Instalar un punto de recarga para un coche eléctrico en un garaje ya no deja lugar a dudas. El Tribunal Supremo ha fijado una doctrina clara: cuando el cargador se coloca en una plaza de garaje privativa, no es necesario pedir permiso a la comunidad de propietarios, salvo que la instalación cause una afectación innecesaria o desproporcionada de elementos comunes o un perjuicio acreditado a terceros. La sentencia pone fin a un conflicto habitual en muchas comunidades y supone un respaldo a los propietarios que apuestan por la movilidad eléctrica en edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal.

La transformación de locales en viviendas continúa ganando peso dentro del mercado inmobiliario, aunque sigue siendo un ámbito que genera importantes dudas fiscales.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha puesto orden en una cuestión que suele generar conflictos al terminar un contrato de alquiler: qué parte de la fianza puede retener el propietario y qué gastos, por el contrario, debe asumir él mismo.La sentencia analiza con detalle qué actuaciones eran impresci

El Tribunal Supremo ha consolidado un criterio jurisprudencial de gran impacto en la fiscalidad de los préstamos entre particulares, especialmente en el ámbito familiar. En una sentencia refuerza la posición de la Agencia Tributaria en la práctica inspectora y aclara que un contrato privado de préstamo no basta, por sí solo, para justificar el origen de fondos ingresados en una cuenta bancaria si no se acredita de forma completa la trazabilidad del dinero. Este pronunciamiento resulta especialmente relevante para contribuyentes que han recurrido a préstamos familiares como mecanismo de financiación, algo muy habitual en padres que quieren ayudar a sus hijos en la compra de su primera vivienda.

El Tribunal Supremo ha dado un paso determinante en la protección frente a las sanciones económicas impuestas por Hacienda.

El Tribunal Supremo ha aclarado una cuestión que genera dudas constantes entre autónomos y pensionistas que desarrollan actividades económicas de escasa entidad: si ingresar menos del salario mínimo interprofesional supone, por sí solo, no tener que darse de alta en el RETA.

¿Puede un propietario recuperar su vivienda ocupada sin que previamente se haya ofrecido un alquiler social? La Audiencia Provincial de Barcelona vuelve a responder a esta cuestión con una resolución que refuerza una idea ya conocida en los juzgados catalanes. La sentencia, dictada en julio de 2025, confirma un desahucio por precario y aclara hasta dónde llegan las obligaciones de los propietarios en materia de alquiler social. Un fallo que ayuda a entender cómo se está aplicando el derecho a la vivienda en la práctica judicial.

La Audiencia Provincial de Granada ha marcado un nuevo punto de referencia en los conflictos sobre reparaciones en contratos de alquiler, tras corregir una sentencia que obligaba a un inquilino a pagar la pintura y la limpieza del piso al final del contrato. El tribunal entiende que estas actuaciones forman parte del mantenimiento general del inmueble y, por tanto, corresponden al propietario, salvo que las partes hayan pactado lo contrario de forma expresa.

La aceptación tácita de la herencia es uno de esos conceptos que suelen pasar desapercibidos hasta que llega un caso que lo pone todo patas arriba. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha recordado en una resolución del 30 de octubre que un simple movimiento bancario puede convertir al llamado en heredero. El aviso no es menor: muchos cotitulares de cuentas desconocen que ciertos gestos aparentemente inocentes pueden activar de lleno el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD).

El Tribunal Supremo ha dado un giro trascendental a la forma en que los no residentes deben tributar por el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) en España. Con dos resoluciones dictadas con apenas unos días de diferencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo deja claro que la residencia fiscal no puede utilizarse como argumento para excluir a los no residentes del límite conjunto IRPF–IP previsto en el artículo 31.Uno de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. Ambas sentencias conforman un bloque doctrinal que el Supremo utiliza para reforzar un mensaje inequívoco: el límite conjunto no es un beneficio reservado a residentes, sino un mecanismo destinado a evitar efectos confiscatorios con independencia de dónde viva el contribuyente.