El agujero de las pensiones irá a más: el gasto se comerá casi la mitad de la recaudación fiscal en 2050

El gasto en pensiones en España está en máximos históricos. Y las previsiones apuntan a que la tendencia, lejos de revertirse, se va a agravar con el paso de los años.

Según el Instituto Juan de Mariana (IJM), los números rojos que arrastra la Seguridad Social son "el gran elefante en la habitación de las finanzas públicas españolas", promovidos por un sistema que está atrapado en un "círculo vicioso de deuda creciente y con un patrimonio neto en caída libre". La situación que se avecina de cara a las próximas décadas es desoladora: España será el país europeo donde el gasto en pensiones tenga un mayor peso sobre el PIB y, para asumir tal gasto, será necesario destinar prácticamente la mitad de la recaudación fiscal.

Estas son algunas de las lecturas que deja el informe que ha publicado el 'think tank' para conmemorar el que ha bautizado como "el Día de la Deuda de la Seguridad Social en 2025", que se celebra este 3 de octubre, coincidiendo con la fecha en la que los gastos del sistema se cubren con las las cotizaciones de la Seguridad Social, mientras que los generados en lo que resta de año se pagan emitiendo deuda. 

"Los ingresos por cotizaciones se agotan y la práctica totalidad del gasto en pensiones hasta final de año se cubre con cargo a impuestos que salen de un presupuestario deficitario, de modo que el actual nivel de gasto de la Seguridad Social queda apuntalado a base de emitir más y más deuda", asegura el instituto. "Pese a una presión fiscal récord, las cotizaciones ya no cubren el gasto del sistema de pensiones", añade. 

Según detalla el estudio, las proyecciones a futuro apuntan a que el gasto en pensiones crecerá con fuerza en las próximas décadas, impulsado tanto por el creciente número de jubilados como por la revalorización de las prestaciones que perciben. Y que se podría producir esta situación: el gasto absorberá en 2050 prácticamente la mitad la recaudación fiscal. Como se observa en el gráfico, su peso rondaba el 35% de los ingresos fiscales en 2022, pero se quedará en torno al 47% dentro de 25 años, según prevé la Comisión Europea. 

Instituton Juan de Mariana

"Eso significa que las transferencias necesarias para mantener el actual nivel de las pensiones pueden llegar a suponer 1 de cada 2 euros recaudados en concepto de impuestos, amén de la totalidad de todo lo obtenido por cotizaciones sociales. En ausencia de cambios drásticos, el dilema de los próximos años no será si el gasto en pensiones crece, sino qué otras partidas se verán desplazadas para poder financiarlas", alerta el documento. 

El reto es mayúsculo, sobre todo si tenemos en cuenta dos factores. El primero, que la deuda pública en España supera actualmente el 100% del PIB y, como el stock de obligaciones acumulado es muy elevado, "el margen de maniobra es muy reducido". Y, el segundo, que en los próximos años se seguirá produciendo la jubilación de los ciudadanos que forman parte de la generación del 'baby boom', lo que añadirá más presión al sistema. 

"El resultado es una proyección en la que España se convierte en el país con mayor gasto en pensiones en relación con su economía durante buena parte del periodo que va de 2044 a 2066", argumenta el IJM. 

La dependencia de las transferencias estatales

El informe también dedica un apartado a repasar cómo el sistema se ha ido deteriorando en los últimos años hasta llegar a esta situación. 

En este sentido, relata que "ha pasado de una posición de aparente fortaleza financiera, con un Fondo de Reserva que en 2011 superaba los 66.000 millones de euros, a una situación tremendamente compleja en 2024, con 126.000 millones de deuda y un patrimonio neto negativo cercano a los 98.526 millones de euros", según las cifras oficiales de las cuentas de la Seguridad Social. 

Un deterioro que "no se debe solo al agotamiento del Fondo de Reserva, que se empleó para evitar ajustes en el sistema una vez las cotizaciones demostraron ser insuficientes para cubrir los gastos, sino también a una dependencia creciente de transferencias estatales". 

En solo dos décadas (entre 2005 y 2025), el Estado ha inyectado más de 400.000 millones de euros para sostener las pensiones, una cifra que equivale al tamaño del PIB de países como Austria o Noruega. "Son 400.000 millones que no se han dedicado a bajar impuestos, mejorar las infraestructuras… Tampoco se han consignado a sanidad, educación u otras partidas que son comúnmente referidas como prioritarias por nuestros gobernantes. El coste de oportunidad es, en efecto, inmenso", recalca el texto. 

 mientras el sistema ha ido acumulado déficits estructurales que no han logrado revertir las sucesivas reformas en esta materia. "Son, por lo tanto, 400.000 millones dedicados a intentar sostener un sistema que, bajo su configuración actual, ha seguido siendo financieramente inviable", agrega. 

A cierre del año pasado, el agujero patrimonial superaba ya los 530.000 millones de euros, teniendo en cuenta esas transferencias del Estado. 

Instituto Juan de Mariana

La revalorización de las pensiones, una 'bola de nieve'

Además del aumento previsto del número de pensionistas, lo que también está lastrando al sistema es la revalorización de las pensiones públicas conforme al IPC, una medida que entró en vigor en 2021.

En estos años, según el Instituto Juan de Mariana, la revalorización se ha convertido en "el principal motor del crecimiento del gasto en pensiones y llegar a explicar más de la mitad del aumento total registrado en este periodo. El impacto, además, es acumulativo. Cada año las pensiones se actualizan sobre la base del incremento anterior, generando un efecto “bola de nieve” que amplifica más aún el gasto. Aunque el número de pensionistas y la pensión inicial siguen siendo factores relevantes, la indexación al IPC ha pasado a representar el mayor tensionamiento de las cuentas de la Seguridad Social".

En septiembre, el gasto en pensiones batió récord en España: el pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas alcanzó 13.638 millones de euros, tras subir un 6% interanual. De cara a 2026, las cuantías subirán otro 2,5%, lo que supondrá un gasto adicional de 6.500 millones de euros. 

La brecha generacional

Otro de los avisos que lanza el informe es que se está ampliando la llamada 'brecha generacional'. Según denuncia en 'think tank', el impacto de la dinámica negativa de la Seguridad Social es especialmente visible en el caso de los jóvenes. 

"Entre 2008 y 2024, la renta real de los trabajadores de 16 a 29 años cayó casi un 3%, mientras que los mayores de 65 experimentaron un incremento de ingresos reales superior al 18%. En otras palabras, los jubilados han visto reforzada su posición económica gracias a la protección del sistema, mientras que los más jóvenes, que sostienen esas transferencias con sus cotizaciones, han perdido capacidad adquisitiva y perspectivas de mejora", explica. 

Como dato, el documento recuerda que el sueldo medio de los menores de 35 años ya es inferior a la pensión de los nuevos jubilados, sin olvidar que este año entró en vigor el bautizado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo adicional sobre las cotizaciones sociales que se aparta de forma automática y que va destinado al Fondo de Reserva. 

Una llamada urgente a la acción

Tras poner sobre la mesa todos esos datos, la concluión a la que llega el instituto es que el desequilibrio estructural del sistema es tal que no se va a resolver con "ajustes temporales, sino que exige repensar la sostenibilidad del modelo".

Como apunta el 'think tank', "la brecha entre ingresos y gastos no deja de crecer, alimentada por la revalorización automática de las prestaciones, el envejecimiento de la población y unas cotizaciones que han dejado de ser suficientes incluso en un contexto de presión fiscal récord. Cada año que pasa sin acometer reformas de fondo se traduce en más deuda, más intereses y menos recursos para otras políticas esenciales, como la rebaja de impuestos. Mientras tanto, el peso del ajuste recae de forma desproporcionada sobre los trabajadores, especialmente los más jóvenes. Si los asalariados españoles lidian con unos salarios estancados y con un coste laboral cada vez más gravoso es, en gran medida, por el enorme coste fiscal que soportan a raíz del déficit estructural en que han caído las pensiones"; y ello "evidencia que la sostenibilidad futura depende de decisiones que no pueden seguir aplazándose".

Sus últimas palabras son una llamada urgente a la acción: "Si España quiere evitar que las pensiones devoren la mitad de la recaudación fiscal en las próximas décadas, será necesario abordar reformas que garanticen el equilibrio intergeneracional, reduzcan la dependencia de transferencias estatales y devuelvan a la Seguridad Social una senda de viabilidad a largo plazo".