El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha convocado a las comunidades autónomas a una Conferencia Sectorial el próximo 2 de octubre para abordar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
La convocatoria llega después de que el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, haya reunido a la comisión multilateral de Vivienda y Suelo, en la que ha reiterado la mano tendida del Gobierno a las comunidades para acordar dicho plan, que prevé una inversión de 7.000 millones de euros.
En el encuentro, de carácter técnico, Lucas ha expuesto ante los responsables autonómicos el contenido del Plan, que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ya avanzó que se aprobará antes de que acabe el año.
El secretario de Estado ha subrayado que el Ministerio está abierto a incorporar nuevas aportaciones que puedan hacer las comunidades autónomas para "mejorar" el plan, ya sea a través del proceso de audiencia abierta o en reuniones bilaterales.
Así, ha incidido en que el diálogo y la cooperación entre las distintas administraciones competentes "son fundamentales para aportar soluciones que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada".
En la reunión también se ha abordado la tramitación del Bono Alquiler Joven para el año 2025, que está consignado en los Presupuestos Generales del Estado en vigor, y la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Al secretario de Estado le han acompañado el director general de Vivienda y Suelo, Javier Martín, y la directora general de Planificación y Evaluación, Ana Berenguer.
Las líneas maestras del Plan de Vivienda 2026-2030
El nuevo Plan de Vivienda prevé una inversión de 7.000 millones de euros, el triple de lo invertido en el Plan anterior, de los que el Estado asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas gestionarán el 40% restante.
La otras dos compromisos del Plan pasan por blindar el parque público de manera permanente e impulsar un sistema de datos públicos y fiables para favorecer la información transparente y clara a través de la colaboración con las comunidades autónomas.
Actualmente, el Plan se encuentra en audiencia pública y se podrán realizar aportaciones al mismo hasta el próximo día 7 de octubre.
En este proyecto normativo se regulan instrumentos de financiación y ayudas, estatales, a implementar en colaboración con las administraciones autonómicas para favorecer el acceso a la vivienda de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley por el derecho a la vivienda.
La ministra de Vivienda ha pedido en numerosas ocasiones a las comunidades autónomas su colaboración para este Plan. No obstante, hace unas semanas aseguró que si las autonomías no se sumaban, la inversión que estaba prevista para ellas, irá a "los ayuntamientos que quieran comprometerse en políticas de vivienda".
A pesar de ello, recientemente, Rodríguez ha asegurado que las comunidades se han mostrado "favorables" a hablar, salvo en el caso de Madrid, que ya ha trasladado su negativa a formar parte de este acuerdo. La ministra ha trasladado su confianza en alcanzar un acuerdo con las autonomías lideradas por el PP "si no hay una llamada de Génova".
"No espero nada de Feijóo, pero sí espero de quienes hoy presiden comunidades autónomas, aunque sus siglas sean las del Partido Popular y también de los alcaldes y alcaldesas que están en sus ayuntamientos con las siglas del Partido Popular", afirmó Rodríguez hace pocos días en una entrevista.
Las principales líneas del Plan contemplan que de los 7.000 millones, hasta un 40% se dirigirá a incrementar la oferta de vivienda pública; otro 30% se destinará a programas de rehabilitación de viviendas y barrios, atendiendo también a criterios de eficiencia energética; y el 30% restante irá destinado a ayudas emergentes.
El nuevo Plan se articula en torno a cinco ejes principales: el impulso a la construcción y adquisición de vivienda pública; la rehabilitación para mejorar la eficiencia y la accesibilidad; el desarrollo de líneas específicas de apoyo para reducir la edad de emancipación de los jóvenes; la rebaja de la tasa de esfuerzo para garantizar el acceso en condiciones de asequibilidad; y la reversión de situaciones en las zonas de mercado tensionado donde existen mayores dificultades para el acceso a la vivienda.
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