El PP llevará al Senado una reforma que permita a los propietarios cortar los suministros de su casa okupada

El Senado abordará este miércoles una Propuesta de Ley impulsada por el Partido Popular para modificar el tratamiento penal del corte de suministros básicos, como agua, luz o gas, en viviendas okupadas. La iniciativa tiene como objetivo que los dueños de inmuebles puedan interrumpir estos servicios sin enfrentarse a un posible delito de coacciones. La medida llega después de que la ley ‘antiokupas’ impulsada por los de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta quedara bloqueada en el Congreso de los Diputados.

Los populares, que cuentan con mayoría en el Senado, buscan impulsar la reforma tras constatar un aumento de denuncias relacionadas con la okupación. Según los datos del PP, en 2024 se han registrado más de 16.000 incidencias de este tipo, un alza del 7,4% frente al año anterior.

La nueva propuesta pretende excluir de la tipificación de coacciones el cese de suministros en caso de ocupaciones no autorizadas, tal y como ya dictó la Audiencia Provincial de Barcelona en el mes de marzo y en lo que se basan los populares para poder llevar a cabo esta enmienda.

Confían en el apoyo de Junts o el PNV

Según las cifras, Cataluña es la segunda comunidad más afectada por esta lacra, solo por detrás de Andalucía, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por ello, una vez la medida sea aprobada en el Senado, confían en recibir el apoyo de Junts en el Congreso de los Diputados, tras anunciar su ruptura con el Gobierno de Sánchez, como confirmó su portavoz, Míriam Nogueras. Incluso, también se agarran a la posibilidad de que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) vote a favor de esta Propuesta de Ley en la Cámara Baja.

Con esta propuesta, los de Feijóo pretenden reducir el tiempo que un okupa pasa en una vivienda de manera ilegal, ya que carecerá de los suministros básicos de habitabilidad, aspirando así a evitar que se instalen en el inmueble.

Por otra parte, el Partido Popular quiere ofrecer seguridad jurídica a los propietarios, para que se animen a sacar al mercado del alquiler sus viviendas vacías, ya que, en caso de que el inquilino deje de abonar las mensualidades del arrendamiento y los correspondientes gastos, los dueños no tendrán que hacerse cargo del coste de los suministros.

Desde el partido han declarado al diario El Mundo que España tiene un problema grave con la okupación, catalogándola como una “urgencia social”. Además, han acusado al Gobierno central de tratar este tema como “bulo” y de no tomar las medidas “suficientes” para acabar con este asunto.

Se espera que el miércoles esta Propuesta de Ley reciba el respaldo del Senado, dado el peso del grupo popular en la Cámara Alta, pero la definitiva aprobación tendrá que darse en el Congreso, donde será clave la posición de formaciones como Junts o el PNV.