El Consejo de Política Fiscal aprueba la quita de deuda de 83.252 millones entre críticas y sin las CCAA del PP

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado la propuesta del Gobierno de condonar 83.252 millones de euros de deuda de comunidades autónomas del régimen común, pese a que los consejeros del Partido Popular abandonaron la reunión poco después de empezar.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Política Fiscal, la titular de Hacienda ha cargado contra la "deslealtad inédita" de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. "Una falta total de sentido de Estado y de la responsabilidad que tiene cada consejero, cada consejera, cada cargo público", ha lamentado la ministra.

Montero considera que este Consejo de Política Fiscal y Financiera ha sido "histórico" ya que "nunca" se había debatido una propuesta "tan trascendente, tan generosa, tan valiente, para la finalidad del Consejo".

Por eso, cree que este día "va a perseguir durante mucho tiempo al Partido Popular y va a quedar marcada esta fecha en la que se puso de manifiesto la total falta de sentido de Estado del PP".

La ministra ha explicado que esta aprobación es un primer paso necesario para poder seguir avanzando en esta medida, "que es inédita y que va a beneficiar a todas las comunidades autónomas y a todos sus ciudadanos".

La aprobación de esta propuesta solo necesitaba el voto de una sola comunidad autónoma, pese al rechazo de las regiones del PP, ya que el Ministerio de Hacienda cuenta con la mitad de los votos en este foro multilateral. Castilla-La Mancha, Asturias y Cataluña han avalado la medida planteada por el Ejecutivo.

Tiene que materializarse en una ley orgánica

Eso sí, el planteamiento de condonación de la deuda se tendrá que materializar posteriormente a través de una ley orgánica, que se someterá a la votación del Congreso y el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta y podría dilatar la tramitación. La ley orgánica supone que el Gobierno necesita la mayoría absoluta de las Cortes.

María Jesús Montero ya ha dicho que espera tener aprobada antes de que finalice el año esta ley orgánica, aunque el primer paso ahora será las reuniones bilaterales con las comunidades autónomas.

Esto implica que, en paralelo, el Gobierno empiece a hablar con los grupos políticos para que este proyecto de ley se pueda aprobar, teniendo en cuenta que el PP "va seguir en esta actitud infantil, y de irresponsable, del no a todo", ha augurado la ministra.

Una pésima idea, según Fedea

El director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el economista Ángel de la Fuente, ha valorado "muy negativamente" la propuesta del Gobierno central para asumir hasta 80.000 millones de la deuda de las comunidades, advirtiendo de que este planteamiento "favorece" a Cataluña y perjudica a las regiones infrafinanciadas como Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

Según el economista, la iniciativa ha de ser valorada muy negativamente por dos razones fundamentales que tienen que ver con su "previsible impacto negativo sobre los incentivos de las CCAA para mantener una mínima disciplina fiscal y con el muy discutible reparto territorial de las ayudas. Es también dudoso que separar la cuestión de la deuda de la negociación sobre la reforma del sistema de financiación sea una buena estrategia negociador". 

En su opinión, la condonación incondicionada de deuda "es una pésima idea porque agravará los serios problemas de incentivos que ya sufre el sistema de financiación autonómica de régimen común. A la vista de la experiencia previa, cualquier quita no sujeta a condiciones estrictas de ajuste tenderá a confirmar la percepción que ya tienen las CCAA de que pueden gastar sistemáticamente más de lo que ingresan porque al final el Estado las rescatará de una forma u otra sin coste alguno para ellas y constituye, por tanto, una invitación a la indisciplina fiscal. Pero es que, además, la justificación de la presente propuesta como compensación a posteriori de los efectos adversos de un shock financiero la convierte en un seguro gratuito contra el riesgo cíclico a la baja que eliminará cualquier tentación que pudieran tener las comunidades de ahorrar algo para los malos tiempos e incrementará también el gasto del Estado".

Según el director de Fedea, "la distribución de las quitas entre comunidades que se pretende establecer es muy cuestionable con criterios tanto de equidad como de eficiencia", y añade que "la condonación de deuda autonómica podría tener sentido (al menos en ausencia de serios problemas de riesgo moral) si se utilizase para corregir inequidades pasadas, compensando la infrafinanciación acumulada a lo largo del tiempo por determinados territorios. Desde esta perspectiva, el criterio lógico a la hora de repartir estas ayudas sería la infrafinanciación (relativa a la media por habitante ajustado) que se ha acumulado al menos durante la vigencia del actual modelo de financiación".

Por otro lado, incide De la Fuente, "si compramos la lógica del Gobierno y entendemos las quitas como una compensación a posteriori por un insuficiente aislamiento de las administraciones regionales ante un shock cíclico que afectó a todas ellas de una forma similar, reduciendo los recursos disponibles para hacer frente a sus necesidades, la forma seguramente más razonable de repartir las ayudas sería en proporción a la población ajustada. Cualquier intento de afinar el cálculo utilizando la acumulación observada de deuda en cada territorio como indicador de reparto plantearía serios riesgos de introducir penalizaciones a la buena gestión".

Sin embargo, alerta el economista, el reparto propuesto tiene en cuenta los dos criterios indicados en el párrafo anterior, pero de una forma peculiar en el caso de la infrafinanciación, puesto que la prima por este concepto no refleja necesariamente la magnitud del problema, esto es la infrafinanciación acumulada que sufre cada comunidad. Por otra parte, en el reparto se introducen también otras correcciones que favorecen a las regiones más endeudadas, primando así la irresponsabilidad fiscal, y a las que han usado su capacidad normativa para subir el IRPF, violando la neutralidad exigible al Gobierno central ante el ejercicio por parte de las comunidades autónomas de su autonomía de ingreso".

Fedea

Tras analizar los números y su propuesta, el director de Fedea concluye que "la propuesta del Gobierno favorece especialmente a Cataluña, que recibe un 87% más y perjudica claramente a Valencia, Murcia y Andalucía, que reciben entre un 15 y un 40% menos que bajo la segunda propuesta alternativa. Dadas las importantes carencias de la propuesta, convendría seguramente tomarnos un tiempo adicional para mejorar su diseño y tratar de llegar a un consenso amplio".

La condonación debe llevar condicionalidad, según la AIReF

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) también se ha lanzado a criticar esta iniciativa. En un comunicado, sostiene que la condonación "no resulta suficiente para acabar con la permanente interinidad de los mecanismos que nacieron como extraordinarios" tras la crisis de 2008, cuando las CCAA no podían acceder a los mercados financieros, pero que "se convirtieron en permanentes".

Según el organismo, "la interinidad permanente de los mecanismos adicionales de financiación y del sistema de financiación autonómico dificultan la planificación de medio plazo necesaria para la sostenibilidad de las finanzas públicas. La AIReF siempre ha señalado que afrontar los mecanismos extraordinarios de financiación tenía que ir de la mano de la reforma del sistema de financiación autonómico y de la garantía de cumplimiento de las reglas fiscales".

Además, subraya que "una operación de condonación de deuda debe llevar aparejada una condicionalidad fiscal por un doble motivo: por los problemas de azar moral que rodean a este tipo de operaciones y por la necesidad de reforzar las garantías de cumplimiento de las reglas fiscales". En su opinión, "no tiene sentido hacer una condonación de deuda si no se garantiza que no se va a seguir acumulando deuda a futuro por encima de lo que permiten las reglas fiscales".

El Consejo de Economistas pide una negociación "tranquila" con las CCAA

El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich Rosell, ha señlado que el sistema de las quitas o la mutualización de la deuda autonómica es una negociación política que tiene un aspecto positivo "porque lo que haces es quitar tensión cuando los tipos de interés suban, pero por otro lado, hay que ver que no introduce elementos que desincentiven una gestión eficiente de los Presupuestos".

Por ello, ha instado a "hacerlo con normalidad". "Yo estaba convencido que una parte de estas deudas autonómicas no se iban a pagar nunca, y yo creo que lo teníamos que hacer en conversación tranquila, sabiendo que puede haber inconvenientes, pero hacerlo con todas las autonomías para que se sientan correspondidas, incentivando que, a partir de ahora, tienen que hacer el uso más eficiente posible" de los recursos.

"Yo parto de la siguiente realidad, el ciudadano es uno y nos hemos organizado con unas administraciones, pero al final se trata de prestar unos servicios a la ciudadanía y por lo tanto no me gusta entrar en batallitas entre administraciones, pero teniendo en cuenta que el sistema de financiación que tenemos a las autonomías es muy complejo y no acaba de funcionar, pero es que es muy difícil de solucionar".

S&P alerta del "riesgo moral" de la quita de deuda

La agencia de calificación S&P Global Ratings ha advertido de que, sin una reforma estructural del sistema de financiación regional, la absorción de la deuda autonómica por parte del Estado "sólo mejoraría temporalmente la situación de las regiones, pero no evitaría nuevos déficits".

"Esta medida sólo aborda las consecuencias de anteriores desequilibrios presupuestarios. Sin una reforma estructural del sistema de financiación regional, la absorción de la deuda sólo puede mejorar temporalmente la situación de las regiones, pero no evitaría nuevos déficits", ha alertado la agencia en un informe publicado este miércoles.

Además, S&P ha alertado de que esta medida también puede generar "riesgo moral" al disminuir los incentivos para que las comunidades pongan freno al crecimiento de la deuda, en previsión de posibles medidas similares en el futuro.

En caso de que se aplique la condonación, S&P ve "probable" que evalúe su impacto como "neutro o positivo" en las calificaciones crediticias de las comunidades que la acepten, aunque esto será función de las circunstancias individuales de cada región.

Por otro lado, la agencia ha trasladado sus dudas sobre el calendario final de la aprobación de la medida en el Parlamento, así como sobre la fórmula elegida para asignar los recursos otorga un fuerte peso a la población, pero también tiene en cuenta otras variables como el esfuerzo fiscal o los niveles de financiación en comparación con la media de las regiones del régimen común.

En opinión de la agencia, la intensidad del apoyo no se correlaciona directamente con los niveles relativos de financiación en el contexto del sistema de financiación de las regiones del régimen común.