El actual Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, encabezado por Manuela Carmena, ha demandado ante el Tribunal de Cuentas a la exalcaldesa Ana Botella y a varios miembros de su ejecutiva por la venta de viviendas públicas de la EMVS en 2013. El Consistorio exige el reintegro de 127 millones de euros por el perjuicio económico provocado a las arcas municipales.
El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, en calidad de vicepresidente de la EMVS, ha escenificado la demanda contra la antigua ejecutiva liderada por Ana Botella, del PP, ante el Tribunal de Cuentas, dentro del proceso civil que el tribunal tiene abierto por la venta de viviendas de la EMVS al fondo Fidere.
La demanda registrada pide que los demandados devuelvan 127 millones de euros ante los perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Madrid por la venta viviendas públicas a inversores privados en 2013.
Por un lado, se refiere a la venta de 34 viviendas y 2 plazas de garaje a las sociedades Avellanar Inversiones y Madrid Town Inversiones por poco más de 2 millones de euros.
Y, por otro lado, a la enajenación de 18 promociones completas de vivienda protegida al fondo Fidere por 128,5 millones de euros.
“Reclamamos una restitución del valor económico que las arcas municipales dejaron de ingresar por la venta de estos inmuebles y entendemos que como mínimo, lo que el Ayuntamiento de Madrid ha dejado de percibir asciende a 55 millones de euros. Aunque si atendemos al valor real de tasación, la cifra estaría muy por encima de esa cantidad, entre 250 o 300 millones de euros”, aclaró el concejal de Urbanismo.
Los demandados son el exconsejero de la EMVS, Fermín Oslé, y los miembros de la Junta de Gobierno municipal en aquella época: Concepción Dancausa, Enrique Núñez Guijarro, Diego Sanjuanbenito; Paz González García; Dolores Navarro y Pedro María Corral.
El actual gobierno municipal de la capital ha defendido desde hace tiempo que venta de este patrimonio bajo fondos públicos del Ayuntamiento se hizo por debajo del valor de mercado, con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales.
Sin embargo, la justicia ha confirmado que la venta de estas viviendas públicas al fondo Fidere, filial del fondo de inversión Blackstone fue legal, según prueban dos sentencias, una de ellas de la Audiencia Provincial y contra la que no cabe recurso.
La sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid emitió su decisión el 24 de septiembre de 2015 que avala la operación y estima que “nada puede oponerse a la venta de los inmuebles por mucho que fueran de protección pública”, y refrenda el fallo del Juzgado de Instrucción 38 de Madrid, que en primera instancia acordó el sobreseimiento de la causa contra el Ayuntamiento de la capital, la EMVS y Blackstone, comprador de las viviendas a través de su filial Fidere, tras la demanda de la Asociación de Afectados por la venta de viviendas de la EMVS.
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