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Al Ayuntamiento de Madrid se le acumulan las denuncias por anular el anterior plan de la Operación Chamartín

Autor: Redacción

Distrito Castellana Norte, la promotora compuesta por BBVA y la constructora San José y encargada de sacar adelante hasta hace poco la Operación Chamartín, ha anunciado que demandará al actual ejecutivo del Ayuntamiento de Madrid por anular el plan urbanístico pactado con el anterior gobierno municipal. Además, creen que el nuevo plan promovido por el consistorio incumple el plan general. Este litigo se une a la reclamación del Ministerio de Fomento.

Los promotores del reciente plan anulado por el Ayuntamiento de Madrid para la ampliación del Paseo de la Castellana han decidido demandar al Gobierno de Ahora Madrid. Distrito Castellana Norte (DCN), promotora compuesta por BBVA y la constructora San José, acudirá a los tribunales para denunciar que el consistorio ha incumplido los plazos para notificarles la derogación definitiva del proyecto presentado por DCN. El Ayuntamiento tenía 10 días de plazo oficial para notificar la decisión desde la votación en el Pleno

El pasado 25 de mayo, el Pleno del Ayuntamiento con los votos de Ahora Madrid y PSOE aprobó derogar este plan urbanístico para la zona de la ampliación del Paseo de la Castellana que suponía una actuación de 3,1 millones de metros cuadrados en los terrenos que rodean la estación de Chamartín. Según las estimaciones prevista de la empresa suponía una inversión de 6.049 millones de euros que habría generado 120.000 puestos de trabajo, la construcción de 17.699 viviendas, una zona financiera y áreas comerciales. Además de dotar a la ciudad 1,3 millones de metros cuadrados nuevos de zonas verdes y espacios públicos.

Distrito Castellana Norte afirma también que el plan urbanístico presentado por el propio Ayuntamiento, y bautizado como Madrid Puerta Norte, incumple plan general para la zona de la ampliación del Paseo de la Castellana. El nuevo plan reduce la edificabilidad de la zona para construir 4.600 viviendas, reduciendo el presupuesto y tomando con presupuestos públicos parte de las inversiones privadas previstas.

Este nuevo litigio se suma a la reclamación del Ministerio de Fomento contra el Ayuntamiento de Madrid al que le requiere 700 millones de euros, por el dinero ya invertido en el desarrollo de la zona.