zonas tensionadas de alquiler

El Parlament ha aprobado el decreto ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de contención de rentas, que establece un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de la contención de las rentas de alquiler, con el apoyo de PSC, ERC, Comuns y CUP y los votos en contra de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana (AC), y no se tramitará como proyecto de ley. La normativa contempla multas de hasta 900.000 euros para infracciones muy graves por incumplir el tope de rentas en zonas tensionadas o fraude en alquiler de temporada.

Es indudable que en España existe un problema con el acceso a la vivienda y que la solución a ello requiere de la adopción urgente de medidas, pero no hay consenso político sobre las medidas a adoptar. Una de las medidas adoptadas por el Gobierno ha sido intervenir en los precios del mercado del alquiler. La abogada en derecho inmobiliario Lourdes Barriuso hace un repaso de las CCAA que se han declarado zonas tensionadas, como son Cataluña y País Vasco. Y recuerda que los inversores lo siguen muy de cerca a la hora de desarrollar proyectos de vivienda en alquiler permanente o a media y corta estancia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que la Ley de Vivienda funciona y ha rechazado el boicot que hacen algunas administraciones tras una visita a una promoción de 40 viviendas sociales en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. "Hago un nuevo llamamiento a todos los gobiernos regionales para que apliquen la Ley de Vivienda de una vez por todas", ha enfatizado. Asimismo, ha dicho que Cataluña es el mejor ejemplo de que la Ley de Vivienda funciona, ya que según afirma se están conteniendo los precios de los alquileres en las poblaciones que se han declarado como zona tensionada.

El municipio guipuzcoano de Rentería ha entrado oficialmente en el listado de municipios declarados como zona de mercado residencial tensionado, tal y como recoge la Ley de Vivienda, en vigor desde mayo de 2023. La localidad vasca, con una oferta realmente escasa de viviendas de alquiler en la actualidad, se une a los 271 municipios catalanes en los que ya se limitan las subidas de los precios de la vivienda desde mediados de 2024. Otras localidades, como Zumaia, Galdakao y Lasarte-Oria podrían sumarse en breve, mientras pasan los trámites oportunos, al igual que las tres capitales vascas.

El Govern del PSC de Salvador Illa y los Comuns han cerrado un acuerdo sobre el régimen sancionador de la Ley de Vivienda catalana de 2007, que contemplará multas de hasta 900.000 euros para infracciones muy graves. El texto se aprobará en el Consell Executiu y entrará en vigor el miércoles pero tendrá que refrendarlo el Parlament en 30 días, donde necesitan a ERC. Se considerarán infracciones muy graves poner un precio de alquiler superior al 30% de lo que marca el Índice de Precios de Referencia, no hacer constar la finalidad del contrato en los alquileres de temporada, por lo que sería fraudulento, así como cargar los gastos de gestión al inquilino.

El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que propone impulsar un plan europeo de vivienda asequible y el reconocimiento de zonas tensionadas en los estados de la UE. El Grupo Socialista esgrime que en los últimos años se observa un importante encarecimiento del precio de la vivienda en diferentes ciudades europeas. Por ello, plantea el reconocimiento de la emergencia habitacional que se sufre en diferentes zonas de los Estados miembros, que incluya aplicar medidas y recursos suficientes para permitir el acceso a una vivienda.

La reforma fiscal vasca planteada por las tres diputaciones forales prevé aumentar el tipo para las rentas superiores a los 240.000 euros entre otras medidas. En materia de vivienda, aumenta la bonificación general a los arrendadores al 30%, que será del 50% en zonas declaradas como tensionadas, que ya tramita el Gobierno vasco para las capitales de provincia y otros municipios. En ayudas a la compra de viviendas, estarán exentas las donaciones de menos de 30.000 euros de familiares para ayudar a comprar vivienda a los jóvenes.

A punto de cumplirse año y medio de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, Cataluña es la única autonomía que ha impuesto la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en 271 municipios en los que se aplican limitaciones a las subidas de los precios de los alquileres. Ahora, País Vasco y Navarra han anunciado que inician los trámites con el Gobierno Central para declarar zonas tensionadas en sus capitales de provincia y varios otros municipios.

El Partido Socialista ha publicado los objetivos y metas que presentará en el 41º Congreso Federal del PSOE que se celebrará a finales del noviembre. En materia de vivienda se desgrana alcanzar para 2030 un parque público de vivienda que supere el 6% del total, rehabilitar 1,5 millones de viviendas antes de que termine la década y eliminar todas las viviendas turísticas ilegales. Además de impulsar la actual Ley de Vivienda, dando potestad a los ayuntamientos para declarar zonas residenciales tensionadas. En materia fiscal, quiere impulsar un impuesto progresivo a partir de la tercera vivienda, desgravaciones por rehabilitar o sacar vivienda vacía al mercado de alquiler.

La Junta de Gobierno Local de San Sebastián ha aprobado solicitar al Gobierno vasco que la ciudad sea declarada en su totalidad zona de mercado residencial tensionado. El alcalde, Eneko Goia, ha destacado que se trata de un "instrumento valido", pero ha advertido de que "un problema tan complejo como el de la vivienda difícilmente se soluciona con una ley" y ha pedido que no se crea que "esto es la panacea" para resolverlo. Según el regidor municipal, el coste del alquiler, más los gastos y suministros básicos, suponen de media un 31,6% de los ingresos de los hogares de San Sebastián.

El Gobierno de Navarra ya ha confirmado que quiere declarar zonas tensionadas del mercado de vivienda a un total de 21 municipios, que aglutinan al 68,3% de la población total de la región, entre los que se encuentran Pamplona, Egüés, Burlada, Barañáin, Tudela, Zizur Mayor, Estella, Ansoain, Aranguren, Berriozar y Tafalla. Los planes del Ejecutivo autonómico pasan por iniciar los trámites administrativos en enero de 2025 y poner en marcha medidas más allá de limitar los precios del alquiler, como incentivos fiscales.

El pleno del Parlamento navarro ha dado luz verde para que el Gobierno regional inicie el proceso para declarar "cuáles son las zonas tensionadas" en el mercado de la vivienda. Según ha afirmado María Chivite, presidenta de Navarra, el objetivo es que el trámite se inicie antes de final de año y ha afirmado que "es un proceso que lleva todo un trámite de participación, de información y de trabajo conjunto". La presidenta autonómica ha insistido en que con este proceso permitirá "actuar sobre la contención en el incremento de los precios, bien sea de alquiler o de venta".

El Gobierno autonómico de Asturias ya trabaja en la declaración de zona de mercado residencial tensionado en Gijón, tras la petición realizada por el Ayuntamiento de la ciudad más grande del Principado, según ha confirmado en sede parlamentaria el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico. Por otro lado, la alcaldesa de A Coruña ha afirmado que el Consistorio presentará a la Xunta de Galicia la declaración para solicitar las medidas para controlar los precios de los alquileres en la ciudad herculina.

El concejal de Urbanismo, Borja Rodríguez, ha asegurado que el Gobierno municipal tiene el compromiso de solicitar al Gobierno Vasco la declaración de zona tensionada "más allá de las fechas", establecidas por el Pleno municipal que aprobó gestionar la solicitud antes de finalizar este año 2024. Según Rodríguez, "los cinco distritos de la ciudad cumplen para ser declarados como zona tensionadas", todos menos la zona rural del municipio. El Ejecutivo regional ya ha declarado zona tensionada a Rentería (Guipúzcoa) y estudia también los casos de San Sebastián, Bilbao y Vitoria, así como de otras localidades como Irún o Zumaya.

Cataluña contará a partir del 9 de octubre con un total de 271 municipios en los que se limitará el precio de los alquileres. Otras 131 localidades se suman a las 140 poblaciones que ya se declararon como zona tensionada en Cataluña desde el pasado mes de marzo, con la publicación del listado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Más del 90% de la población en Cataluña se encontrará en zonas de mercado residencial tensionado, una medida de control de precios que permite la Ley de Vivienda a las CCAA.

El Govern ha asegurado que el precio de los alquileres en las zonas con un mercado residencial tensionado "se contiene" tras la entrada en vigor de la regulación de los arrendamientos, ha informado en un comunicado tras el Consell Executiu. Los datos del primer trimestre entero de vigencia del decreto han sido aportados por la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y muestran que "se ha frenado la evolución de los precios del alquiler en los 140 municipios donde está vigente".

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha indicado que es "un poco pronto" para tener "datos duros" o "evidencia suficiente" para ver el efecto del tope a los precios del alquiler en zonas tensionadas, que ya se está aplicando en algunas poblaciones de Cataluña. País Vasco ha sido la siguiente autonomía en empezar a declarar mercados residenciales tensionados. El ministro se adhiere a las declaraciones del gobernador del Banco de España, que afirmó que no le constaba que topar el alquiler impactara positivamente en el precio de las rentas, y cuestiona las afirmaciones de la consejera de Vivienda Cataluña, Sílvia Paneque, que avanzó que los precios en dichas zonas ya había bajado entre un 3% y un 5%.

El consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha adelantado que su Ejecutivo prevé declarar "zona tensionada" en materia de vivienda a lo largo de estos meses a las tres capitales de provincia del País Vasco, San Sebastián, Bilbao y Vitoria, así como Galdácano (Vizcaya) e Irún, Zumaya y Lasarte-Oria (Guipúzcoa). Vitoria y Bilbao ya han trasladado su intención y están trabajando en los expedientes, según el consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, mientras se espera que San Sebastián e Irún acuerden en breve solicitar la declaración de zona tensionada que permite la Ley de Vivienda.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha afirmado en declaraciones a Onda Cero que "no le consta que exista una prueba empírica que demuestre que topar los precios del alquiler en zonas tensionadas tenga un impacto positivo sobre los precios del alquiler". Escrivá ha afirmado que, al ser un tema que preocupa económica y socialmente, el Banco de España tiene varios proyectos de investigación en marcha sobre este asunto. "De lo que sí hay evidencia es que faltan viviendas. Hay una insuficiencia de viviendas para el número de hogares que se están creando, hay un desajuste entre oferta y demanda", ha subrayado el gobernador.

La localidad guipuzcoana de Rentería se ha convertido en el primer municipio del País Vasco en ser declarado "zona de mercado tensionado" que permite la Ley de Vivienda. Pero lo más paradójico es que actualmente hay cero viviendas en alquiler en este municipio. Se va a aplicar un control de precios a un mercado inexistente. Un estudio del Observatorio Vasco de la Vivienda afirmaba que 41 localidades de la región cumplían con los requisitos para aplicar medidas como topar los precios de los nuevos contratos, prorrogar los actuales alquileres o establecer mayores controles a los grandes tenedores. Sin embargo, actualmente no hay en Rentería viviendas en alquiler anunciadas en idealista. El Ejecutivo vasco afirma que ha iniciado los procesos para declarar zonas tensionadas también a Zumaia, Galdakao y Lasarte-Oria.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular (PP), Paloma Martín, ha calificado las declaraciones de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, sobre retirar fondos estatales a las comunidades que no apliquen la Ley de Vivienda de "irresponsables y populistas y ha pedido a la titular de Vivienda una rectificación inmediata". Para Martín, las CCAA (salvo Cataluña) no han aplicado el Índice de Precios de los Alquileres ni han declarado las zonas de mercado residencial tensionado porque "conocen la realidad y saben que intervenir el mercado agravaría la situación de la vivienda en España".

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Paloma Martín, ha cerrado la ronda de reuniones con interlocutores del sector inmobiliario, las comunidades y los municipios para concretar la alternativa del PP a la actual de Ley de Vivienda. El partido, con mayoría absoluta en el Senado, presentará el próximo mes de septiembre en la Cámara Alta su Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda, con medidas destinadas a incrementar la oferta, a incentivar la construcción y rehabilitación de viviendas, acabar con las zonas de mercado tensionado, con el índice de precios de los alquileres y terminar con la inquiokupación".

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de Galicia, María Martínez Allegue (PP), ha manifestado que la Xunta declarará zona de mercado residencial tensionado "si algún ayuntamiento lo solicita y se cumplen los parámetros". La consejera de Vivienda ha destacado que "no estamos de acuerdo con la Ley de Vivienda estatal porque más que beneficiar, perjudica y genera inseguridad jurídica en el propietario, pero la normativa está para cumplirla y si algún Ayuntamiento lo solicita y se cumplen los parámetros tendremos que declararla zona tensionada".

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicado la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en 131 municipios de la autonomía para que se aplique el control a los alquileres. La Generalitat ha enviado esta declaración al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) para su visto bueno y que pueda entrar en vigor cuanto antes. Una vez que se publique en el BOE, la contención de las rentas se aplicará en un total de 271 municipios de Cataluña, donde viven más de 7 millones de personas, el 90% de la población total en la región.

La vivienda ha sido uno de los puntos más destacados de la política nacional desde que Pedro Sánchez empezara a gobernar en 2018. En estos seis años se han aplicado cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), ha llegado la primera Ley de Vivienda estatal o el bono de alquiler joven. Además, con la llegada de la pandemia y la guerra en Ucrania se suspendieron los desahucios o se topó la subida de las rentas, mientras ahora se pretende eliminar la ‘golden visa’ y avalar la compra de la primera vivienda a jóvenes y familias. Todo este intervencionismo ha disparado la inseguridad en el mercado residencial, con una ‘espantada’ de la oferta y precios cada vez más altos ante una demanda que sigue buscando casa.