El Pleno del Congreso ha dado luz verde a la prórroga para la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu, pero ha rechazado por segunda vez la senda de déficit, lo que reducirá el margen de gasto de las CCAA.
La ampliación del plazo para la llegada de Verifactu, que promueve la digitalización de los procesos de facturación en las empresas y que viene contemplada en el Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, ha salido adelante con 179 votos a favor, 168 en contra y 1 abstención. Además, se ha acordado por unanimidad su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Estaba previsto que Verifactu fuese obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos. Pero ambos plazos se retrasan un año: hasta el 1 de enero de 2027 y el 1 de julio de 2027, respectivamente. Su retraso viene "motivado tanto por la necesaria adecuación de los sistemas informáticos de facturación como para garantizar una implantación ordenada y homogénea en el conjunto del tejido empresarial. Así, se les da mayor margen y plazo para adaptarse al nuevo sistema", según explicó el Ministerio de Hacienda el pasado 2 de diciembre.
Impulsado por la Ley Antifraude, Verifactu regula los sistemas informáticos de facturación y permite dar más seguridad y trazabilidad de la facturación, así como otorgar mayor agilidad y facilidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias para pymes y autónomos.
No a la senda de déficit
Por otro lado, el Pleno de la Cámara Baja ha rechazado por segunda vez en menos de un mes los objetivos de estabilidad y de deuda para las administraciones públicas entre 2026 y 2028 con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, por lo que para elaborar los Presupuestos de 2026 se usará una senda fiscal más estricta para las comunidades autónomas.
Durante el debate de los objetivos de estabilidad, PP, Vox y Junts ya avanzaron su voto en contra de la senda de déficit y reprocharon que los objetivos presentados este jueves eran los mismos que se rechazaron el pasado 27 de noviembre y no se había introducido ningún cambio al respecto.
Tal como sucedió hace dos semanas, Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, se han abstenido; mientras que el resto de formaciones han apoyado el texto.
Pese al rechazo de la senda, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha confirmado que seguirá adelante con la presentación de los Presupuestos de 2026, que tendrán de base una senda fiscal más estricta para las comunidades autónomas.
Desde Junts le han advertido de que incumplir con Cataluña tiene consecuencias. "Ni objetivos hoy ni Presupuestos mañana", ha remarcado Josep Maria Cruset durante el debate en el Congreso de los Diputados.
La senda que ha rechazado el Congreso, y que supone el primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, fija una hoja de ruta para reducir el déficit del conjunto de las administraciones públicas desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028.
Para las comunidades autónomas se había propuesto un déficit del 0,1% del PIB para los próximos tres años, mientras que para la Administración Central se ha propuesto un déficit del 1,8% en 2026, del 1,5% en 2027 y del 1,4% en 2028.
No obstante, una vez rechazada la senda de déficit, entrará en vigor la plasmada en el plan fiscal estructural a medio plazo remitida el año pasado a Bruselas, que es la misma a nivel global, pero deja una décima menos margen de gasto a las comunidades autónomas y otorga una décima más a la Administración Central.
En concreto, los objetivos del plan fiscal estructural sitúan la senda en 2026 para las comunidades autónomas en la estabilidad presupuestaria (0% de déficit frente al 0,1% que propone Hacienda), lo que les resta margen de gasto a las regiones.
Esto supone que las comunidades autónomas tendrán que hacer un ajuste fiscal de 1.755 millones de euros en 2026 y, si se tiene en cuenta todo el periodo, se van a perder 5.485 millones en capacidad de gasto para el subsector comunidades autónomas.
Por comunidades, Madrid será la región que pierda un mayor margen de gasto entre 2026 y 2028, de unos 1.088 millones, mientras que en Cataluña será de 1.038,7 millones y en Andalucía, de 731,4 millones, según los cálculos del Departamento que dirige María Jesús Montero.
Le siguen Comunidad Valenciana (509,9 millones); Galicia (280,8 millones); Castilla y León (256,7 millones); Canarias (200,5 millones); Castilla-La Mancha 193,3 millones); Aragón (169,6 millones); Baleares (153,4 millones); Región de Murcia (144,2 millones); Asturias (103,3 millones); Extremadura (91,5 millones); Cantabria (60,7 millones) y La Rioja (38,6 millones).
Sigue toda la información inmobiliaria y los informes más novedosos en nuestra newsletter diaria y semanal. También puedes seguir el mercado inmobiliario de lujo con nuestro boletín mensual de lujo.
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta