Pedro Sánchez anuncia un real decreto para ayudar a los propietarios ante impagos de alquiler

El Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros un real decreto con una partida que ayudará a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables. La medida la ha adelantado el presidente del Gobierno como unos de los compromisos para cumplir lo pactado con Junts. En materia de vivienda, Pedro Sánchez también ha destacado que se avanza en la tramitación parlamentaria para acelerar los procesos para desalojar inmuebles okupados, en otra de las peticiones del partido de Carles Puigdemont.

En una entrevista para la radio catalana 'Rac1', Pedro Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará un real decreto para facilitar y flexibilizar las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, una de las medidas pactadas con Junts para que apoyara la investidura de Sánchez en 2023.

Sánchez ha explicado que permitirá a los alcaldes tener más capacidad para invertir en proyectos que no conlleven gasto corriente como la construcción de vivienda, la gestión de agua, y un largo etcétera, para todos los ayuntamientos del conjunto del Estado.

Este mismo real decreto incluirá, entre otras medidas, la ampliación del plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas, otra petición de Junts que aún no se había avanzado.

El partido de Carles Puigdemont anunció hace unas semanas la ruptura total de relaciones con el Ejecutivo de PSOE y Sumar, sentenciando que “la legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada”. Prueba de ello ha sido la imposibilidad del Gobierno de aprobar la senda de déficit en el Congreso de los Diputados, el primer paso para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), tras el rechazo de una mayoría parlamentaria, con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN.

Promesas pendientes con Junts

Sánchez también ha anunciado un real decreto con una partida "que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables" otra de las peticiones del partido de Carles Puigdemont.

Los expertos inmobiliarios aseguran que esta medida llega siete años tarde. "Los propietarios nunca han pedido dinero al Gobierno. Solo esperaban poder alquilar sin miedo", añaden.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado en el Senado que el Consejo de Ministros del próximo 9 de diciembre aprobará esta compensación a propietarios en caso de impagos de alquiler, una medida en la que afirma que "el Ejecutivo empezó a trabajar como un real decreto ley hace meses y que concluirá ahora para que pueda estar en vigor este año".

"Se trata de dar garantías y sobre todo evitar esos discursos que alimentan el miedo", ha expuesto Rodríguez en declaraciones a los medios previas a su entrada al Pleno del Senado, aunque ha evitado dar detalles sobre en qué consistirán estas garantías.

Preguntado por el malestar de los socios de izquierda del Gobierno, la titular de Vivienda ha indicado que "desconocía ese malestar", pero que está convencida de que la actuación del Gobierno es muy determinada para garantizar el derecho a al vivienda en todos los frente".

"Desde la consecución del parque público de vivienda hasta la garantía de las personas que viven de alquiler para dar esa tranquilidad", ha expuesto.

Avanza la norma para el desalojo exprés de okupas

También en vivienda, y sobre la petición de Junts de acelerar los procesos para desalojar inmuebles okupados, Sánchez ha asegurado en la radio que "se está avanzando mucho y muy bien" en la ponencia en tramitación parlamentaria.

El pasado mes de marzo, el Parlamento aprobó una proposición de ley presentada por Junts para agilizar los desahucios y desalojar 'okupas' en un plazo de 48 horas. La normativa plantea cambios legislativos en el ámbito civil y penal para acelerar estos desalojo y contó con al apoyo de PP y PSOE, aunque con matices. Los socialistas ya anunciaron que añadirán enmiendas al texto de los independentistas.

Por ello plantean reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para potenciar la adopción de medidas cautelares y establecer una medida cautelar urgente de desalojo, cuando se interponga la correspondiente denuncia. 

En concreto, defienden que la recuperación posesoria se produzca en un plazo máximo de 48 horas y que se impidan dilaciones "por la alegación de vulnerabilidad por parte de los ocupantes ilegales del inmueble".

También quieren modificar la LeCrim para permitir el enjuiciamiento del delito leve de usurpación de bien inmueble por los trámites del juicio inmediato por delito leve. 

Otros asuntos que piden los nacionalistas catalanes son la multirreincidencia y la desclasificación de documentos secretos de la denominada Operación Cataluña, a falta también de una reunión cara a cara entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont.