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El inmobiliario pide seguridad jurídica: "Lo del Supremo es un ejemplo de lo que no debe pasar"

Óscar Sánchez Melgosa (Norgestión), Ramón Gayol (KPMG), Miguel Ollero (Merlin Properties) y Mariela Martínez (Temprano Capital)
Óscar Sánchez Melgosa (Norgestión), Ramón Gayol (KPMG), Miguel Ollero (Merlin Properties) y Mariela Martínez (Temprano Capital)

El sector inmobiliario ha echado en cara al Tribunal Supremo que en menos de tres semanas haya cambiado de criterio acerca de quién debe pagar el impuesto de las hipotecas. Si a mediados de octubre la Sala III del Alto Tribunal inclinaba la balanza a favor de los consumidores, el Pleno de dicha Sala ha decidido finalmente que sean ellos, y no los bancos, los encargados de pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

A pesar de que el sector inmobiliario no ha entrado a valorar la decisión en sí misma, sí ha reprochado al Supremo el cambio de criterio tan repentino y radical.

En el marco de unas jornadas celebradas en Madrid, Miguel Ollero, director financiero y de operaciones de Merlin Properties, ha recalcado que "lo que hemos vivido en estas tres semanas es un ejemplo claro de lo que no debe pasar. No debemos dar bandazos sin necesidad". Una opinión que comparten la consultora KPMG y la firma de promoción e inversión inmobiliaria Temprano Capital Partners.

Para Ramón Gayol, socio de corporate finance de KPMG y especializado en real estate, cambiar las reglas del juego a medida que avanzan los acontecimientos tiene mucho más impacto del que parece. "Ya no es solo cómo afecta a inversores y propietarios, sino los efectos a nivel internacional, sobre todo para un sector como el inmobiliario donde la mayor parte del capital procede del exterior. Es un riesgo muy difícil de combatir y lo peor es que lo del Supremo solo es un ejemplo más", ha insistido.

Gayol ha recordado que la incertidumbre no solo está afectando a los impuestos (como lo del AJD o la idea de Gobiernio y Podemos de endurecer la tributación de las socimis), sino que también se da en otras áreas como por ejemplo la urbanística. Una pieza fundamental para el ladrillo.

En este sentido, Marilia Martínez, CFO de Temprano Capital Partners, ha señalado que "si el inversor extranjero tiene de por sí dificultades para entender nuestro marco regulatorio, la percepción de que encima éste pueda cambiar es suficiente como para dar al traste con una operación".

Durante sus intervenciones, los ponentes han insistido en la necesidad de dar estabilidad jurídica (tanto en la norma, como en su interpretación) para mantener elevado el interés del capital foráneo en España y para poder captar nuevos inversores en el futuro.

"El capital analiza bien dónde invertir, y siempre está buscando dónde puede conseguir buenas rentabilidades corriendo el menor riesgo posible. El dinero es muy cobarde y si dinamitamos la base de todo, que es la seguridad jurídica, dejaremos de estar en su radar", ha señalado el directivo de Merlin Properties.

Se avecina un encarecimiento de las hipotecas

Merlin, KPMG y Temprano Capital no han sido las únicas firmas del sector que han hablado en las últimas horas sobre el lío del AJD. 

Según la promotora Neinor Homes, "lo más probable es que se trate de una medida inocua que afecte en último término al ciudadano, pues en un sistema hipotecario tan competitivo como el actual, el mercado no puede asumir ese coste, al menos en estos momentos, por lo que acabará recayendo en el cliente igualmente, ya sea a modo de impuesto, de endurecimiento de las condiciones o de diferencial".

En esa línea, Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista, afirma que a pesar de que el Gobierno va a aprobar un decreto ley para que sean los bancos quienes paguen el AJD a partir de ahora, los consumidores seguirán pagando el impuesto de forma indirecta a través de las muy probables subidas en los diferenciales, a lo que habría que sumar el sobrecoste que aplicará la banca por la gestión del mismo. Además, y al ser un impuesto transferido a las autonomías, su aplicación no es homogénea, lo provocará que los ciudadanos tengan diferentes condiciones hipotecarias en función de la comunidad en la que residan, ya que el importe que deberá pagar la banca será distinto en cada caso”.

Con todo, el sector es consciente de que las normas del juego hipotecario ahora están más claras que antes, y cree que la decisión del Supremo de no permitir una retroactividad total es una buena noticia. Si hubiera sucedido lo contrario, hubiera "perjudicado seriamente la imagen económica de nuestro país y la consolidación actual de recuperación del sector”, concluyen desde Neinor Homes.