Isabel Rodríguez aboga por que Europa permita prohibir la compra especulativa de vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha abogado por que Europa permita a los Estados miembros actuar en zonas tensionadas afectadas por la "subida descontrolada" de los precios y la tensión turística, con medidas como la prohibición de la compraventa especulativa de viviendas y la venta a fondos de vivienda protegida.

Así lo ha trasladado la ministra en un encuentro de trabajo con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; a la que también han asistido el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas; y el director general de Vivienda y Suelo, Javier Martín.

La ministra, que recientemente ha cumplido dos años en el cargo, y el consejero han tratado otros asuntos de interés, entre los que se encuentra el Plan Estatal de Vivienda, la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada de vivienda, la necesidad de regular el mercado del alquiler turístico y los avances de las inversiones del Ministerio en Canarias.

Regulación para garantizar el alquiler residencial

Según ha recordado el Ministerio a través de un comunicado, el Gobierno de España transferirá a Canarias en los próximos cinco años 222,6 millones de euros para políticas públicas de vivienda. Eso supone que la inversión total supondrá un incremento del 373% respecto al Plan Estatal que está en vigor.

En su tramitación, el Ministerio y Canarias han acordado incluir diferentes peticiones del Ejecutivo autonómico. Entre ellas, la financiación de los gastos de gestión e implantación del Plan con sus propios fondos, mejoras en las ayudas destinadas a combatir la despoblación y a movilizar viviendas vacías, y una mayor flexibilización de las ayudas para jóvenes, entre otras.

Rodríguez ha apostado en la reunión con priorizar el alquiler residencial sobre otras modalidades. Así, ha defendido una regulación "valiente" del alquiler turístico y la necesidad de avanzar en la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona de mercado tensionada de vivienda.

El Congreso rechaza prohibir las compras como inversión

El Pleno del Congreso, con la abstención del PSOE, ha rechazado este 27 de noviembre admitir a trámite la proposición de ley de Sumar que suponía una reforma de la Ley de Vivienda para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España.

La propuesta ha sido respaldada por Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Podemos, BNG y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó. De su lado, PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria han votado en contra; mientras que el PNV se ha abstenido como el PSOE.

Durante el debate de la iniciativa del pasado martes, Sumar defendió la propuesta porque la compraventa por parte de estos actores es más del doble que en el momento álgido de la burbuja del 2008.

En Cataluña, sin embargo, la Generalitat está buscando fórmulas para limitar las compras de viviendas como inversión y esta semana ha creado un grupo de trabajo conjunto entre el Ejecutivo catalán y el grupo parlamentario de los Comunes, que será el encargado de determinar hasta dónde puede llegar la regulación y qué efectos tendría sobre el mercado.

Este movimiento llega apenas un mes después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ordenara a la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, estudiar esta vía. “Todo lo que se pueda hacer con cierto realismo para garantizar la vivienda como un derecho, lo haremos”, afirmó Illa entonces.

Así, la región vuelve a situarse como laboratorio de políticas de vivienda en España, mientras empresas y promotores consideran errónea la dirección del Govern y alertan del impacto que tendría, por ejemplo, en operaciones de compra para rehabilitar. Algunos actores del sector hablan incluso de un ataque “a la propiedad privada”.