Tradicionalmente, los okupas se han centrado en casas vacías o apartamentos bien ubicados. Sin embargo, en los últimos meses parece que se ha detectado un cambio de tendencia, ya que han aumentado las ocupaciones ilegales de casas de campo, terrenos agrícolas, e incluso plazas de aparcamiento.
Según el Instituto de Estudios Económicos, durante el 2024 se han interpuesto casi 16.500 denuncias por ocupación ilegal, un 7% más que el año anterior. Aunque este porcentaje es bajo respecto al total del parque inmobiliario, el impacto social y mediático es elevado, especialmente en Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana.
Entre estos denunciantes se encuentran desde agricultores que se han encontrado sus casetas y fincas okupadas, hasta vecinos que han denunciado que no podían utilizar su plaza de aparcamiento porque había otro vehículo que no era el suyo.
La proliferación de estos casos se atribuye a dos factores principales: la existencia de vacíos jurídicos que complican la recuperación de espacios no destinados a vivienda habitual, y el incremento de seguridad por parte de los propietarios ante el miedo de ver su casa okupada.
Este cambio de tendencia no solo se ha apreciado en España. En Francia también se han registrado okupaciones en viviendas rurales, fincas privadas, e incluso barcazas. Esto demuestra una evolución que podría intensificarse si no se toman las medidas oportunas.
Además, ha aumentado el crecimiento de la inquiokupación, arrendatarios que dejan de pagar el alquiler y recurren a la lentitud del sistema judicial para prolongar su estancia en la vivienda.
Este último movimiento, acompañado de la lenta respuesta legislativa, ha generado miedo en los propietarios de viviendas que está afectando a la oferta habitacional.
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Okupas 1 – Propietarios 0: la Justicia ordena a los dueños de una casa a devolvérsela a sus okupas en Gerona
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