Paloma Martín es vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular y forma parte del núcleo de dirección del principal partido de la oposición al Gobierno. Además, es senadora por el Partido Popular y en esta entrevista con idealista/news pone los puntos sobre las íes al problema de la vivienda. Desde la subida de los precios de las casas y del alquiler, o la escasez de oferta en el mercado ante una demanda que no cesa, hasta la 'espantada' de pisos del arrendamiento habitual hacia los alquileres de temporada o el alquiler de pisos compartido.
La voz más experta en vivienda del PP, ya fue consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid entre 2019 y 2023 con Isabel Díaz Ayuso, deshoja las iniciativas del Gobierno, como la Ley de Vivienda o el aplazamiento de la Ley de Suelo, y destaca los programas e iniciativas de su partido para devolver al mercado residencial a la estabilidad y la seguridad jurídica que necesita para rebajar la actual tensión.
Los últimos informes de idealista constatan que estamos en precios récord, tanto en alquiler como en la compraventa de vivienda usada. ¿Cómo ves la situación del mercado de la vivienda en España? ¿Hemos vuelto a una burbuja inmobiliaria?
El Gobierno está dando todos los pasos para estrangular el mercado del alquiler y los resultados están ahí. Precios récord en materia de alquiler de vivienda con 13,2 € el metro cuadrado. Es un precio que no se había conocido hasta ahora. Pero no solo eso, sino que la edad de emancipación de los jóvenes se vuelve a retrasar. Más de 30 años para lograr la emancipación frente a los 26 años de la Unión Europea, y tienen que realizar un esfuerzo tan grande, la gente joven, que tiene que dedicar el 94% de su sueldo a pagar el alquiler. La política que está desarrollando el Gobierno es nefasta y si no se cambia de rumbo de forma urgente, los precios del alquiler seguirán subiendo en España.
El sector inmobiliario afirma que el problema está en la falta de oferta de vivienda, que hay poca vivienda en el mercado. ¿Crees que ese es el error? ¿Y cómo se soluciona?
Hay un desequilibrio evidente entre la oferta y la demanda. Cuando no se produce suficiente vivienda, ya sea de nueva construcción o reforma de la vivienda antigua y la demanda sigue incrementándose, sobre todo, en las ciudades en las que es atractivo vivir, pues se produce un desequilibrio que termina en un incremento de los precios.
Por eso, es tan importante apostar por la producción de vivienda, de nueva construcción y rehabilitación. Y, por eso, desde el Partido Popular hemos sacado un plan ‘Más Vivienda’ con 16 medidas concretas y una de ellas es, en primer lugar, poner más suelo en el mercado.
Poner suelo en el mercado es uno de los grandes problemas. Tanto el Gobierno como el Partido Popular han presentado sus leyes de suelo. ¿En qué coinciden y en qué se diferencian una de otra?
Este Gobierno lo que ha sido es un gobierno que se ha dedicado a hacer anuncios electoralistas en cada campaña electoral. Pero seis años después de estar en el Gobierno y de anunciar 184.000 viviendas en el mercado, no ha puesto ninguna.
Es más, el Gobierno es uno de los mayores propietarios del suelo a través del SEPES y uno de los mayores propietarios de vivienda a través de la Sareb, pero no da respuesta a la vivienda, más que controlar los precios, lo que hace que se retiren los pisos del mercado.
En el Partido Popular, hacemos justo lo contrario, ponemos suelo a disposición de la iniciativa privada para que construya viviendas en alquiler asequible, las gestione durante un plazo de 60 ó 70 años y luego las devuelva al patrimonio público.
Así se ha hecho en donde gobernamos, como la Comunidad de Madrid, pero este mismo ‘Plan Vive’ se está desarrollando también en otras comunidades autónomas. Andalucía lo tiene y Valencia ha empezado a hacerlo.
Es decir, que hay soluciones para dar respuesta a la necesidad de generar vivienda. Y es poner suelo que es público, que está improductivo, para que se pueda construir en ese suelo vivienda a precios asequibles y se ponga a disposición sobre todo de los jóvenes.
¿El sector responde a esa oferta de los ayuntamientos y las CCAA al sacar ese suelo público para la promoción público-privada? Pero ya hay concursos que se han quedado vacíos. ¿Qué es lo que hace falta para que el suelo que salga público se gestione bien?
El sector inmobiliario se encuentra con varios problemas. El primero de ellos es la inseguridad jurídica y la inseguridad jurídica es el cáncer de la inversión. Nadie quiere invertir en un país donde se genera inseguridad jurídica, como está haciendo el señor Sánchez con la Ley de Vivienda y, desde luego, con la retirada de la Ley del Suelo en el Congreso de los Diputados.
El segundo problema es el acceso a la financiación. Y aquí hay fórmulas que se pueden poner a disposición del promotor inmobiliario para que tenga capacidad y facilidad para acceder a la financiación. El Partido Popular ha llevado en su programa electoral para las elecciones europeas precisamente la posibilidad de acceder a través del BEI a financiación para que los promotores puedan construir sobre suelo público. Hay fórmulas que hacen más atractivas la construcción de viviendas en suelo público y eso es lo que hay que buscar, ponerlo a su disposición.
¿Y cuáles son las iniciativas en Vivienda que va a presentar el PP desde el Senado?
El Gobierno presentó una Ley del Suelo sin el consenso siquiera de sus socios de Gobierno. La llevaron al Congreso y solo el 23 de mayo, y unas horas antes de que se produjese la votación de las enmiendas a la totalidad, se dieron cuenta de que no contaban con el apoyo suficiente.
Ante esta situación, nosotros anunciamos la presentación de una Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda para modificar cuatro leyes que son fundamentales. En primer lugar, la Ley del Suelo para dar seguridad jurídica al planeamiento.
En segundo lugar, la Ley de Vivienda, donde lo que queremos es reformarla para que desaparezcan la declaración de zonas de mercado tensionado, el índice de precios de los alquileres y la tolerancia con la okupación, que es lo que lleva esta Ley de Vivienda del señor Sánchez.
En tercer lugar, proponemos también modificar la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa para reformar no solo las normas urbanísticas, sino aquellas de carácter procesal que necesitan los jueces y tribunales para aplicarlas correctamente sin generar esa inseguridad jurídica.
Y, por último, proponemos reformar también la Ley de Contrato de Concesión de Obra Pública para simplificar la tramitación de los informes sectoriales que han de dar las Administraciones.
La reforma de la Ley del Suelo es necesaria. Lo que sucede es que el Gobierno ha presentado una reforma coja. Es más, ni siquiera dentro de los ministros del partido socialista del Gobierno se pusieron de acuerdo. La ministra de Vivienda no se puso de acuerdo con el ministro de Justicia, de forma que no se incluyó en ese texto la reforma de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. Y la reforma es coja, porque solo se ciñe a aquellos planeamientos que han sido declarados nulos y sus efectos son muy inferiores a los que nosotros proponemos.
Nosotros proponemos reformar la Ley del Suelo para que ese silencio administrativo sea positivo en la concesión de licencias de nueva construcción. Eso no lo lleva la reforma propuesta por el señor Sánchez, es muchísimo más corta. La nuestra es reformista, ambiciosa, transformadora. Es lo que necesita el sector. Si no se cambia el rumbo de la política de vivienda, seguiremos condenando a los jóvenes a que tengan dificultades para poder alquilar una vivienda. Y el mercado lo están estrangulando con estas leyes: La Ley de Vivienda y el fracaso de la Ley del Suelo.
¿Cuál es el Plan de Vivienda alternativo que ofrece el Partido Popular?
Hemos presentado nuestro plan ‘Más Vivienda’ con 16 medidas concretas y cinco de ellas van destinadas a los jóvenes para facilitar el acceso a la vivienda, tanto en compra como en alquiler.
Proponemos poner suelo en el mercado para que las Administraciones Públicas puedan facilitar la construcción de vivienda. Proponemos incentivar a que los pequeños propietarios, que son los que tienen sus viviendas en el mercado de alquiler, se atrevan a sacarlas al mercado. A que no tengan miedo.
Apostamos, también, por una industria de la rehabilitación para que las viviendas que están obsoletas, fuera de uso y que necesiten una gran inversión, puedan salir al mercado. También con fórmulas de colaboración público-privada para sentar en una mesa al propietario de ese piso, que no está en condiciones de alquilar, y al rehabilitador y que puedan llegar a un acuerdo para reformar la vivienda, invertir el dinero que sea necesario y luego recuperar esa inversión con la renta del alquiler.
Por lo tanto, todas las fórmulas están orientadas a incrementar la oferta de nueva construcción, apostando por los nuevos desarrollos urbanísticos y a rehabilitar viviendas, pero, sobre todo, a facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda de los jóvenes.
Se está convirtiendo en un drama para ellos porque lo ven inalcanzable y o se da un giro importante a la política de vivienda que se está desarrollando ahora o no habrá futuro de vivienda asequible en España, y los jóvenes no se merecen eso.
Por eso, nuestras propuestas están orientadas a ofrecer un gran parque de vivienda a precio asequible, un 30% inferior al precio del mercado a los jóvenes para facilitar el acceso al alquiler mediante avales a las fianzas que se les exigen para poder alquilar, facilitar también avales para la compra, para la hipoteca de la casa que quieren adquirir y que luego si reciben dinero de sucesiones y donaciones de sus familiares, no tributen por ello si ese dinero va destinado a la vivienda.
Fíjese si es mala la Ley de Vivienda, que ni siquiera las CCAA gobernadas por el partido socialista están aplicando la zona de mercado tensionado un año después de haber entrado en vigor
Hemos hablado de la Ley de Vivienda y la Ley del Suelo ¿cree que estas normativas han generado esa inseguridad jurídica en el mercado?
La Ley de Vivienda extiende sus efectos en todas las comunidades autónomas. Es más, estuvo 15 meses en tramitación desde que lo aprobó el Consejo de Ministros hasta que definitivamente fue aprobada por el Congreso de los Diputados y fueron 15 meses de inseguridad jurídica.
Esta Ley de Vivienda en un año de vigencia, ha sido ya anulada en tres artículos y una disposición transitoria. Y todavía quedan pendientes siete recursos de inconstitucionalidad presentados por distintas comunidades autónomas y parlamentos autonómicos ante el Tribunal Constitucional, precisamente por atentar a las competencias autonómicas.
¿Esto qué significa? Que la ley ha nacido con una inseguridad jurídica desde el primer momento y con todos los informes en contra. No hay un analista económico que no diga que el control de los precios perjudica enormemente los alquileres y el mercado del alquiler. ¿Por qué? Porque cuando uno interviene, el mercado controla los precios. Se detrae la oferta, los propietarios huyen y sacan del mercado del alquiler sus viviendas y, por lo tanto, si hay menos oferta, se disparan los precios. Los resultados han sido absolutamente nefastos. Por eso, estamos en precios récord de vivienda.
Fíjese si es mala la Ley de Vivienda y la declaración de zonas de mercado tensionado, que ni siquiera las tres comunidades autónomas gobernadas por el partido socialista, Castilla-La Mancha, Navarra y Asturias, están aplicando la zona de mercado tensionado un año después de haber entrado en vigor. Solo Cataluña, que está dando todos los pasos posibles en la mala dirección para terminar con el mercado del alquiler, ha decidido declarar zonas de mercado tensionado. Y así están. Así están los datos. En Cataluña, se detrae la oferta y se disparan los precios.
Pero ya hay ayuntamientos en distintas partes de España que han solicitado que se les deje aplicar la zona de mercado tensionado, aunque el Gobierno de su Comunidad Autónoma haya declarado que no lo va a hacer. ¿Qué le dirías a esos ayuntamientos que están pidiendo un control de precios?
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular no van a aplicar el control de precios y ni van a declarar las zonas de mercado tensionado. Pero no por ideología, sino por análisis. Solo hay que ver lo que dicen todos los estudios económicos, desde el Banco de España al Fondo Monetario Internacional o FEDEA: que el control de los precios, lo que hace es disparar los precios del alquiler y además solo hay que mirar allá donde se han aplicado. En ciudades y regiones donde se han aplicado, lo único que ha hecho ha sido sacar viviendas del mercado e incrementar los precios.
Por lo tanto, hay que decir a los ayuntamientos que no actúen con dogmatismo, a aquellos ayuntamientos de la izquierda que lo están pidiendo, que hasta sus propias comunidades autónomas gobernadas por el PSOE han tomado la decisión de no declarar zonas de mercado tensionado, precisamente porque conocen los efectos de la aplicación de esas normas.
Tal y como aparece en la Ley de Vivienda, los alquileres de temporada, los alquileres compartidos o los pisos turísticos se quedaron fuera de esta normativa y ahora el Gobierno está haciendo reuniones con expertos y con las CCAA, la mayoría gobernadas por el PP, para intentar sacar un texto en común. ¿Sabe algo de cómo se está desarrollando esas conversaciones y el texto que se va a sacar?
El Gobierno ha provocado con la Ley de Vivienda que huyan del mercado de alquiler habitual a otros mercados, como es el mercado de alquiler de temporada y mercado turístico, precisamente esquivando ese control de precios y esa tolerancia con la ocupación, que son los dos elementos vertebradores de la Ley de Vivienda.
Y lo que está haciendo ahora es convocar a las Comunidades Autónomas, en el caso de los pisos turísticos, a los responsables de vivienda, cuando las competencias son de la parte de turismo y lo que no pone es ninguna solución encima de la mesa.
Y respecto a la vivienda de temporada, ha anunciado la creación de un grupo de expertos, pero desde luego no ha convocado a ese grupo de expertos a las Comunidades Autónomas. Y vamos a preguntar desde el Senado al Gobierno quiénes son los integrantes de ese grupo de expertos para analizar los alquileres de temporada.
Las Asociaciones inmobiliarias, las patronales del sector y todos los profesionales han hablado en más de una ocasión de la necesidad de un pacto de Estado por la vivienda entre los dos grandes partidos de España. ¿Qué es lo que falta para que PP y PSOE lleguen a un pacto de Estado en Vivienda?
Pues el Partido Popular llevó en su programa electoral de las elecciones generales, de hace ya casi un año, un pacto de Estado por la vivienda. Es decir, que somos muy conscientes que necesitamos sentarnos todos a hablar. Lo que sucede es que este Gobierno no habla con el principal partido de la oposición, con el Partido Popular. Y ante esa cerrazón, y cuando solo se une a Bildu, a los separatistas, a los independentistas y a la izquierda más radical, pues poco podemos hacer. Y, sobre todo, cuando se escriben las leyes al dictado de esos separatistas e independentistas, pues el problema está asegurado.
Otra de las iniciativas que ha sacado adelante el Gobierno son los avales ICO para ayudar en la entrada a la compra de vivienda. ¿Qué le parece?
El Partido Popular ha sido un referente en avalar a los jóvenes para la compra de vivienda. Lo hizo en el año 2021 el Partido Popular en el Gobierno de la Comunidad de Murcia, lo hizo en el año 22 en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y han sido los gobiernos del Partido Popular los que han iniciado esta senda de avalar las hipotecas para que los jóvenes puedan acceder a ellas. El Gobierno acierta cuando rectifica y cuando copia las medidas del Partido Popular.
Sobre los Avales ICO: el Gobierno acierta cuando rectifica y cuando copia las medidas del Partido Popular
Hay expertos en el sector que afirman que con esos avales ICO ocurrirá lo mismo que en Reino Unido con el programa ‘Help to Buy’, que ha favorecido durante años la financiación a los jóvenes para su primera vivienda, pero que diversos estudios ya confirman que supuso un aumento del esfuerzo de estos nuevos hogares al asumir precios de la vivienda más altos. ¿De qué manera se puede hacer en España para que no suceda lo mismo que en Reino Unido?
Los precios de la vivienda suben fundamentalmente debido a las medidas que está adoptando el Gobierno y en la inseguridad jurídica que genera. Se han batido todos los récords con el señor Sánchez de presidente. Por lo tanto, una política de vivienda equivocada lo que hace es que dispara los precios. La medida de aval para las hipotecas está orientada a aquellos jóvenes que, teniendo capacidad de pagar la hipoteca, no tienen los ahorros previos y por eso muchas veces los bancos les venían denegando la concesión de hipotecas. El alcance, digamos, de esa actuación respecto al mercado de precios es prácticamente inexistente.
Cuando se habla de la ocupación de vivienda, los datos suelen ser diferentes, según quien los comunique, si es el Gobierno o es la oposición. ¿Qué opinión le merece esa situación y qué es lo que ofrece el PP para acabar con la ocupación de vivienda?
Pues dato mata relato. Solo hay que ir a los datos oficiales del Ministerio del Interior, donde dice que cada año se producen 17.000 delitos y faltas relacionados con la ocupación. Cuando llegó Sánchez al Gobierno, esos delitos eran 13.000, por lo tanto, se ha incrementado considerablemente, Se ha incrementado casi un 40% desde que Sánchez es presidente.
¿Desde el Partido Popular qué hemos hecho? Hemos llevado al Senado una ley de lucha contra la ocupación para poder desalojar a los okupas en 24 horas, para impedir que se empadronen, para incrementar las penas por ocupación ilegal y también para poder perseguir a las mafias que lo que hacen es promover la okupación. Esas son medidas reales, las hemos llevado al Senado. Tiene que seguir su tramitación en el Congreso y nos preguntamos cuándo el Partido Socialista va a permitir que esa ley se debata en el Congreso de los Diputados, porque se aprobó en el mes de febrero. Estamos en el mes de junio y la tiene la ley guardada en un cajón.
Otra medida que ha anunciado el Gobierno es la que quiere ampliar el parque público de viviendas en alquiler social y asequible en 184.000 unidades en esta Legislatura. ¿Un parque público de viviendas, lo ve necesario el Partido Popular? ¿Hace falta incrementar el mercado de alquiler público para mejorar la situación de la vivienda en España?
Seis años de gobierno, 184.000 viviendas prometidas y están las comunidades autónomas y los ayuntamientos a la espera de ver qué hace el Gobierno, porque solo se acuerdan de la vivienda en campaña electoral.
Nosotros entendemos que se han generado nuevas fórmulas de colaboración público-privada que permiten generar vivienda a precio asequible, fundamentalmente para los jóvenes. Y en eso estamos centrando todos nuestros esfuerzos para poder ofrecer vivienda en alquiler, un 30% más barata que la del mercado a los jóvenes. Y eso se hace con esas fórmulas de colaboración público-privada, poniendo suelo público en el mercado para que la iniciativa privada construya esas viviendas.
Y, además, tenemos que mantener la política de vivienda social para aquellas personas que no tienen capacidad de pago, que tienen dificultades, que son personas vulnerables y necesitan ese esfuerzo colectivo de todas las administraciones públicas para disponer de una vivienda.
Y aquí, tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas y el propio gobierno disponen de un parque público de vivienda social. Pero se ha abierto esa nueva oportunidad de generar vivienda a precio asequible para que personas que sí pueden pagarlo, pero lo pueden pagar a un precio por debajo del mercado. Y ahí vamos a poner todo nuestro esfuerzo.
Ya la última pregunta. ¿Qué tal la relación con el Ministerio de Vivienda? Muchos gobiernos autonómicos del PP tienen que dialogar con el actual gobierno de coalición ¿Hay lazos, hay conversación pese a la pelea política?
Nosotros siempre hemos apostado por un pacto por la vivienda, porque es un problema absolutamente transversal que afecta a toda la sociedad. Interlocución desde la oposición con el Gobierno siempre hay. Lo que falta es voluntad por parte del Gobierno de sentarse en una mesa a hablar con el principal partido de la oposición.
No es capaz ni de poner de acuerdo a sus socios, solo pacta con los independentistas, con los nacionalistas y con Bildu. Con Bildu pactó la intervención del mercado del alquiler en 2023. Con el Partido Popular ha sido incapaz de pactar nada.
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