TJUE

El Financial Times ha entrevistado a Christian Kälin, presidente del bufete Henley & Partners, y precursor de la ‘golden visa’ en Malta y otros muchos países. Estos programas, que se han generalizado por todo el globo, otorgan el permiso de residencia a ciudadanos extranjeros en el país donde se realice la inversión, generalmente inmobiliaria, pero acaban de sufrir un varapalo con una reciente sentencia del TJUE, que lo ha declarado ilegal en el pequeño estado mediterráneo. "Si Europa decide retroceder, que retroceda. Pero el resto del mundo avanza, y solo en una dirección", ha destacado este experto abogado.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado la legalidad de las cláusulas contractuales que incluyen el cobro de una comisión de apertura en las hipotecas, aunque con matices. Según la sentencia del TJUE, que analiza el caso de una consumidora que demandó a BBVA por considerar abusiva una comisión equivalente al 0,25% del importe de su préstamo, "en principio" no puede presumirse el carácter abusivo de una cláusula contractual específica, ya que esto puede depender de las circunstancias concretas de la celebración de cada contrato, y de la realidad de los servicios prestados. También destaca la transparencia como uno de los elementos más importantes a tener en cuenta en la apreciación que corresponde al juez nacional.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado ilegales los programas de ciudadanía que ofrecen permisos de residencia a grandes inversores, las conocidas como 'golden visa', por considerar que infringen las normas comunitarias por suponer la comercialización de la concesión de la nacionalidad de un Estado miembro. El fallo alude a un programa de ciudadanía para inversores ofrecido por Malta en 2020, y señala que un Estado miembro no puede conceder su nacionalidad a cambio de pagos o de inversiones predeterminados, "ya que ello equivale esencialmente a hacer de la adquisición de la nacionalidad una mera transacción comercial".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves la posibilidad de fijar una fecha límite para reclamar la devolución de los gastos derivados de una cláusula abusiva, aunque no exista un plazo máximo para solicitar su nulidad. La decisión se refiere al caso de una consumidora que, tras contratar en 2009 un préstamo hipotecario con Banco Santander, reclamó en 2023 la nulidad de una cláusula que imponía gastos adicionales relacionados con la hipoteca. El TJUE establece que, si bien se pueden fijar plazos para la compensación, estos no deben ser menos favorables que los plazos internos para recursos similares ni dificultar el ejercicio de los derechos del consumidor según la legislación de la UE.

La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por trato fiscal discriminatorio de los contribuyentes no residentes, a los que niega los beneficios fiscales en ganancias patrimoniales cuando estas se pagan por tramos. Los contribuyentes tienen la opción de pagar el impuesto cuando se devengan las plusvalías o de aplazarlo proporcionalmente, mientras que los no residentes deben pagar el impuesto de forma íntegra en el momento de la transmisión del activo. Según Bruselas, esto provoca que "se enfrenten a una importante desventaja desde el punto de vista de la tesorería".

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha avalado la legalidad de limitar la comisión de las agencias inmobiliarias sobre el precio de venta o alquiler de un inmueble. Así lo indica la sentencia del TJUE en referencia a una ley eslovena que limita la comisión que se aplica por dichos servicios en caso de adquisición, venta o arrendamiento de inmuebles al 4% del precio contractual. Aún así recomienda examinar si el legislador nacional habría podido instaurar una medida dirigida a los consumidores vulnerables y si la remuneración por los servicios de intermediación inmobiliaria permite a las sociedades que los prestan cubrir sus gastos y obtener un beneficio razonable.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha señalado que las cláusulas hipotecarias vinculadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) podrían ser declaradas abusivas si no cumplen con los requisitos de transparencia. Este fallo responde a una consulta planteada por el Juzgado de Primera Instancia Nº8 de San Sebastián en relación con una hipoteca contratada entre un cliente y Kutxabank en 2006. Así, la justicia europea abre la puerta a reclamar la cláusula IRPH.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha sentenciado este jueves que debe procederse a la devolución parcial de la comisión vinculada a la concesión de un crédito hipotecario si un consumidor realiza un reembolso anticipado del crédito. Así ha respondido al caso de una ciudadana que suscribió en Polonia un crédito hipotecario por un período de 360 meses y que, en el momento de la celebración del contrato de crédito, pagó una comisión vinculada a la concesión del préstamo, que estaba incluida en el coste total de este.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado una sentencia, en la que no cabe recurso, una multa de 2.400 millones de euros a Google por abuso de posición dominante al favorecer a su propio servicio de comparación de productos frente a los de sus competidores.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado este martes la obligación de Apple de devolver más de 13.000 millones de euros, más intereses, en ayudas fiscales ilegales de las que se benefició durante años mediante por el régimen especial que le ofreció Irlanda, una sanción dictada por Bruselas hace casi una década pero que tanto Dublín como la multinacional tecnológica habían recurrido ante la Justicia europea.

El Tribunal de Justicia de la UE ha avalado la adecuación del procedimiento colectivo iniciado por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (ADICAE) contra 101 entidades financieras que operan en España para que cesen en el uso de las cláusulas suelo y devuelvan las cantidades pagadas por los consumidores. Su criterio coincide con el adelantado a principios de año por la Abogada General de la Unión Europea, Laila Medina, y supone dar carpetazo a un proceso judicial que arrancó en 2010. Ahora solo falta que el Tribunal Supremo dicte sentencia atendiendo a la interpretación del TJUE.

Las entidades no podrán alegar que el consumidor estaba informado por los medios de comunicación, o por la existencia de jurisprudencia, de la abusividad de su cláusula hipotecaria, según señala reclamador.es, tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo en la que recoge la doctrina del Tribunal d

El Tribunal Supremo ha hecho suya la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictada el pasado 25 de abril, y ha fijado como criterio que el plazo de prescripción para reclamar gastos hipotecarios, que hayan sido indebidamente pagados por un consumidor, será el de la fecha de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula que obligaba a tales pagos. No obstante, prevé que el plazo comience en una fecha anterior si el banco puede probar que el consumidor pudo conocer la abusividad de dicha cláusula, en el marco de sus relaciones contractuales.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que el plazo de prescripción para reclamar la devolución de gastos hipotecarios empieza a correr cuando la sentencia que declara el carácter abusivo de estas cláusulas adquiere firmeza y se declara su nulidad, es decir, cuando ya no se admiten más recursos ni modificaciones. Esta sentencia complementa a un fallo previo del TJUE publicado en enero que señalaba que el plazo para reclamar los gastos hipotecarios no empezará a correr antes de que un consumidor conozca el carácter abusivo de una cláusula contractual.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirma que el plazo para reclamar los gastos hipotecarios no empezará a correr antes de que un consumidor conozca el carácter abusivo de una cláusula contractual y señala que el plazo de prescripción de diez años (para Cataluña) y de cinco años (para el resto de España) solo puede aplicarse si el consumidor pudo conocer sus derechos antes de que dicho plazo empezase a correr o expirase. Además, confirma que el plazo de prescripción no debe contar desde la primera sentencia del Supremo de diciembre de 2015. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha advertido este jueves de que obligar al consumidor a pagar por costes del crédito que no correspondan a intereses excesivos puede constituir cláusula abusiva.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha señalado que el control judicial del posible carácter abusivo de una cláusula en un contrato de crédito debe incluir el control de su proporcionalidad y abstenerse de aplicarla si es preciso. Además, el juez debe tener en cuenta las consecuencias que provocan esas claúsulas, como pueden ser el desahucio del prestatario y de su familia de la vivienda que constituye su residencia principal, ya que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental.

La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará previsiblemente el 18 de enero de 2024 al respecto de la 'macrodemanda' por cláusulas suelo abusivas de las hipotecas presentada por la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae) contra 101 bancos y cajas españoles, en la que pide que se condenase a las entidades a reembolsar a los consumidores las cantidades abonadas de más por estas cláusulas. Aunque las opiniones del abogado general no son vinculantes para el tribunal europeo, que dictará sentencia más adelante, en la mayoría de los casos sus conclusiones coinciden con el fallo definitivo.

Los bancos tendrán que tomar una actitud proactiva a la hora de cancelar las cláusulas abusivas de los contratos que mantienen con sus clientes para evitar se condenados en costas durante el proceso de reclamación judicial, según se desprende de las conclusiones de una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. "Cuando en jurisprudencia nacional reiterada se han declarado abusivas determinadas cláusulas tipo, cabe igualmente esperar de las entidades bancarias que tomen la iniciativa de ponerse en contacto con sus clientes cuyos contratos contengan tales cláusulas, antes de que estos presenten demanda, para anular los efectos de esas cláusulas".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha afirmado en una nueva sentencia que el derecho de la UE no se opone a que, en caso de que se haya anulado un préstamo hipotecario por tener cláusulas abusivas, los consumidores reclamen al banco una compensación que exceda el reembolso de las cuotas mensuales abonadas. En cambio, no permite que los bancos puedan reclamar una compensación 'extra'.

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), a raíz de la consulta de un tribunal polaco, ha señalado que la normativa comunitaria permite a los consumidores reclamar compensaciones que vayan más allá del reembolso de las cuotas de cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios. Afirma que esta posibilidad puede ser un incentivo para que los consumidores ejerciten los derechos que les confiere la ley en esta materia.

El Tribunal de Justicia Europeo podría revisar la cláusula IRPH en los contratos hipotecarios, según sostiene un escrito de alegaciones de la Comisión Europea dirigido a dicho tribunal, que abre la puerta a que Europa valore si los bancos incurrieron en una práctica abusiva al comercializar las hipotecas referenciadas a dicho índice sin aplicar un diferencial negativo para igualarlo con el TAE del mercado, perjudicando así a los consumidores. Desde Asufin esperan que el Tribunal de Luxemburgo "entre de lleno en la cuestión y sea claro en su resolución".

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha decidido elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la 'macrodemanda' sobre cláusulas suelo interpuesta por Adicae. Esta demanda colectiva se dirige contra 101 bancos y cajas que comercializaron cláusulas suelos en préstamos hipotecarios, y que ya obtuvo la sentencia a favor del juzgado mercantil de Madrid y la Audiencia Provincial de Madrid en 2018.

Tirón de orejas del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a España. En una sentencia hecha pública ayer, el organismo dicta que España tendrá que indemnizar a los particulares que han reclamado responsabilidad patrimonial al Estado por incumplir leyes comunitarias. Así, se anulan las trabas que el Gobierno español puso en 2015 para evitar resarcir a los ciudadanos, mediante la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015.

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha planteado a las partes si procede formular cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en relación a la 'macrodemanda' interpuesta por la Asociación de Usuarios de Banca, Cajas y Seguros (Adicae) sobre cláusulas su