El grave problema de la okupación atraviesa fronteras en Europa. El último caso que ha conmocionado a Francia y reavivado el debate de la usurpación de viviendas es el de un anciano de 95 años, que, tras ver su casa okupada durante meses, cuenta con una deuda de 17.000 euros en facturas que no puede pagar.
La historia de este hombre de 95 años comienza cuando recibe la notificación de que desconocidos han okupado su vivienda. A pesar de activar el protocolo legal casi de inmediato, la justicia francesa denegó el desalojo porque no se acredita violencia o intimidación en el acceso, aunque uno de los okupas admitió haber forzado la entrada.
Tras meses de actuaciones judiciales, cuando finalmente los ocupantes se marcharon, el propietario se encontró con una devastación total: paredes derruidas, baños arrancados y, lo peor, los grifos estuvieron abiertos durante meses, originando una factura de agua de 17.364 euros.
La pesadilla no terminó ahí. Aunque la empresa suministradora de agua prometía asistencia en casos de okupación, ahora se niega a asumir los costes, ya que el contador estaba a su nombre y, por ley, el suministro de agua no puede interrumpirse, aunque la casa esté usurpada.
Sin recursos para afrontar tal deuda y con una pensión mínima, el anciano se ha visto obligado a acudir de nuevo a los tribunales para no pagar una factura que no ha provocado.
Indignación en Francia
La historia de este hombre, símbolo de un drama en aumento, ha provocado una oleada de críticas en Francia y ha puesto de relieve que la okupación no deja de crecer en Europa, reflejando la desprotección a la que se enfrentan los propietarios.
En el país galo, el fenómeno de la okupación ha registrado más de 50.000 denuncias en lo que va de año, un 12% más que en el mismo periodo de 2024, según datos del Ministerio del Interior francés publicados por el medio Le Figaro Immobilier. Pero más allá de las cifras, la desprotección de los propietarios y, especialmente, de los más vulnerables, es cada vez más evidente en el país vecino.
El caso reabre, además, el debate sobre el equilibrio entre la protección de derechos básicos y la defensa de la propiedad legítima: ¿Hasta cuándo seguirán pagando justos por pecadores?
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