preocupaciones de los contribuyentes es hasta qué punto deben mantener la documentación relacionada con los impuestos y hasta cuándo la Administración Tributaria puede exigirlos. No importa cuánto tiempo haya pasado desde una transacción o contrato porque… aún podrías ser requerido para presentar esa información. El socio director de Salcedo Tax Litigation, José María Salcedo, da las claves para estar en paz con el fisco.

Si tras un proceso judicial has conseguido la devolución de las cantidades anticipadas a la promotora, ahora debes tener en cuenta si este dinero debe tributar como ganancia patrimonial. Félix López-Dávila Agüeros, director de Sepín Derecho Inmobiliario, resuelve las dudas sobre si hay que pagar a Hacienda por estas cuantías, además de por los intereses correspondientes o las costas del juicio.

Desde que el pasado 26 de octubre de 2021 se diera a conocer la sentencia del Tribunal Constitucional, por la que se declaraba nula la fórmula de cálculo del impuesto de plusvalía municipal, se han escrito ríos de tinta, sobre desde cuándo se debían de aplicar los efectos de dicha sentencia. Carmen Giménez, abogada titular de G&G Abogados, señala que es una confusa resolución tanto en su contenido, como en el momento de la aplicación de sus efectos: si cuando se dio a conocer, o cuando se publicó en el BOE. Ahora, la Dirección General de Tributos considera que la fecha de los efectos de la famosa sentencia es el 26 de octubre.

Para 2023, a más tardar, llegará una batería de subidas fiscales al gasóleo, gas, matriculación y circulación, es decir, impuestos para preservar el planeta, tal y como lo ha advertido el Ministerio de Hacienda. Se trata de tributos que buscan gravar las emisiones de gases invernadero y reducir las emisiones de CO2. Por eso, el Gobierno quiere subir la fiscalidad del diésel para equipararlo a la gasolina y modificará los impuestos de matriculación y circulación al alza.

Pablo Sprazzato, fiscalista en el despacho Ventura Garcés, señala que con motivo de la actual pandemia del covid-19 uno de los lastres legislativos vigente es el de los plazos de prescripción tributaria que es de cuatro años. Esto genera una inmensa carga de custodia y archivo de toda la documentación con trascendencia fiscal, por lo que el experto aboga por reducir este plazo a tres años.

El Real Decreto de medidas urgentes extraordinarias para afrontar el impacto económico y social del coronavirus regula los efectos de la suspensión de plazos en el ámbito de los impuestos, pero hay algunas “trampas” para los contribuyentes ya que, entre otras cosas, no habrá suspensión del plazo para presentar las declaraciones de impuestos. Las analizamos de la mano de José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico.

El Gobierno Central no es el único que crea y gestiona impuestos en España. Las comunidades autónomas son también organismos autorizados para entrar en materia de fiscalidad. En este sentido, las CC.AA.

Reino Unido quiere rebajar cinco puntos el Impuesto de Sociedades, hasta dejarlo en el 15%, para intentar frenar la huida de empresas a otros países tras el Brexit. ¿Se trata de un nivel atractivo? La respuesta depende de con qué país lo comparemos. En Bermudas o Bahrein, por ejemplo, esta figura impositiva se sitúa en el 0%, mientras que en Irlanda o Bulgaria es inferior al 12,5% y en Francia, Bélgica, Italia, EEUU o Japón supera el 30%. En España se sitúa en el 25% y en Alemania, en el 29%.