España es el segundo país de la UE que más ha subido los impuestos a las empresas en una década

España es uno de los protagonistas indiscutibles del último informe que han publicado el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la Tax Foundation. El documento, bautizado como Competitividad fiscal empresarial 2025, pone sobre la mesa la excesiva tributación a la que están sometidas las empresas domésticas, la tendencia al alza de la presión fiscal y el impacto que tiene todo ello en la inversión o el empleo. 

Uns de las críticas más destacadas del informe es que somos el segundo país europeo que más ha subido los impuestos al tejido productivo en los últimos 10 años. Entre 2013 y 2023 (último año comparable para todos los países), la presión fiscal empresarial acumulada en España ha aumentado en 2,3 puntos porcentuales del PIB, tan solo por detrás de los Países Bajos (2,9%) y muy lejos de la variación acumulada por el conjunto de países de la UE en el mismo periodo (0,4%), ampliando la brecha ya existente. 

"España presenta una estructura fiscal que impone una de las mayores cargas impositivas sobre el tejido empresarial entre los países desarrollados. Este hecho tiene implicaciones profundas no solo desde el punto de vista recaudatorio, sino también en términos de eficiencia económica, competitividad e inversión. En un contexto internacional marcado por la competencia fiscal entre jurisdicciones por atraer capital, talento y actividad productiva, la elevada contribución empresarial al sostenimiento del sistema tributario español constituye una desventaja estructural", afirma el texto.

Entre los datos más llamativos que muestran los dos 'think tanks' destaca que España es uno de los países donde los impuestos que pagan las empresas tienen mayor peso en la recaudación tributaria total, con un 48,8%, frente al 39,4% de la UE y al 37,8% de la OCDE. Es es el cuarto país con el dato más alto de los analizados, solo por detrás de República Checa (54,7%), Polonia (53%) y Eslovaquia (50,4%).

Otra de las comparativas donde sale peor parada es el peso de la carga impositiva sobre el PIB. Según el estudio, los impuestos empresariales en España representan un 17,8%, por encima de la media de la OCDE (12,8%) y de la UE (14,8%). En este caso, ocupa la séptima posición del ranking, tras Noruega (19,2%), Francia (18,6%), Polonia (18,6%), República Checa (18,4%), Italia (18,2%) y Austria (18%).

También está en uno de los peores puestos en la clasificación al analizar la presión fiscal sobre el Excedente Bruto de Explotación (renta empresarial). El peso de la contribución fiscal, en términos de esta renta empresarial en España, es del 41,6%, magnitud muy superior a la media de la OCDE (31%). Esto refleja que, en proporción a las rentas empresarial generadas, las empresas españolas están sujetas a una de las mayores cargas fiscales de la región. Aunque países como Francia (52,5%) o Austria (46,4%) muestran niveles aún más altos, la posición de España en el quinto puesto en este ranking sigue siendo elevada y preocupante.

"Da igual por desde donde lo miremos. La contribución fiscal empresarial es excesiva en España y los datos son incuestionablemente adversos", ha enfatizado Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos.

De Sociedades a las cotizaciones sociales

Dentro de la carga tributaria que soporta el tejido productivo, el 'think tank' de la CEOE y el de sede en Washington ponen el foco en algunos tributos concretos, como el Impuesto de Sociedades o las cotizaciones sociales.

El Impuesto sobre Sociedades revela que España aplica un tipo nominal del 25%, por encima de las medias de la OCDE (23%) y de la Unión Europea (21,8%), y al incorporar deducciones e incentivos, el tipo medio efectivo ajustado por inflación también sitúa a España en una posición elevada: el 23,3%, frente al 21,9% de la OCDE y al 19,9% de la UE. Esta realidad fiscal no solo sitúa a España por encima de países tradicionalmente atractivos para la inversión, como Irlanda, Hungría o Bulgaria, sino también al nivel de países con una fiscalidad más exigente como Bélgica o Chile", detalla el estudio.

Otro componente fundamental del esfuerzo fiscal empresarial son las cotizaciones sociales a cargo del empleador, donde, de nuevo, "España presenta una estructura fiscal particularmente gravosa para el tejido empresarial en el contexto de la Unión Europea". Y es que representan el 25,8% del total de la recaudación fiscal en nuestro país, muy por encima del promedio europeo del 17,9%.

Además del pago de impuestos directos, el informe critica el sobrecoste al que deben hacer frente las empresas por la complejidad normativa, coste adicional significativo para las empresas, más allá de la carga fiscal directa. "España presenta un sistema tributario notablemente complejo, siendo un 16,5% superior a la UE y un 9,9% superior a la OCDE. Este nivel de complejidad es comparable al de países como Turquía y Armenia, y refleja una carga significativa en términos de costes de cumplimiento para las empresas", insiste el documento. 

Su impacto es especialmente llamativo en las pymes, que al pago de impuestos se une una sobrecarga del 29% derivada del cumplimiento normativo.

Su aportación al sistema impositivo

Otra de las lecturas que dejan el IEE y la Tax Foundation es que, más allá de los impuestos que pagan directamente, las empresas actúan como vehículos fundamentales en el proceso de recaudación fiscal, canalizando ingresos públicos mediante tributos indirectos o retenidos a cuenta de terceros, como trabajadores o consumidores; una doble función que constituye uno de los pilares de la sostenibilidad financiera del Estado moderno. 

En los países desarrollados, el 85% de los ingresos fiscales totales proceden de tributos que las empresas pagan o recaudan, una cifra que, en el caso de España, asciende al 89%, situándose en el grupo de los países donde el tejido productivo asume un mayor peso dentro del sistema impositivo. "Este dato contrasta con la narrativa habitual que sugiere una baja fiscalidad sobre el capital y evidencia el rol estructural que desempeñan las compañías como principales contribuyentes y financiadoras del Estado", añade el estudio. 

Además, Cristina Enache, economista de la Tax Foundation, ha subrayado durante la presentación del informe que "si sumamos los impuestos que las empresas españolas recaudan y transfieren en nombre de terceros, y los costes de cumplimiento, las empresas españolas soportan una carga fiscal equivalente al 115% de la recaudación fiscal total”. Por ello,  ha añadido, "los 'policy makers' deben valorar el beneficio de obtener más ingresos de las empresas frente al daño económico causado por la pérdida de inversión, empleo y crecimiento ocasionado por el aumento de la presión fiscal".

Replantear las prioridades del sistema impositivo 

El trabajo presentado insiste en la la necesidad de replantear las prioridades del sistema impositivo español y pone el foco en la conveniencia de reducir el peso de la fiscalidad empresarial en España, invirtiendo la tendencia de los últimos años.

"Aumentar la carga fiscal empresarial en un país donde las empresas ya sostienen el grueso de la recaudación podría producir efectos contractivos en la economía, al erosionar los márgenes empresariales, dificultar la contratación y limitar el crecimiento del capital productivo. Por tanto, la sostenibilidad fiscal no debe basarse en un sobresfuerzo de quienes ya mantienen el sistema, sino en la ampliación de las bases tributarias, la mejora de la eficiencia administrativa y la simplificación normativa", cita el estudio.

Daniel Bunn, presidente de la Tax Foundation, ha mandado un mensaje directo a la Administración y ha urgido a los responsables de políticas públicas a "valorar el aporte de las empresas y reconocer que el Gobierno necesita menos recursos para gestionar el sistema tributario, ya que son las propias empresas las que se encargan de esa gestión: el cumplimiento, la documentación y el ingreso de estos impuestos”.

Por su parte, el IEE ha defendido que España necesita avanzar hacia un "modelo fiscal competitivo que combine estabilidad y neutralidad, garantizando tanto la financiación de los servicios públicos como el desarrollo del sector privado, que constituye el verdadero motor de generación de riqueza y bienestar económico".