Prórroga, créditos a inquilinos y ni un desahucio: las ayudas al alquiler por el coronavirus

El Gobierno de coalición PSOE/UP ha aprobado en el Consejo de Ministros una batería de medidas para “rescatar” a unos 500.000 inquilinos afectados por las consecuencias económicas provocadas por el coronavirus, según las estimaciones del Ejecutivo. Entre ellas se encuentra el acceso para inquilinos vulnerables a microcréditos avalados por el Estado, una prórroga de seis meses a los contratos que acaben a partir del 1 de abril o impedir los desahucios hasta final de año.

Las medidas que se han aprobado en el Consejo de Ministros de este martes 31 de marzo son:

• Una suspensión de los desahucios para aquellos inquilinos en situación de vulnerabilidad que se queden sin alternativa habitacional. La suspensión alcanzará los seis meses desde el fin del estado de alarma.  
• Para aquellos arrendatarios en situación de vulnerabilidad se aprobarán microcréditos a los bancos, sin intereses ni comisiones, avalados por el Estado que se podrán devolver en seis años. En caso de no poder devolverlo en ese plazo, se podría ampliar a cuatro años más.
• Se podrán acoger a este programa de microcréditos todos aquellos que no puedan hacer frente al pago del alquiler de sus casas por la pérdida de su empleo, acogidos a un ERTE o reducción de jornada. Esta medida también se amplía a los autónomos que estén sufriendo una caída sustancial de sus ingresos para poder pagar sus rentas.
• También, se aprueba una prórroga extraordinaria de seis meses en los contratos de arrendamiento de la vivienda habitual que venzan en los dos meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma. Esto significa que el propietario no podrá subir el alquiler durante el próximo medio año.
• En el caso de que el propietario de la vivienda arrendada sea un gran tenedor o un fondo de inversión - a partir de 10 inmuebles, ya sea persona física o jurídica -, el inquilino vulnerable podrá acogerse a una moratoria del pago de la renta mientras dure el estado de alarma o si persiste la vulnerabilidad (máximo de cuatro meses).
• Para devolver estas rentras aplazadas, el gran tenedor puede decidir si realizar una quita del 50% de la deuda que se ha generado o una reestructuración de la deuda en los próximos tres años.

Los arrendatarios cuyos arrendadores son grandes tenedores también pueden acogerse a las líneas de ayuda públicas.

Para Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista, "la actual situación requiere importantes medidas que hagan más leve a inquilinos y propietarios la crisis provocada por el coronavirus. Sin embargo, tratar de legislar todos los supuestos posibles y establecer diferencias entre los propietarios e incluso entre las familias vulnerables, en función de si viven alquiladas o en propiedad, no parece ser la mejor de las vías. Es posible que solucione el presente inmediato, pero desde luego no parece preocuparse de las consecuencias que sus medidas puedan tener para las personas en el medio o el largo plazo".

"En cuanto a cómo afectará esta decisión al alquiler, una vez la situación se normalice es indudable que se endurecerán, en el peor momento, los criterios para poder acceder a la vivienda a los grupos que ahora se pretende proteger, lo que les dejará más desprotegidos a futuro".

El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, destacó que “los pequeños propietarios que tengan inmuebles en alquiler van a percibir íntegramente las rentas, pero los grandes tenedores y fondos tendrán que arrimar un poco el hombro y hacer un esfuerzo como todo el mundo".

"Este decreto recoge medidas muy importantes para los inquilinos en situación de vulnerabilidad. Calculamos que cerca de medio millón de inquilinos pueden acogerse a estas ayudas. El Estado no va a dejar tirado a nadie. Las familias que se vean en la imposibilidad de pagar el alquiler o de devolver los créditos no van a ser expulsadas de sus casas, el Estado se hará cargo de la deuda”, añadió el vicepresidente y líder de Unidas Podemos.

En caso de que los hogares tampoco puedan hacer frente al pago de los microcréditos, contarán con una ayuda que podría llegar hasta un máximo de 900 euros al mes y hasta el 100% del principal e intereses del préstamo suscrito con el ICO, y de 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cifra el coste de los intereses y avales de los créditos ICO en unos 700 millones de euros, 300 en ayudas los perjudicados estructurales por la crisis y 400 a través del Plan de Vivienda 2018-2021.