El acuerdo de PSOE y Sumar se debatirá el próximo lunes 18 de noviembre
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La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 14 de noviembre de 2024, en Madrid (España).
Eduardo Parra - Europa Press

El PSOE ha desconvocado por segunda vez esta semana la Comisión de Hacienda del Congreso que tiene que debatir la eliminación del régimen especial de las socimis o el proyecto para crear un nuevo impuesto mínimo global del 15% para las empresas multinacionales, ante la falta de acuerdo con sus socios, enfrentados entre sí en varios puntos.

La comisión ya se aplazó del lunes a este jueves ante la exigencia de ERC, Bildu y Podemos de hacer permanente el impuesto a las energéticas, algo que rechaza Junts porque puede poner en riesgo inversiones en Tarragona.

Y este jueves, horas antes de la comisión, el PP se ha abierto a apoyar el texto del Gobierno si sólo se ciñe al impuesto mínimo global, a combatir el fraude a los hidrocarburos y no se añaden nuevos tributos.

Si las exigencias del PP se cumpliesen, el texto superaría su trámite parlamentario sin ningún inconveniente al margen de lo que voten el resto de grupos, pero no incluiría la reforma fiscal que quería el Gobierno ante la imposibilidad de poner de acuerdo a todos los partidos en torno a los impuestos a la banca y energéticas, por lo que los socialistas han decidido esperar.

El acuerdo de PSOE y Sumar, que se debatirá el próximo lunes 18 de noviembre, contempla suprimir el régimen fiscal especial de las socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario). Según aducen los partidos, estos vehículos de inversión “solo tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades y no ha servido para mejorar la oferta de viviendas”. Su propuesta va encaminada a que estén sometidas al 25% general que se aplica a cualquier empresa. Un argumento que está levantando una oleada de críticas en el mercado, al considerar que no se ajusta a la realidad de este tipo de sociedades y que únicamente está sustentada en fundamentos ideológicos.

Hay un desconocimiento total por parte de los políticos sobre las socimis. La mayoría no se dedica al residencial, ni por volumen ni por número, sino a otros segmentos como las oficinas, la logística, los hoteles u otros activos como las residencias. Esto es una lucha populista, porque el 96-97% de las viviendas en España están manos de pequeños propietarios. El mensaje que se traslada es fatídico y confunde a la sociedad”, explica a este medio David Calzada, socio de auditoría y experto en Real Estate de Grant Thornton. 

Calzada recuerda que el régimen que se aplica en España es el mismo que funciona en Francia y muy similar al que existe en todos los países de la OCDE, independientemente de la inclinación ideológica de los Gobiernos, bajo el formato Real Estate Investment Trusts (REITs). Este modelo nació en EEUU en los años 60 y aunque su implantación en España ha sido tardía, es uno de los países donde esta figura está más asentada, junto con los mercados anglosajones, Bélgica o Lituania. Así, resume Calzada, “quieren cargarse algo que funciona”. 

Los efectos indeseados de eliminar las socimis

La Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) ha pedido "cautela" ante los cambios que el Gobierno está estudiando llevar a cabo para eliminar el régimen fiscal de las socimis. En su opinión, puede tener "efectos significativos en la cotización e incentivar la deslocalización de las mismas a otros mercados europeos".

En este sentido, las dos grandes socimis del Ibex 35, Merlin y Colonial, no han descartado que entre sus opciones se encuentre abandonar España si finalmente el Gobierno decide suprimir el régimen de socimis del que se benefician las dos y que les permite pagar un 1% de impuesto de sociedades, frente al 25% de tipo general.

La posible eliminación de las socimis supondría una reducción de entre el 7% y el 9% en el beneficio de Merlin Properties y de entre el 1% y el 5% en el de Colonial, según los cálculos del banco de inversión Jefferies, que recuerda que la primera tiene el 88% de sus activos en España y la segunda el 30%.

La Asociación de Propietarios de Espacios Comerciales (Apresco) ya ha advertido del posible cierre de los centros y parques comerciales que se encuentren en una situación económica complicada si el Gobierno aprueba la supresión del régimen de socimis.

Por su parte, la Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI) ha advertido de que la reforma fiscal propuesta por el Gobierno dirigida a las socimis pondría en riesgo hasta 15.000 millones de euros de operaciones en inversión desde 2014 en el sector en España.

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