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La vivienda es una de las partidas que ha salido mejor parada en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, aunque no ha recuperado el protagonismo que tenía hace una década.

El Gobierno ha destinado un total de 679 millones de euros para el acceso a la vivienda y el fomento de la edificación, la cifra más alta desde 2014 (si tenemos en cuenta el presupuesto inicial, no el ejecutado) y que supera en un 41% los recursos que contemplaban las cuentas públicas anteriores. Es la segunda partida en la que más ha subido el presupuesto, tras el sistema para la autonomía y la atención a la dependencia (que se lleva 2.232 millones de euros, un 59,3% más que en los Presupuestos de 2018).

El Libro Amarillo de los Presupuestos Generales de 2019 contempla estas apreciaciones textuales en materia de vivienda:

"Ante las dificultades que de nuevo están experimentado numerosos ciudadanos en el acceso a una vivienda digna, sobre todo en régimen de alquiler, el Gobierno ha decidido dar un notable impulso a las actuaciones en materia de vivienda. Así, a través del actual Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 se adapta la política de vivienda a las necesidades sociales actuales, con especial atención a las personas objeto de desahucio, y se impulsa, entre otras actuaciones, el fomento del alquiler y la rehabilitación de viviendas".

A esto se une, continúa el texto, "el Real Decreto-Ley 12/2018 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler en el que, entre otros, se reforma la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda; se modifica el régimen de propiedad horizontal para impulsar la realización de obras de mejora de la accesibilidad; y se modifica el procedimiento de desahucio cuando afecte a hogares vulnerables. En este contexto, la dotación de la política de acceso a la vivienda y fomento de la edificación se incrementa un 41%, desde los 481 hasta los 679 millones de euros".

Y dentro de esta política es preciso destacar dos dotaciones concretas. "Por un lado, se destinarán 490 millones de euros para subvenciones de planes de vivienda (410 millones) y subsidiación de préstamos (80 millones). Por otro lado, se dota con 137 millones de euros el 'Plan 20.000 viviendas', que tiene por objeto el incremento del parque de viviendas en alquiler a precios asequibles o sociales", añade el documento oficial, que también recoge ayudas a la emancipación y a los convenios con autonomías y ayuntamientos.

Sin embargo, la fuerte subida de la partida presupuestaria que el Gobierno ha llevado a cabo no logra compensar los recortes que ha sufrido la vivienda en los últimos años. ¿La prueba? La partida actual está un 60% por debajo de la registrada en 2009, cuando el mercado residencial se llevó más de 1.600 millones de euros de las cuentas. De hecho, el montante está más cerca de los mínimos registrados en los dos últimos años que de los niveles de los primeros años de la crisis.

Otro de los datos que nos ayuda a entender que la vivienda sigue sin estar en su mejor momento es que su peso en el gasto total que contemplan los Presupuestos de 2019 se sitúa en el 0,2%, en línea con el destinado a comercio, turismo y pymes o a investigación, desarrollo e innovación militar. Son las partidas que se llevan el mejor porcentaje de la lista. En 2010, en cambio, llegó a representar un 0,5% del total y no fue hasta 2013 cuando su peso se quedó en el 0,2%.

Para hacerse una idea de lo escasa que es la cifra, basta recordar que solo la ciudad de Viena tiene un presupuesto anual de 250 millones de euros para vivienda. Y eso que población de la capital austríaca no llega a dos millones, mientras que en Madrid capital supera la barrera de los tres millones.

Entre las razones que explican por qué ha caído tanto la partida en vivienda destaca la propia crisis (la recaudación de impuestos se desplomó y el paro en máximos disparó el gasto en prestaciones por desempleo), así como un cambio de modelo de las políticas públicas en esta materia. En diciembre de 2012 acabaron las desgravaciones fiscales por la compra de la vivienda habitual, que fueron reemplazadas. De dar ayudas y subvenciones a la construcción y compra de casas, se pasó a fomentar el alquiler y la rehabilitación, así como la renovación y regeneración urbanas.

Esos fueron los objetivos prioritarios del Plan de Vivienda 2013-2016, que fue prorrogado en 2017, y unos de los más destacados del Plan de Vivienda 2018-2021 que fue aprobado el año pasado (aunque también hay subvenciones para los jóvenes que compren casa en zonas rurales) y que incluye una dotación de 1.443 millones de euros a repartir entre las autonomías. 

El mercado pide más oferta pública

Estos números llegan en un momento en el que los expertos piden más recursos públicos para ampliar el parque público de viviendas sociales en alquiler (en España suponen el 2,5% del parque total, frente al 4% de Alemania o Italia, al 17% de Reino Unido o Francia o al 30% que alcanza en Países Bajos, según la federación europea de vivienda social Housing Europe) y poder adecuar la oferta a la demanda, lo que ayudaría a reducir los precios de los arrendamientos.

A pesar de que el Gobierno se ha comprometido a promover unas 20.000 viviendas de alquiler asequible en los próximos años y de que los grandes ayuntamientos también están analizando cómo impulsar su ‘bolsa’ de viviendas baratas, el mercado considera que las medidas son insuficientes y pide más acuerdos público-privados para revertir la tendencia actual. Volviendo al ejemplo de Viena, la Administración posee más de 220.000 pisos públicos de alquiler.

Además, está advirtiendo del impacto que pueden tener los planes del Ejecutivo de sacar adelante una limitación a las rentas, propuesta que pactó con Podemos y que podría aprobarse a lo largo de este año. Los expertos recuerdan que este tipo de medidas ya ha fracasado en grandes capitales como Berlín o París y temen que provoque una reducción de la oferta, un aumento de los precios y un repunte de la economía sumergida.

 

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