El Gobierno bloquea la fusión de BBVA y Sabadell durante tres años

El Consejo de Ministros ha decidido este martes autorizar la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell con la condición de que durante los tres próximos años las entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, así como autonomía en la gestión de su actividad.

El Gobierno llevaba deliberando casi un mes sobre esta operación, después de que el Ministerio de Economía decidiera elevar el caso al Consejo de Ministros al percibir posibles impactos en el interés general.

El Ejecutivo justifica esta decisión en el criterio de interés general de "protección de los trabajadores" y de mantenimiento de la plantilla. Este criterio se une a otros cuatro elementos (cohesión territorial, cumplimiento de la regulación sectorial, mantenimiento de políticas sociales y de innovación tecnológica) como justificaciones que ha utilizado para aumentar las condiciones a la OPA de BBVA.

 Y es que había percibido un potencial impacto en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social.

Esta decisión se produce después de que la Comisión Nacional del los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobara la OPA con condiciones y tras recibir la no oposición por parte del Banco Central Europeo.

Según el comunicado remitido por el Ministerio de Economía, "cada entidad deberá preservar la autonomía en la gestión de su actividad orientada al mantenimiento de los criterios de interés general, distintos de los relativos a la defensa de la competencia, que fundamentan la decisión del Consejo de Ministros. Estos criterios encuentran arraigo en la Constitución Española, se encuentran promulgadas por distintas normas del ordenamiento jurídico y están avaladas por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Estos criterios son, en concreto, la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial vinculada al apoyo al crecimiento y a la actividad empresarial; la protección de los trabajadores; la cohesión territorial; la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico; y los objetivos de política social relacionados con la obra social de las fundaciones, la protección del consumidor financiero y la vivienda asequible.

Además, el texto recalca que "la autonomía en la gestión de su actividad se deberá concretar, al menos, en el mantenimiento de una gestión y toma de decisión autónoma en relación con las decisiones que afecten a la política de financiación y crédito, en particular a pymes; recursos humanos; red de oficinas y servicios bancarios y obra social a través de sus respectivas fundaciones".

Analizará la eficacia a los tres años

Para evaluar la eficacia de la condición que ha acordado el Consejo de Ministros, con una antelación de entre seis y dos meses respecto de la fecha de finalización del menor plazo establecido en la condición acordada (tres años), tanto BBVA como Banco Sabadell deberán remitir a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa un informe de situación, que detallará el modelo de gestión autónoma que se ha llevado a cabo y su contribución al mantenimiento de los criterios de interés general mencionados.

Además, con la misma antelación, las entidades deberán elaborar y publicar en su web un plan estructural a largo plazo que detalle en qué medida su estrategia corporativa afectará, en al menos los cinco años siguientes, a los criterios de interés general identificados.

Transcurridos esos tres años iniciales, el Consejo de Ministros valorará la eficacia de la condición establecida, pudiendo ampliar su duración por un periodo adicional de dos años.

Valoraciones dispares

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha señalado sobre la condición impuesta por el Gobierno a la opa de BBVA sobre Sabadell que la ley española permite intervenir al Ejecutivo español por razones interés general y "tendrán que ser los inversores internacionales y posteriormente, quizá la Comisión Europea, los que analicen si efectivamente están justificados".

Guindos ha evitado pronunciarse sobre operaciones en concreto, limitándose a recordar que el BCE consideró en su informe a BBVA y Sabadell como entidades solventes, durante su intervención en el XLII seminario de economía organizado por la APIE y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

En este caso, ha recordado que, después de la actuación de las autoridades nacionales de competencia, la legislación española otorga al Ejecutivo la prerrogativa de, por cuestiones de interés general distintas a las cuestiones de solvencia o de competencia, establecer condiciones adicionales y/o de alguna forma modificar las fijadas por las autoridades de competencia.

"Más allá de lo que es este caso concreto, poner obstáculos desde el punto de vista de lo que es en Europa, y no es solamente el caso de España, tenemos otros casos, de alguna forma limita la credibilidad del discurso sobre la unión del mercado de capitales", ha zanjado.

Por otro lado, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha celebrado la decisión del Consejo de Ministros y ha afirmado en su perfil de la red scial X que "se ha actuado con respeto transparente y escrupuloso a las reglas y los tiempos". Para Illa, había que proteger un sistema bancario arraigado en el territorio y adaptado a las necesidades de las familias y empresas "con una oferta justa. La gestión rigurosa, dialogante y discreta ha dado sus frutos".

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, también ha aplaudido la propuesta del Gobierno, que "ha actuado con responsabilidad institucional", porque una operación de esta envergadura debe evaluarse pensando en el interés general, como contempla la legislación financiera europea y española. No obstante, ha considerado imposible la fusión de BBVA y Banco Sabadell: "Con las condiciones que pone sobre la mesa el Gobierno, esta OPA hostil la podemos dar por amortizada, porque no interesa a los accionistas", ha argumentado.