El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto con una partida que ayudará a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables. La medida la ha adelantado el presidente del Gobierno como unos de los compromisos para cumplir lo pactado con Junts. En materia de vivienda, Pedro Sánchez también ha destacado que se avanza en la tramitación parlamentaria para acelerar los procesos para desalojar inmuebles okupados, en otra de las peticiones del partido de Carles Puigdemont.
En una entrevista para la radio catalana 'Rac1', Pedro Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros de este martes 2 de diciembre aprobará un real decreto para facilitar y flexibilizar las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, una de las medidas pactadas con Junts para que apoyara la investidura de Sánchez en 2023.
Sánchez ha explicado que permitirá a los alcaldes tener más capacidad para invertir en proyectos que no conlleven gasto corriente como la construcción de vivienda, la gestión de agua, y un largo etcétera, para todos los ayuntamientos del conjunto del Estado.
Este mismo real decreto incluirá, entre otras medidas, la ampliación del plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas, otra petición de Junts que aún no se había avanzado.
El partido de Carles Puigdemont anunció hace unas semanas la ruptura total de relaciones con el Ejecutivo de PSOE y Sumar, sentenciando que “la legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada”. Prueba de ello ha sido la imposibilidad del Gobierno de aprobar la senda de déficit en el Congreso de los Diputados, el primer paso para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), tras el rechazo de una mayoría parlamentaria, con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN.
Promesas pendientes con Junts
Sánchez también ha anunciado un real decreto con una partida "que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables" otra de las peticiones del partido de Carles Puigdemont.
Los expertos inmobiliarios aseguran que esta medida llega siete años tarde. "Los propietarios nunca han pedido dinero al Gobierno. Solo esperaban poder alquilar sin miedo", añaden.
También en vivienda, sobre la petición de Junts de acelerar los procesos para desalojar inmuebles okupados, Sánchez ha asegurado que "se está avanzando mucho y muy bien" en la ponencia en tramitación parlamentaria.
El pasado mes de marzo, el Parlamento aprobó una proposición de ley presentada por Junts para agilizar los desahucios y desalojar 'okupas' en un plazo de 48 horas. La normativa plantea cambios legislativos en el ámbito civil y penal para acelerar estos desalojo y contó con al apoyo de PP y PSOE, aunque con matices. Los socialistas ya anunciaron que añadirán enmiendas al texto de los independentistas.
Por ello plantean reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para potenciar la adopción de medidas cautelares y establecer una medida cautelar urgente de desalojo, cuando se interponga la correspondiente denuncia.
En concreto, defienden que la recuperación posesoria se produzca en un plazo máximo de 48 horas y que se impidan dilaciones "por la alegación de vulnerabilidad por parte de los ocupantes ilegales del inmueble".
También quieren modificar la LeCrim para permitir el enjuiciamiento del delito leve de usurpación de bien inmueble por los trámites del juicio inmediato por delito leve.
Otros asuntos que piden los nacionalistas catalanes son la multirreincidencia y la desclasificación de documentos secretos de la denominada Operación Cataluña, a falta también de una reunión cara a cara entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont.
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