
Artículo escrito por Domingo Menéndez, gerente de Valdecarros
El estado de excepción es una situación extraordinaria en la que el Gobierno puede tomar medidas singulares incluso cuando tales medidas puedan limitar derechos de los ciudadanos. Y el problema de la vivienda en España es una situación extraordinaria que requiere de medidas excepcionales que, lejos de limitar derechos, se adopten precisamente para garantizarlos.
Empecemos por el principio, el parque de viviendas ya existente. Las medidas que se adopten deben tener como objetivo el incremento significativo de la oferta de vivienda en alquiler para residencia habitual, y tienen que estar orientadas en consecuencia a corregir los factores que han producido en los últimos años la disminución de esta oferta, fundamentalmente: la falta de seguridad jurídica y el incremento de otras formas de alquiler (vacacional o de temporada).
Para atajar el primero de los problemas es necesario reforzar la seguridad del propietario, logrando que, ante situaciones de ocupación o impago, la normativa garantice una rápida recuperación de la vivienda, y ello en concurso con las medidas que las Administraciones Públicas deban poner en práctica para proteger a los que realmente sean vulnerables.
Para atajar el segundo de los problemas, hay que regular los alquileres vacacionales en todos los niveles (local, autonómico y estatal), fenómeno que se ha “descontrolado” en los últimos años como consecuencia de la alta rentabilidad y como refugio para huir de la falta de seguridad jurídica del alquiler tradicional. Así, hay que favorecer las condiciones del alquiler para vivienda habitual frente al alquiler temporal, y para ello existen medidas fiscales tremendamente efectivas. Algunas medidas como las ayudas directas a determinados colectivos son parcialmente útiles para los beneficiarios directos, pero son negativas para el resto de la población pues alimentan el incremento de precio general.
Las medidas sobre el parque existente son las que tendrán un efecto más inmediato, pero no son suficientes. Es necesario acelerar la generación de nuevas viviendas, públicas y privadas. Para ello es preciso adoptar medidas extraordinarias y valientes, que terminen con el cuello de botella que generan los numerosos trámites e informes que ralentizan hasta la extenuación la gestión y urbanización de suelos. Ello pasa, entre otras cosas, por generalizar el silencio positivo en estos trámites administrativos, disminuir los plazos de emisión y resolución y reforzar de manera flexible y puntual si fuere preciso los recursos de las Administraciones Públicas dedicados a esta labor.
La aceleración de la generación de suelo no sólo incrementará la oferta de vivienda privada en venta y alquiler, sino que permitirá generar un necesario y muy importante parque de vivienda pública que para que sea eficiente, disponga de suficiente financiación y pueda desarrollarse con rapidez precisa de la aplicación de modelos de colaboración publico privada.
Una vez abordadas las medidas a adoptar sobre el parque existente y sobre la generación de nuevos suelos, es también importante adoptar medidas que anticipen el problema generado por la escasez de mano de obra cualificada para el desarrollo del importante volumen de viviendas necesario.
El problema es de tal envergadura que sólo admite soluciones urgentes y valientes. Todo lo demás es marear la perdiz.
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