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El Tribunal europeo vuelve a desautorizar a la ley hipotecaria española

Autor: Redacción

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha vuelto a emitir una sentencia desfavorable sobre la normativa española que refuerza la protección a los deudores hipotecarios, restructuración de la deuda y alquiler social. El tribunal de Luxemburgo reitera que el plazo de un mes para recurrir las ejecuciones hipotecarias que estaban en curso cuando se aprobó la ley española "no garantiza el ejercicio efectivo" de este derecho.

"Existe un elevado riesgo de que el plazo haya expirado sin que los consumidores afectados puedan hacer valer de forma efectiva y útil sus derechos por la vía judicial", según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, basándose en la directiva comunitaria sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores (Directiva 93/13).

Sin embargo, la actual sentencia solo se centra en las ejecuciones hipotecarias que estaban en curso cuando se aprobó la ley española y destaca la falta del principio de efectividad sobre estos casos. Esto quiere decir que, aunque admite que el plazo de un mes es suficiente para poder preparar e interponer un recurso judicial efectivo, el mecanismo establecido por el Gobierno español para iniciar el cómputo del plazo no era procedente. En este caso fue la publicación de la Ley en el Boletín Oficial del Estado.

Esta nueva sentencia del TJUE responde a la consulta realizada por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Martorell en un caso de tres clientes que formularon su recurso una vez expirado el mes previsto por la ley. Los perjudicados alegan que ese plazo de un mes es “insuficiente para que los tribunales controlen de oficio los casos en curso y para que recurran el carácter abusivo de las cláusulas”.

Para la Asociación Española de la Banca (AEB), "la sentencia subsana aquellos casos que no dispusieron de plazo suficiente para alegar ante un juez la existencia en su contrato de una posible cláusula abusiva. Pero no pone en tela de juicio el plazo establecido en la norma española y mucho menos la normativa hipotecaria española en su conjunto, que ya en su día se adaptó al criterio del TSJE en este aspecto".