Un juzgado de Madrid ha dictado una resolución sin precedentes que obliga a cerrar diez apartamentos turísticos en un edificio del barrio de La Latina para proteger el bienestar de una familia residente. La decisión se basa en la vulneración de derechos fundamentales, como la intimidad personal y familiar, y da la razón a una pareja y sus dos hijos que habían denunciado los graves perjuicios que les causaban estas viviendas destinadas al alquiler vacacional.
La familia, propietaria de una de las pocas viviendas residenciales del edificio, ha sufrido durante años ruidos constantes, suciedad en las zonas comunes y altercados provocados por huéspedes temporales, en su mayoría extranjeros y en estado de embriaguez. A esto se sumaban problemas de salud mental y física derivados del estrés y la falta de descanso, especialmente en los menores. Según el fallo judicial, cuatro empresas responsables de los pisos turísticos deberán indemnizar a los afectados con un total de 37.000 euros, incluyendo casi 10.000 euros para cada uno de los dos niños, según publica 'El País'.
La jueza encargada del caso, apoyada en jurisprudencia nacional e internacional, subraya que el derecho a la propiedad privada tiene límites y debe ejercerse con responsabilidad. La sentencia, emitida el 19 de junio por el Juzgado de Primera Instancia nº 44 de Madrid, prohíbe además cualquier actividad similar en el futuro en esa parte del edificio. El fallo es recurrible.
Desde su llegada al inmueble hace cuatro años, la familia había denunciado múltiples situaciones de insalubridad y descontrol: basura acumulada, toallas en los pasillos, muebles dañados y fiestas que se prolongaban durante la noche. Informes médicos y psicológicos presentados en el proceso confirmaron que tanto los padres como los hijos sufrían ansiedad, insomnio y otros trastornos, llegando la madre incluso a perder su empleo.
El Ministerio Fiscal se sumó a la demanda tras considerar acreditada la afectación a los derechos fundamentales de la familia. Durante el juicio declararon numerosos testigos, entre ellos un policía municipal que confirmó la reiterada presencia de personas ebrias, vómitos, orines en zonas comunes y, en al menos una ocasión, relaciones sexuales en espacios compartidos del edificio. También el portero del inmueble testificó haber denunciado actos vandálicos y robos.
El edificio, ubicado entre la Puerta de Toledo y la Plaza Mayor, ha sido objeto de una transformación radical: muchas de sus viviendas originales han sido divididas y reconvertidas en pisos turísticos. En la actualidad, alrededor del 75% de las unidades del inmueble están destinadas al alquiler de corta duración, mientras que solo una cuarta parte sigue teniendo uso residencial.
Uno de los testigos del juicio fue Mariano Rodríguez de Barutell, conocido como Nanín, excolaborador del expresidente del Real Madrid Ramón Calderón. Rodríguez, que explota varios apartamentos turísticos junto a sus familiares, reconoció durante el juicio que la convivencia con niños en el edificio es “muy complicada” y admitió que el modelo de negocio genera molestias constantes.
Con esta sentencia, el juzgado ha ordenado el cese inmediato de la actividad turística en los diez pisos directamente responsables de los perjuicios sufridos por la familia. No obstante, en la misma escalera existen otros siete apartamentos con el mismo uso, no incluidos en la demanda actual.
El caso ha sido calificado como pionero por el abogado de la familia, Miguel Rubio, quien destacó que la iniciativa no partió de una acción municipal, sino del esfuerzo individual de unos vecinos que decidieron recurrir a la justicia ante la ineficacia de las medidas administrativas previas.
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