Los desafíos de España para hacer más eficiente el parque de viviendas con los fondos europeos

Artículo escrito por Juan Jiménez-Hevia, Head of Iberia de Real IS AG

El respeto por el medio ambiente y una mayor atención a los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) son aspectos que se han convertido en cada vez más relevantes, tanto a nivel profesional como en el ámbito personal. Una omnipresencia que contrasta con la situación en la que se encuentra el parque de viviendas de nuestro país. España posee uno de los parques residenciales más anticuados de Europa: más del 50% del total de las unidades que lo componen supera los 40 años desde su construcción. Esto implica que tenemos un stock antiguo, poco eficiente a nivel energético y que no se adapta a las nuevas necesidades y demandas del mercado.

Unas circunstancias que ofrecen una repercusión negativa en todo el sector inmobiliario y de la construcción, dos de los sectores más contaminantes del planeta, según datos de informes publicados por la Comisión Europea, que calcula que estos sectores son responsables del 40% del consumo energético y del 36% de las emisiones de CO2. Según el Consejo Superior de los Consejos de Arquitectos de España (CSCAE), el parque de viviendas español es responsable del 25% de las emisiones de efecto invernadero.

La UE tiene el compromiso de convertir su actividad y la de sus miembros en más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Para ello, uno de sus objetivos más destacados y ambiciosos es el de reducir las emisiones de carbono y el sector inmobiliario está en el centro de sus políticas. En este sentido, el Parlamento Europeo ha respaldado que a partir de 2030 se imponga el objetivo de cero emisiones a todos los edificios de nueva construcción, un reto de neutralidad en emisiones que se exigirá al conjunto del parque inmobiliario en 2050. Así se recoge en la nueva Directiva de Eficiencia Energética en Edificios (EPBD), aprobada el pasado mes de marzo.

Teniendo en cuenta que el 80% del parque residencial español tiene una calificación energética de E o inferior (las más bajas existentes), el desafío se antoja complejo. Por suerte, la Unión Europea no se ha limitado a marcar el baremo, sino que también ha puesto en marcha las herramientas necesarias para que todos los países miembros tengan la oportunidad de adecuar su parque de viviendas a las exigencias fijadas. En concreto, el Consejo Europeo aprobó una dotación de más de 3.000 millones de euros, como parte de los conocidos como fondos Next Generation EU, precisamente para impulsar en España estas reformas con objetivos de eficiencia energética.

El potencial transformador que se atribuye a estos fondos es muy elevado. El Plan de Rehabilitación, Transformación y Resiliencia, el nombre que recibe en España el programa de ayudas con el que se distribuyen estos fondos europeos, cifraba en 510.000 el número de viviendas que se rehabilitarían con el apoyo del capital aportado por la UE.

No obstante, existe todavía una cierta discordancia entre el escenario que trazó la Unión Europea al diseñar los fondos Next Generation EU y el marco en el que ahora tiene que operar el sector inmobiliario residencial, teniendo en cuenta, además, que cuando se aprobaron estos fondos europeos (2020) el coste de los materiales requeridos para la construcción y rehabilitación era muy distinto al actual, lo que ralentiza la implementación de las ayudas.

También existe un problema con la distribución de estos fondos. Los responsables de hacerlo son las comunidades autónomas, de ahí que existan 17 regulaciones distintas para acometer reformas con objetivos de eficiencia energética en el mercado de estas ayudas. Esto puede tener menor incidencia sobre un particular de una región concreta, pero para aquellos grandes actores que operan en todo el entorno nacional, aquellos que verdaderamente pueden colaborar para alcanzar el ambicioso reto rehabilitador, implica un problema añadido.

Otra dificultad es la burocracia. Los interesados en reformar sus viviendas para cumplir con los objetivos de eficiencia energética que se ha marcado la Unión Europea tienen que presentar expedientes sobre las rehabilitaciones que se quieren emprender en las Oficinas de Rehabilitación de su correspondiente comunidad autónoma, pero lo cierto es que todavía se están aprobando muy pocos expedientes.

Un estudio elaborado por la consultora Arthursen para Andimac, la asociación que representa a la distribución profesional de materiales para la edificación y rehabilitación, estima que en 2024 va a producirse una caída de los visados de rehabilitación del 8,5%, continuando con la que ya se experimentó en 2023. En cuanto al número absoluto de viviendas que se renovarán durante el presente curso, el dato tampoco es especialmente alentador. De acuerdo con Andimac, este año se reformarán 1,8 millones de viviendas, sólo un 1% más que en 2023.

Se trata de unas cifras que suponen un problema ante el riesgo que el parque residencial español se quede desactualizado y pueda verse fuera del mercado cuando entren en vigor las nuevas normativas europeas, y la necesidad de devolver íntegramente los fondos europeos Next Generation EU que no se puedan ejecutar.

En este escenario, debemos ser conscientes de la oportunidad que tenemos con estos fondos Next Generation y de que la rehabilitación de viviendas con objetivos de eficiencia energética, además de una oportunidad de fomentar un uso eficiente de los recursos energéticos también supone una obligación marcada por la Unión Europea.

El Gobierno ha dado recientemente otro paso para impulsar estas rehabilitaciones, con la aprobación en Consejo de Ministros de una línea de 430 millones de euros para la rehabilitación de viviendas y espacios urbanos, pero tenemos que avanzar de manera más ágil. El futuro del mercado inmobiliario residencial español será sostenible o no será. Está las manos de todos los actores que participan en el sector inmobiliario mitigar el impacto que tendría en el sector la retirada del mercado de viviendas de aquellas unidades que no cumplan con los requisitos de la UE.