El Pleno del Parlamento de Canarias ha dado luz verde a la primera normativa que regulará las viviendas vacacionales en el archipiélago.
El pasado 12 de noviembre, la Cámara regional aprobó la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que actualiza y sustituye al Decreto 113/2015, que llevaba una década en vigor y "carecía de normas claras para propietarios, administraciones, ayuntamientos, cabildos y el propio Gobierno de Canarias", según ha afirmado Jéssica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno autonómico. Y ha puntualizado que la normativa "busca compatibilizar el legítimo ejercicio de esta actividad con el interés general" y que "aborda cuestiones como los límites del territorio y de esta modalidad turística, que hasta ahora no contaba con topes cuantitativos ni cualitativos".
En concreto, el articulado de la la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas en Canarias establece que los pequeños propietarios que cumplen con el decreto vigente podrán continuar desarrollando su actividad con normalidad, aunque no se podrán establecer nuevas viviendas vacacionales durante cinco años, hasta que los ayuntamientos cuenten con un planeamiento municipal que las habilite expresamente. Así, ha añadido la consejera, los consistorios "podrán decidir cómo, dónde, cuándo y cuántas viviendas vacacionales se permiten en su municipio, por zonas o núcleos, garantizando siempre que estas decisiones no afecten la calidad de vida de los residentes".
La nueva legislación establece que el 90% de las viviendas deberán destinarse a uso residencial, mientras que solo el 10% podrán ser de uso vacacional, y da a los ayuntamientos un plazo de seis meses para poner en marcha un plan de inspección.
Por otro lado, la norma establece que las Viviendas de Protección Oficial (VPO) no podrán destinarse al uso turístico y prohíbe lo que bautiza como los 'pseudohoteles'; es decir, edificios de grandes tenedores en los que todas las viviendas son vacacionales. Además, las nuevas viviendas no podrán destinarse al uso turístico hasta que transcurran 10 años desde su construcción, con el objetivo de garantizar el destino residencial para el que fueron concebidas.
La vivienda vacacional en Canarias
Canarias es la cuarta comunidad autónoma con más pisos turísticos, según el INE. En mayo, las islas contaban con 50.686 unidades, solo por detrás de Andalucía (96.176), Comunidad Valenciana (63.190) y Cataluña (56.851). En los últimos seis meses (noviembre 2024 a mayo 2025), el volumen ha bajado un 1% en la región. Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife están entre las cinco provincias con mayor número de pisos turísticos, junto con Málaga, Alicante y Baleares.
Según datos del Gobierno autonómico, el 44,6% de las viviendas vacacionales que hay en Canarias está en manos de personas físicas, mientras que el 55,3% de ellas están gestionadas por entidades o propietarios extranjeros, que también poseen el 55% de las plazas.
Desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) aseguran que la vivienda vacacional aporta más de 2.000 millones de euros anuales al archipiélago.
La ley llevaba pendiente un año y medio
La Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas ha tardado un año y medio en materializarse. El Gobierno de Canarias presentó el anteproyecto en abril de 2024 y ahora ha salido adelante con el respaldo de Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente. PSOE, Vox y Nueva Canarias votaron en contra.
La ley no solo ha dividido a la Cámara canaria, sino que también ha reavivado el debate entre el sector hotelero y los propietarios de este tipo de alojamientos. Desde Ashotel, la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, han celebrado la “claridad y el orden” que aporta la norma a una actividad que “interfiere en el acceso a la vivienda”, mientras que la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha criticado que supondrá la expulsión del turismo de miles de familias canarias.
Según el Ejecutivo regional, la normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y aún le queda camino por recorrer, tanto en términos de aplicación como de desarrollo.
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