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Las cuentas claras: éste ha sido el impacto real de los rescates bancarios en los países de la UE

Los problemas que ha sufrido el sector financiero de la Unión Europea desde que estalló la crisis ha tenido un impacto multimillonario en las cuentas de la región. Según los datos de la Comisión Europea que ha recopilado el Banco de España, los países miembros han puesto a disposición de los bancos más de 4 billones de euros públicos, lo que se traduce en un 27% del PIB comunitario. Esa cifra comprende las ayudas que se han ido aprobando hasta 2015 e incluye medidas de todo tipo.

“El apoyo se ha instrumentado a través de una amplia tipología de medidas, incluyendo algunas de apoyo a la liquidez, avales sobre pasivos, inyecciones de capital y ayudas para el tratamiento de los activos deteriorados, desde mecanismo de aislamiento hasta la creación de vehículos para transferir dichos activos”, sostiene el regulador financiero en su último informe.

En concreto, esos 4 billones de ayudas aprobadas se corresponden con 820.000 millones de euros en recapitalizaciones, 604.000 millones en el caso de ayudas para activos dañados y 3,31 billones de euros en forma de garantías, a los que hay que sumar otras medidas valoradas en 230.000 millones. Sin embargo, no todo ese dinero fue utilizado: según los datos oficiales, el rescate de la banca en Europa ha costado 1,97 billones de euros, un 13% del PIB.

A esta cifra, ya de por sí escandalosa, se deben sumar los efectos indirectos de la crisis sobre las cuentas públicas vía caída de los Ingresos impositivos, el aumento de gastos asociados a la recesión económica y la pérdida de valor de los activos. Unos factores que no tiene en cuenta el informe publicado por el Banco de España.

Si nos centramos en el impacto que sí se puede cuantificar descubrimos que España no es el país que se ha gastado más dinero en sacar del apuro al sector financiero, ni en términos absolutos ni tampoco en relativos sobre PIB. El número uno es Irlanda.

Los datos que recoge el informe cifran en 186.100 millones de euros las diferentes ayudas que han recibido los bancos españoles (más de la mitad proceden de inyecciones de capital y de ayudas para digerir activos dañados) entre 2008 y 2015, una cantidad que representa un 17,3% del PIB doméstico en ese último ejercicio.

En términos absolutos el peor país del ranking es Irlanda, que ha tenido que inyectar más de 350.000 millones de euros a su banca desde que estalló la crisis. El segundo país que más dinero y avales ha aportado ha sido Reino Unido, con 332.000 millones de euros. Alemania es el tercero de la lista, con casi 284.000 millones de euros, seguido de España. Dinamarca, Grecia y Francia también han puesto sobre la mesa más de 100.000 millones de euros.

Si la comparativa es en términos relativos, hay más países que adelantan a España. La economía celta vuelve a ser la peor parada: es la única de la UE donde las ayudas al sector financiero han superado el 100% de su PIB (han alcanzado el 137%). El siguiente país de la lista es Grecia, donde la asistencia bancaria ha supuesto dos tercios de su economía (un 65,9%), seguido de Dinamarca (58,2%), Chipre (35,8%), Bélgica (21,8%) y Portugal (21,6%). El séptimo país es España, con ese 17,3%. En Países Bajos, Reino Unido y Luxemburgo, el peso de las ayudas financieras sobre el PIB también supera el 10%, mientras que, en Alemania, el tercero que ha puesto sobre la mesa más millones, se ha quedado en un 9,4%. 

Los países más endeudados

El informe también sostiene que no todas las ayudas que ha recibido la banca suponen un desembolso de dinero público (por ejemplo, muchas son garantías), lo que significa que no siempre han supuesto un impacto para el bolsillo de los contribuyentes. Pero, ¿en qué casos sí?

Una de las fórmulas que pueden usarse para medir el coste fiscal de los rescates es el efecto directo sobre el saldo de deuda pública, y aquí volvemos a ver un ranking. “Los países en los que más ha crecido el endeudamiento público en términos absolutos como consecuencia de la asistencia al sector financiero son Alemania (225.000 millones de euros), Reino Unido (131.000), Irlanda (58.000), España (52.000), Grecia (45.000), Austria (37.000) y Países Bajos (30.000). Ponderando por el tamaño de la economía, los países que han experimentado un mayor incremento de su endeudamiento son Grecia (26% del PIB), Irlanda (23%), Chipre (21%) y Eslovenia (17%)”, señala el informe. En España, la cifra se sitúa en un 4,8%.

En el caso de la deuda en términos netos (pasivos menos activos), la cosa cambia: los países más endeudados por las ayudas al sector financiero son Irlanda (50.000 millones), España (46.000), Alemania (39.000), Grecia (35.000), Reino Unido (20.000) y Portugal (11.000). En términos de deuda sobre PIB, Irlanda, Grecia y Chipre son los países con mayor impacto en la deuda neta (en torno al 20% del PIB), seguidos de Eslovenia y Portugal (6%‑8%). En España, el efecto sobre el endeudamiento neto sería de un 4,2% del PIB a finales de 2015, frente al 1,5% registrado de media en la UE.

Con todo, el Banco de España insiste en que esta batería de cifras no son los costes definitivos, ya que todavía no han culminado los procesos de reestructuración y resolución, ni se ha retirado completamente la participación del Estado en la banca (en España, por ejemplo, controla participaciones en entidades como Bankia y BMN, que están inmersas en un proceso de fusión). “Los efectos finales sobre las finanzas públicas no quedarán completamente identificados hasta que culminen los procesos de reestructuración y resolución pendientes y se produzca una retirada completa de la exposición del sector público al financiero”, aclara el regulador.

Cómo se fraguó el rescate

El informe no solo analiza el coste de los rescates bancarios por países, sino que también recuerda las razones que han llevado a Europa a ayudar al sector y las decisiones que ha tenido que tomar la UE para poder hacerlo sin saltarse la ley,

“La normativa europea en materia de competencia establece un principio general contrario a las ayudas de Estado, en la medida en que estas proporcionan ventajas competitivas a determinadas regiones, sectores, empresas o productos y, por tanto, distorsionan la competencia dentro del mercado único. No obstante, establece algunos casos excepcionales en los que las ayudas estatales están admitidas. En particular, la referida a las ayudas para fomentar un proyecto de interés común europeo o destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro, que es la que ha dado fundamento jurídico a las ayudas recibidas por el sector financiero a lo largo de estos años”, explica el Banco de España.

Consciente de que las leyes comunitarias le permitían actuar, la Comisión Europea se vio forzada a autorizar desde los primeros estadios de la crisis financiera global varios casos puntuales de ayuda estatal a entidades financieras. Pero el agravamiento general de las tensiones que produjo la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers (septiembre de 2008) obligó a la Comisión a formalizar un marco específico. Un marco “adaptado a las nuevas circunstancias que posibilitara la acción urgente y flexible de los Gobiernos y permitiera una aprobación ágil de las respectivas propuestas de actuación”, añade el informe.

Bajo ese paraguas, los Gobiernos de casi toda Europa pusieron en marcha diferentes actuaciones para intentar evitar el efecto contagio y el noqueo del sector bancario. Con el fin de garantizar la estabilidad financiera y macroeconómica, entre septiembre de 2008 y diciembre de 2010, la Comisión autorizó ayudas de las que fueron beneficiarias 215 instituciones, con un importe global asignado disponible de 4,3 billones de euros.

“Enfrentados ante una grave crisis de confianza provocada por el desconocimiento del volumen y la distribución de las pérdidas que podían aflorar en el activo de los bancos, resultaba complicado distinguir entidades solventes de entidades con problemas estructurales graves, lo que introducía el riesgo de otorgar apoyo a bancos con viabilidad dudosa, protegiendo así en exceso los intereses de los acreedores”, reconoce el regulador.

Una vez pasados los momentos más críticos de la crisis financiera global y de la crisis de deuda soberana que azotó la eurozona (con los rescates de Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre, las dudas sobre la solvencia de Italia y España e incluso sobre la supervivencia del euro), la Comisión decidió alargar el marco de las ayudas al creer que una retirada prematura podría volver a desatar tensiones e incertidumbres. Tanto es así que "transcurrida casi una década desde el inicio de la crisis, algunos países aún se encuentran inmersos en procesos de reestructuración de sus sistemas bancarios, afectados por un volumen elevado de activos deteriorados, cuya resolución se ve complicada por el contexto actual de débil recuperación económica", concluye el Banco de España.