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Nadia Calviño
Nadia Calviño, vicepresidenta de Gobierno Getty images

El Gobierno ha eliminado en Consejo de Ministros la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, con lo que a partir del 1 de julio esta medida ya no aplicará. Es decir, a partir del 1 de julio los inquilinos cuyos contratos de alquiler finalicen, no podrán solicitar la prórroga extraordinaria seis meses más. Se trata de una medida incluida en un real decreto aprobado el pasado 27 de diciembre de 2022, en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania. El partido de coalición, Sumar, ha arremetido contra el PSOE por poner fin a esta decisión.

Recordamos que esta prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio de 2023, se hacía a petición del arrendatario. Durante enero a junio de este año se han aplicado los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.

El arrendador debía aceptar la solicitud de prórroga, salvo que se hubieran fijado otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes o que este hubiera comunicado en tiempo y forma que necesitaba la vivienda para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción, o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

Sumar ha denunciado en bloque la decisión del ala socialista del Gobierno de eliminar la prorroga automática de los alquileres en el decreto de revisión de las ayudas anticrisis aprobado este martes, una medida vigente hasta el 30 de junio que permitía a los inquilinos extender seis meses la vigencia de los contratos los mismos términos y condiciones establecidos en el contrato que tuvieran en vigor.

Esta caducidad no ha gustado en el área de Sumar. Ya en la víspera del martes la líder de la nueva formación, Yolanda Díaz, señaló que había discrepancias con el PSOE para prorrogar esta medida. A juicio de la todavía vicepresidenta segunda, estas medidas son claves porque lo necesitan "muchas personas que viven con un alquiler".

Sigue en vigor el límite de la renovación del alquiler al 2%

Esta medida ya desaparece, pero el Gobierno ha recalcado que se mantiene durante este año 2023 el límite del 2% en la revisión anual de las rentas de los contratos de alquiler en vigor y que será del 3% en 2024, tal y como contempla la nueva Ley de Vivienda.

Así, la persona arrendataria de un contrato de alquiler de vivienda habitual cuya renta deba ser actualizada porque se cumpla la correspondiente anualidad de vigencia de dicho contrato, podrá negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta.

Eso sí, en ausencia de pacto, la renta del contrato no podrá actualizarse por encima de la variación experimentada por el Índice de Garantía de Competitividad, un índice situado actualmente en el valor máximo del 2% y que, de acuerdo con su propia definición, no puede superar en ningún caso ese porcentaje.

La cuantía del incremento a aplicar en la renta del contrato será la establecida en un nuevo pacto entre arrendador y arrendatario. En caso de no alcanzarse dicho nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta no podrá exceder en ningún caso de la referida variación anual del Índice de Garantía de Competitividad a fecha de dicha actualización.  

Por otro lado, el Gobierno ha prorrogado la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional.

Prórroga de la rebaja del IVA de alimentos y ayudas al transporte público

El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros un Real Decreto-ley para prorrogar algunas de las medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y la subida de precios que caducan el próximo 30 de junio, como las rebajas del IVA de los alimentos y las ayudas al transporte público.

"Hoy hemos aprobado un séptimo paquete de medidas aplicables a la segunda parte del año para seguir respondiendo con eficacia al impacto de la guerra en Ucrania", ha anunciado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En total, este paquete de medidas moviliza 3.800 millones de euros adicionales, aunque el impacto total --teniendo en cuenta las ayudas totales, con las rebajas de impuestos y bonificaciones--, es de 8.900 millones de euros en la segunda parte del año.

"En total, los siete paquetes aprobados movilizan más de 47.000 millones de euros en respuesta al impacto de la guerra", ha puesto en valor la vicepresidenta primera.

Se mantiene así la supresión durante seis meses del IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad, entre ellos el pan o la leche, y ha rebajado del 10% al 5% el del aceite y la pasta.

Entre otras ayudas que caducan el próximo 30 de junio y que se han prorrogado se encuentra también la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje de transporte público (el descuento de Cercanías de Renfe y media distancia ya se había extendido todo el año). El Gobierno seguirá bonificando con un 30% el transporte público del resto de administraciones siempre que se comprometan a aumentar este descuento hasta el 50%.

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