Barcelona busca asesoría para gestionar sus locales comerciales y plantea crear una inmobiliaria municipal

La gestión pública de los locales comerciales de Barcelona no ha sido tan productiva como se esperaba. Es por eso que el Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado una licitación para contratar un servicio de asesoría externa con el fin de mejorar la gestión de los locales comerciales de su propiedad, una cartera que supera los 400 espacios en planta baja distribuidos por toda la ciudad. Este movimiento se enmarca en los planes del gobierno liderado por Jaume Collboni para crear una especie de inmobiliaria municipal que centralice y profesionalice la gestión de estos activos.

El contrato de consultoría, valorado en 304.920 euros, pretende ofrecer soluciones integrales para la selección de actividades comerciales, la comercialización de los locales, el cobro de rentas, el mantenimiento de los inmuebles e, incluso, la compra de nuevas propiedades. 

Según los documentos de la licitación a los que ha tenido acceso La Vanguardia, el objetivo es fomentar un comercio de proximidad dinámico y adaptado a las necesidades vecinales, mejorando la eficiencia en el uso de recursos públicos y generando oportunidades económicas.

Esta iniciativa llega tras los resultados desiguales de programas anteriores, como Amunt Persianes y Baixos de Protecció Oficial. Con Amunt Persianes, el Ayuntamiento destinó 17,5 millones de euros en 2021 para la adquisición de 35 locales, pero solo diez han comenzado a albergar negocios, mientras que otros cuatro están en proceso de apertura. En el caso del programa Baixos de Protecció Oficial, diseñado para dinamizar barrios como el Raval, solo 16 de una veintena de locales ofrecidos se destinaron finalmente a actividades económicas, y la mayoría no corresponden a los comercios de proximidad originalmente previstos.

Los retos que enfrenta la ciudad se ejemplifican en casos como el del local de 500 m2 en el Gòtic, antigua sede de El Ingenio. Adquirido en 2021 por 1,5 millones de euros para fomentar negocios destinados a los residentes, el mal estado del inmueble desanimó a los emprendedores. Esto obligó al Ayuntamiento a presupuestar otros 600.000 euros para su rehabilitación, unas obras que aún no han comenzado debido a la falta de inventariado del material artístico almacenado.

Otro caso es el de la librería Sant Jordi, a la que se adjudicó un local en la calle Robador en 2019. El traslado, sin embargo, sigue pendiente debido a la complejidad de mover mobiliario protegido y a cuestiones familiares tras el fallecimiento del propietario. Mientras tanto, el local permanece vacío, y la pancarta que anuncia el programa Baixos de Protecció Oficial se deteriora bajo el sol.

La nueva consultoría pretende resolver estos problemas estructurales, dotando al consistorio de un modelo más eficiente que permita activar los locales comerciales y, con ello, dinamizar la vida de barrio y fortalecer el tejido económico local.