Los tasadores hipotecarios anuncian un paro de un mes para denunciar su “precariedad laboral”

La Asociación Española de Tasadores Hipotecarios (AETH) ha anunciado el comienzo de un paro sectorial de hasta un mes (15 de enero), para denunciar su “precariedad laboral” y la “falta de respuesta de las sociedades de tasación y sus asociaciones patronales” (AEV y ATASA) a su demanda de un Acuerdo Marco sectorial, que, según la asociación, se les lleva reclamando desde hace años. 

Al mismo tiempo, recuerdan que “sin tasaciones independientes y de calidad no hay hipotecas seguras ni mercado inmobiliario fiable, y que la precariedad actual pone en riesgo ese pilar”.

Los tasadores denuncian que el modelo con el que trabajan las sociedades de tasación se basa en trabajadores autónomos con tarifas a la baja y por debajo de costes. Concretamente, explican que sus honorarios representan, en algunos casos, un 20% de lo que paga el cliente final, porcentaje que se mantiene prácticamente congelado desde 2008, según la AETH, que también denuncia que los ingresos medio se mantienen por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, “pese a que la carga técnica y de gestión que deben asumir por las nuevas regulaciones que afectan a su trabajo ha ido incrementándose a lo largo de los últimos 15 años”. 

Además, subrayan que “no se pretende encarecer injustificadamente las hipotecas”, sino alinear los precios con los costes reales, eliminar comisiones impropias y garantizar que quien realiza el trabajo no siga haciéndolo a pérdidas.

¿Cómo afectará este paro?

El paro afectará a la práctica totalidad de las tasaciones hipotecarias canalizadas a través de sociedades homologadas, especialmente las procedentes de entidades financieras y grandes carteras. Algo que puede ralentizar la concesión de hipotecas, retrasar operaciones vinculadas y generar demoras significativas en la firma de préstamos, con impacto directo en la planificación financiera de familias y empresas.

Desde la AETH recuerdan que las tasaciones hipotecarias son un derecho del ciudadano, no de los bancos, y que cualquier persona puede encargar directamente una tasación y utilizar el informe de la misma con la entidad que elija. Precisamente, uno de los objetivos del paro es “proteger que esa valoración se haga con independencia, tiempo suficiente y rigor técnico, evitando errores que puedan afectar al acceso al crédito y a la seguridad del ahorro”.

Además, explica que un ajuste razonable de los honorarios no implica necesariamente un aumento significativo del precio final, pues la eliminación de comisiones comerciales que hoy no añaden valor al cliente podría neutralizar completamente ese coste.

¿Qué piden los tasadores?

El Acuerdo Marco sectorial que proponen a las sociedades de tasación, contempla: 

• Tarifas mínimas ligadas al coste real de los informes (situarían la retribución media anual en torno a los 30.000 euros brutos por profesional), actualizadas por IPC y ajustables ante cambios normativos u operativos.
• Condiciones contractuales equilibradas. Eliminación de indicios de laboralidad encubierta, plazos realistas, pagos en un máximo de un mes, compensaciones por desplazamientos y claridad en los honorarios desde el inicio.
• Independencia y seguridad profesional. Derecho a rechazar encargos no viables, control estricto de la firma digital y garantías para que el tasador contrate con la sociedad de tasación, no con la entidad financiera.
• Órganos de gobernanza y resolución de conflictos mediante una comisión mixta paritaria tasadores–sociedades.

La AETH considera que la situación actual “compromete la calidad del sistema hipotecario regulado”, supervisado por el Banco de España, porque la “precariedad” de los profesionales que realizan la inspección in situ, el análisis técnico y la firma responsable de las valoraciones reduce el tiempo disponible por informe y aumenta el riesgo de errores.

Además, desvelan que existen prácticas de entidades financieras y sociedades de tasación que “podrían ser contrarias a la competencia o abusivas, como rehomologaciones, comisiones opacas, tarifas impuestas por debajo de costes, subastas de encargos a la baja, penalizaciones por rechazar trabajos ruinosos o trabajos adicionales no pagados”.