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Los juzgados de Las Palmas y Málaga se apoyan en el TJUE y declaran abusivos los gastos hipotecarios

Pixabay
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Autor: Redacción

La justicia española empieza a aplicar la doctrina europea sobre quién debe asumir los gastos de la formalización de hipotecas.

El pasado 16 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que las entidades financieras deben devolver el dinero cobrado de más a los clientes por los gastos de formalización de los préstamos para la compra de vivienda y por otras comisiones como la de apertura, siempre y cuando estas sean consideradas abusivas y, por tanto, nulas. La sentencia fue aplaudida por abogados y asociaciones de consumo, mientras que la banca aseguraba que la decisión del Tribunal de Luxemburgo apenas tendrá impacto en el sector, ya que simplemente se limitaba a respaldar la doctrina del Tribunal Supremo.

Pero, una semana después de conocer el dictamen del Tribunal europeo, ya llegan las primeras declaraciones de juzgados domésticos que inclinan la balanza hacia el consumidor de la mano de la Audiencia Provincial de Las Palmas y del Juzgado de Primera Instancia nº18 BIS de Málaga.

En el primer caso, y según consta en la web del Consejo General del Poder Judicial, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria notificó el 23 de julio las primeras sentencias conocidas en España que aplican la reciente doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en cuanto a quién debe correr con los gastos hipotecarios, y si es lícita o no la aplicación de la cláusula suelo.

“La Sala especializada en materia crediticia ha dado la razón a sendos particulares en sus litigios contra las entidades bancarias: son ellas las que tienen que asumir los gastos derivados del préstamo (derechos del notario, arancel del registrador de la propiedad, tasación) y los excesos de aplicación de la cláusula suelo, y el cliente solo tiene que hacer frente al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD)”, explica el portal.

En concreto, la Sala aplica el fallo del Tribunal de Luxemburgo al confirmar que la comisión de apertura y la cláusula de gastos (la que carga al cliente los honorarios del notario, del registrador de la propiedad y del tasador) son abusivos. Por tanto, el banco debe devolver al consumidor el dinero pagado de más más intereses que, según explica Carmen Giménez, de G&G Abogados, “se han de calcular desde cada fecha del pago”. En su opinión, la Audiencia de Las Palmas “aplica íntegramente la doctrina del TJUE, aunque no se dé la totalidad de lo pedido, pues la acción principal, que es la de la nulidad de una cláusula abusiva, ha sido estimada”.

Esta decisión confirma la sentencia de primera instancia que ya había dado la razón a los particulares y desestima el recurso que había presentado la entidad bancaria. Además, condena al banco al pago de las costas generadas tanto en primera como en segunda instancia, “para salvaguardar el interés del consumidor y evitar el efecto disuasorio”.

En el caso del Juzgado de Primera Instancia nº18 BIS de Málaga, el fallo también sigue los pasos marcados por el TJUE, aunque en esta ocasión reparte al 50% el gasto de notaría entre consumidor y banco, en base al criterio que dictaminó el Tribunal Supremo a principios de 2019, en el que apostaba por un reparto salomónico de los gastos. Según aclara Carmen Giménez, el Ato Tribunal que determinó que ambas partes estaban interesadas en el otorgamiento de la escritura: el banco porque tiene interés en un título ejecutivo, y el prestatario porque quiere un préstamo con garantía hipotecaria a un interés más bajo que otros préstamos.

Al margen de los gastos de notaría, el tribunal malagueño obliga a la entidad financiera a asumir el 100% de los gastos de registro, así como las costas, mientras que no hace alusión concreta a la tasación de la vivienda.

Giménez asegura que el gasto del registro de la hipoteca puede ser un punto de fricción entre los criterios de los juzgados, que en unos casos recaerán al 100% en el banco y en otros, a repartir al 50% con el cliente. La abogada sostiene que debería ser un gasto asumido por la entidad financiera al ser la principal interesada, “porque la garantía hipotecaria, para que sea constitutiva, ha de hacerse en escritura pública como documento que accede al Registro de la Propiedad, siendo la inscripción en el Registro lo que tiene carácter constitutivo para la hipoteca. Es decir, sin inscripción en el registro, la hipoteca no existe”. No obstante, sostiene que tendrá que ser el Tribunal Supremo quien finalmente unifique doctrina al respecto.

La comisión de apertura, nula

Además de los gastos hipotecarios, también se ha conocido una sentencia que declara nula la comisión de apertura de un préstamo concedido por Caixabank, que también analizó el TJUE en su fallo del 16 de julio.

En este caso, el dictamen llega del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cartagena, que explica que "las alegaciones que la entidad de crédito realiza no justifican por qué, en este caso concreto, era idónea, qué concreto servicio prestó, que realizó en esta operación, que mereció o justificó esta comisión, qué servicio diferente al propio de cualquier otro préstamo fue necesario, sin que, sea adecuado, como se afirma la contestación, que es debida por la mera prestación del servicio, por la concesión del préstamo". Y añade que "conforme a la doctrina de la STJUE de 16 de julio de 2020, apartados 78 y 79, debo declarar el carácter abusivo de la cláusula que establece la comisión de apertura por incidir negativamente en la posición jurídica del consumidor, provocando un desequilibrio importante contrario a las exigencias de la buena fe."