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El ‘cura okupa’, condenado a un año y medio de cárcel por estafar a una anciana

Fuente: Unsplash
Fuente: Unsplash
Autor: Redacción

Las historias que rodean al fenómeno de la ‘okupación’ son muchas y variadas, pero cada vez rozan un poco más lo absurdo. La última viene de la mano de un ‘hombre sagrado’, al que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado una condena de un año y seis meses de prisión por un delito de estafa al dejar de pagar 2.095,24 euros en concepto de rentas a la arrendadora de su vivienda, situada en Palencia capital.

Corría enero de 2019 cuando el condenado, una “persona de apariencia amable y con cierta educación” según le describió la anciana, se escudó en la condición de sacerdote que decía ostentar para ganarse la confianza tanto de los responsables de la inmobiliaria que arrendaba el piso como de su propietaria, una mujer de 77 años, según ha comunicado el propio TSCyL.

Así, para la formalización del arrendamiento y la entrega de llaves se le indicó que pasara, en la tarde del 11 de febrero de 2019, a recoger el mismo para su rúbrica y abono de las cantidades estipuladas, lo que así hizo, salvo por un detalle: no llevaba efectivo. El cura aseguró que al día siguiente, cuando la entidad financiera estuviera abierta, le entregaría el dinero y acudiría a la inmobiliaria para abonar dichos importes.

La “fe cristiana” de la arrendadora hizo mucho más fácil la estafa. Finalmente firmó el contrato y le entregó las llaves del inmueble después de reiterarle el acusado que tenía urgencia en ocuparlo para no pagar más noches en un hotel.

Obviamente, el acusado no se personó al día siguiente en la inmobiliaria, poniendo excusas como “problemas con el banco o citas con el dentista”. Además, ocultó a la mujer que, aun siendo sacerdote, estaba en situación de la suspensión ‘ab divinis’ (apartado de los asuntos divinos) y que no podía ejercer el ministerio sacerdotal. Es decir, estaba suspendido del ejercicio de los sacramentos.

Finalmente, la propietaria decidió interponer una demanda, a la que el acusado respondió firmando un contrato de reconocimiento de deuda y de compromiso de abandonar la vivienda, si bien no lo cumplió y permaneció en ella sin pagar cantidad alguna.

El final de la historia acabo en junio del mismo año, cuando la propietaria logró recuperar su vivienda. El sacerdote, por su parte, fue acusado a que indemnizara a la propietaria del inmueble en las sumas de 1.725 euros, en concepto de rentas impagadas; 370,24 euros de gastos y consumos y 2.000 euros por daño moral, más los intereses legales.