Sánchez anuncia una bonificación fiscal del 100% a los arrendadores que congelen las rentas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este 12 de enero que el Ejecutivo aprobará en las próximas semanas un real decreto ley que incluirá incentivos fiscales a propietarios que no suban el precio del alquiler cuando se renueven los contratos, la regulación contra el "fraude" en los alquileres de temporada y la limitación al "abuso" del alquiler por habitaciones. 

"Es sencillo: a quienes garantizan vivienda digna les apoyaremos y a quienes especulan con ello les pondremos freno", ha avanzado el jefe del Ejecutivo en su visita a los trabajos de demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid, para la construcción de 10.700 viviendas asequibles. Y ha insistido en que se trata de "tres medidas tan urgentes como contundentes". 

Nueva deducción fiscal por mantener la renta

Una de ellas es la puesta en marcha de una bonificación fiscal completa a los propietarios, del 100%, en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que compensará lo que ganarían si incrementaran el precio del alquiler al renovar el contrato a los inquilinos. "De esta manera ganamos todos: los inquilinos, porque van a permanecer en su vivienda sin más coste; los propietarios, que no tendrán que buscar otros arrendatarios ni renunciar a los ingresos; y gana también la sociedad y el conjunto del Estado", ha argumentado. 

Conviene recordar que, según el Ministerio de Consumo, este año van a expirar más de 630.000 contratos de alquiler firmados bajo la contención de precios aprobada durante la etapa del covid, y que será necesario renegociar las condiciones, lo que puede suponer un incremento de entre un 30% y un 50% de las rentas, lo que va a afectar a 1,6 millones de personas. La Cartera liderada por Pablo Bustinduy estima que a la familia que le afecta esta situación le supondrá un coste de unos 1.735 euros.

No obstante, Sánchez no ha precisado si la medida solo se aplicará sobre las renovaciones de los contratos -es decir, se mantiene el mismo inquilino- o si también se extenderá a los nuevos que se firmen con un nuevo arrendatario. 

El avance de esta iniciativa se produce un año después de que el presidente anunciara su intención de poner en marcha una exención del 100% del IRPF para propietarios que alquilaran su vivienda según el Índice de Precios de Referencia (SERPAVI), incluso si los inmuebles no se ubicaban en una zona residencial declarada como tensionada, dentro de un plan de choque en vivienda que incluía 12 medidas. Tal propuesta, sin embargo, no ha llegado a materializarse.

Medidas de los alquileres de corta duración 

La segunda medida que ha adelantado el presidente del Gobierno y que incluirá este real decreto ley es limitar los contratos de temporada para poner fin al "uso fraudulento evidente que se está produciendo", según ha explicado Sánchez. 

Para ello, el Gobierno fijará condiciones estrictas para que un contrato pueda considerarse de temporada y establecer un régimen sancionador para quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración, una normativa que lleva encallada más de un año en el Congreso de los Diputados. 

La tramitación de la ley auspiciada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG para regular los alquileres de temporada y de habitaciones seenfrió en las últimas semanas de 2025 por el bloqueo anunciado por Junts contra la iniciativa legislativa del Gobierno. El texto, entre otras cosas, crea la obligación por parte del arrendador de justificar la necesidad de temporalidad (por tanto, de probarla en unos términos equivalentes a lo que estipula la legislación laboral) y establece que el contrato de temporada no podrá exceder de nueve meses.

"Nuestras ciudades, por desgracia, se están llenando de contratos de temporada que obligan a las personas a renegociar y a vivir en la incertidumbre permanente sin un motivo realmente justificado, salvo el de la especulación y el de la codicia. Y, por tanto, no vamos a permitirlo. Por eso, vamos a restringir aún más este tipo de contratos, garantizando precios justos y los mismos derechos que los contratos de larga duración", ha puntualizado Sánchez. 

La tercera medida que se incluirá en la norma va destinada a poner freno a lo que ha calificado como "el abuso" del alquiler por habitaciones. "En los últimos tiempos hemos detectado una tendencia que es realmente preocupante y es la conversión de pisos completos en alquileres por habitaciones, con el único objetivo de incrementar las rentas", ha apuntado el jefe del Ejecutivo.

Por ello, el Gobierno pretende extender las garantías de los alquileres habituales a los de habitaciones. Así, los nuevos contratos de alquiler de este tipo deberán respetar dos condiciones: que la renta total del conjunto de habitaciones no va a poder superar la renta del contrato de la vivienda completa y, en zonas tensionadas declaradas, se les aplicarán los mecanismos de control de rentas que contempla la ley de vivienda. Esta regulación ya está en vigor en Cataluña desde el pasado 2 de enero. 

"Además de seguir construyendo más vivienda, como vamos a hacer aquí en la 'Operación Campamento', vamos a continuar interviniendo el mercado del alquiler en nuestro país. Y lo vamos a hacer porque algunos están utilizando la vivienda para enriquecerse sin escrúpulos, a costa del sufrimiento de cientos de miles de familias", ha señalado el presidente.

Las primeras reacciones políticas e inmobiliarias

El real decreto ley debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados, por lo que el Gobierno necesitará el apoyo de otras fuerzas parlamentarias para que estas medidas puedan entrar en vigor. Y este puede ser un escollo importante: Sumar ya ha adelantado que va a votar en contra de la deducción fiscal a los arrendadores.

Para el diputado de Compromís y portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, el decreto se ha hecho "pensando en los rentistas. Por tanto, no lo vamos a apoyar", ha dicho en declaraciones a los medios.

"Su propuesta es un regalo inaceptable a los rentistas mientras da la espalda a los inquilinos", ha subrayado el diputado en un mensaje publicado en la red social X, donde también ha confirmado que la norma "no contará" con el apoyo de Sumar.

A renglón seguido, Ibáñez ha señalado que el único decreto que debería presentar Sánchez en la Cámara Baja es uno para frenar la "subida masiva" en los precios de alquiler que va a suponer la renovación de los contratos de casi 600.000 personas en España y que amenaza "la seguridad y el bienestar de la mayoría de familias".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también se ha opuesto a las ayudas fiscales a los arrendadores. "Esto es para que ardan las calles en movilización social", ha arremetido Belarra en la red social X tras conocerse la medida del Gobierno que se plasmará en un decreto ley junto a otras medidas para regular los alquileres por habitaciones. "La solución del Gobierno a la brutal crisis de vivienda es más regalos fiscales a los caseros. En serio, basta ya", ha sentenciado.

Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu han censurado las ayudas fiscales en el IRPF a propietarios de vivienda que renueven los contratos de alquiler sin subir las rentas. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha lanzado esta reflexión en la red social X: "¿Qué puede llegar a pensar un trabajador sin casa de que alguien pague un total de 0 impuestos por tener casas?

Mientras, el portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, ha afirmado que lo que debe hacer el Gobierno es prorrogar automáticamente los contratos de alquiler que vencen este 2026, no "regalar dinero público a los caseros para que ganen aún más". En su opinión, "es una tomadura de pelo que pretendan librar de pagar impuestos a quienes ya cobran alquileres desorbitados".

Las críticas han llegado también desde VOX. El portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, ha desdeñado las ayudas fiscales a los propietarios de vivienda anunciadas y ha apuntado al jefe del Ejecutivo como el "máximo responsable" de la crisis habitacional que sufre el país.

En una rueda de prensa, Fúster ha recordado que ya hay activadas ayudas fiscales a los propietarios y ha incidido en que las políticas llevadas a cabo por el Gobierno, especialmente en lo relativo al control de precios, se han probado en otros países y "no funcionan". Durante su intervención, ha añadido que "Sánchez es el principal culpable y responsable de la crisis habitacional que tenemos". 

Desde el mundo inmobiliario también han llegado reacciones. Una de ellas es la de José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), quien valora de forma positiva las medidas anunciadas a falta de conocer su letra pequeña.

"La bonificación fiscal del 100% de los rendimientos a los propietarios que mantengan las rentas a la finalización de los contratos puede suponer un incentivo eficaz para contener la subida de los precios del alquiler. Se trata de una medida que beneficia tanto a los arrendadores, a través de la citada bonificación, como a los arrendatarios, al evitar incrementos en los nuevos contratos", afirma.

Por lo que respecta a los alquileres de temporada y al alquiler de habitaciones, en cambio, Zurdo considera que "las medidas anunciadas no resultan necesarias, ya que estas modalidades ya se encuentran reguladas en la actual Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). La propia ley, y especialmente la jurisprudencia de los tribunales, exige que los arrendamientos de temporada respondan a una causa de temporalidad concreta, definida y acreditada. En caso contrario, dichos contratos deben considerarse arrendamientos de vivienda habitual. Asimismo, en el caso del subarrendamiento de habitaciones, la normativa vigente ya establece que el precio del subarrendamiento no puede superar en ningún caso el del arrendamiento principal". 

En su opinión, el único aspecto que "podría resultar coherente reforzar sería el régimen sancionador, con el fin de garantizar el correcto cumplimiento de la normativa existente".

Desde la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) también consideran que elevar la reducción del IRPF del 50% actual al 100% "va en la buena dirección", aunque alerta de que "no será determinante ni tendrá efecto si no se prioriza dotar a los propietarios de seguridad jurídica para aumentar la oferta y se vincula únicamente a congelar las rentas al margen del mercado". 

Según la organización, "ninguna medida fiscal será eficaz mientras persista la actual inseguridad jurídica del arrendador, ya que es el principal motivo de la reducción de la oferta" y que "sin seguridad jurídica no habrá oferta, y sin oferta no bajarán los precios. Las políticas que se centran exclusivamente en limitar rentas o condicionar fiscalmente al propietario no solo no resuelven el problema, sino que tienden a retraer aún más la oferta de vivienda en alquiler”. 

Arranca la 'Operación Campamento'

Además de las tres nuevas medidas, Pedro Sánchez ha señalado que el Ejecutivo seguirá construyendo más vivienda pública para restituir el parque público, a través de la nueva Empresa Estatal de Vivienda, Casa 47, y el nuevo Plan Estatal de Vivienda, dotado con más de 7.000 millones de euros.

Después de que el Gobierno haya desbloqueado la 'Operación Campamento' de Madrid, paralizada desde 1989, este 12 de enero se inician las obras del Nuevo Barrio de Campamento, que acogerá 10.700 viviendas asequibles.

"Hace cuatro años tomamos la decisión de impulsar este proyecto y hoy echamos de las palabras a los hechos y por eso esta vez no venimos a presentar un plano, a prometer un futuro, lo que venimos es a iniciar las obras y a decir que hoy por fin empieza a construirse un barrio, un nuevo barrio en nuestro país, en la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Madrid", ha puesto en valor.

Por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha destacado en el acto que este proyecto es "el mejor" de todos los que se habían presentado en estos 40 años, ya que el 100% de las viviendas serán promovidas por la empresa pública y serán asequibles. "Habrá viviendas en alquiler y en propiedad, pero todas asequibles", ha destacado.

En el caso de los alquileres, se fijarán precios que no sobrepasen el 30% de la renta mediana de la zona para garantizar la asequibilidad; en el caso de las ventas, también se asegurarán importes por debajo del precio de mercado. Las viviendas serán accesibles para todas aquellas rentas que se sitúen entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y que no tengan otras propiedades.

Las 211 hectáreas (2.110.000 metros cuadrados) de superficie de Nuevo Barrio Campamento se distribuirán de la siguiente manera: un 25% de los terrenos irá destinado a la construcción de viviendas, mientras que el 75% restante se dedicará a usos públicos a través de equipamientos urbanos, calles, zonas verdes y espacios de disfrute para la ciudadanía.