Un reciente fallo de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo introduce una excepción al criterio tradicional: los recursos de casación laboral podrán admitirse incluso cuando la cuantía del litigio no llegue al umbral de 150.000 euros, como establece la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), pero solo cuando se denuncia una infracción procesal que provoque indefensión y ponga en riesgo el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 24 de la Constitución Española. La sentencia supone un giro estratégico en la forma de afrontar litigios en materia laboral y de Seguridad Social, por lo que tiene efectos prácticos para empresas y trabajadores.

La instalación de ascensores es uno de los temas que más disputas genera en las en comunidades de vecinos, ante la duda de hasta dónde llega la obligación de los propietarios de pagar las obras. Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Burgos ha marcado un precedente más que interesante en este sentido: confirma que sí hay que asumir el coste del ascensor, pero no el de otras reformas adicionales que encarezcan el proyecto sin ser imprescindibles para la accesibilidad. En este caso, sustituir la escalera entera cuando adaptarla es suficiente.

Aceptar una herencia suele asociarse a recibir patrimonio, inmuebles o dinero en cuentas bancarias. Sin embargo, el Código Civil establece que la herencia también incluye las deudas que el fallecido dejó pendientes. Así lo ha recordado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en una sentencia que obliga a una heredera a responder con 67.064,34 euros frente a la Agencia Tributaria. En este caso, la familia optó por la aceptación pura y simple, lo que supuso que los herederos asumieran tanto la vivienda como las cuantiosas deudas fiscales. La alternativa para limitar la responsabilidad es la aceptación a beneficio de inventario, que permite responder a las deudas únicamente hasta el valor de los bienes heredados, protegiendo el patrimonio personal del heredero.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha cerrado la puerta a cualquier duda sobre el alcance de una desheredación. En una reciente sentencia, ha confirmado que la cláusula incluida en un testamento que dejaba fuera a uno de los hijos carece de validez y que éste mantiene su derecho a percibir la legítima hereditaria. Además, el tribunal ratifica que las partes apelantes deberán asumir las costas procesales.

La Audiencia Provincial de Tarragona ha dado un giro a un conflicto familiar que llevaba años en los tribunales. El caso, que enfrenta a tres hijos con su madre, deja una conclusión clara: si no se demuestra el carácter privativo del dinero de una cuenta conjunta, la ley presume que pertenece a los dos titulares por partes iguales, salvo prueba en contrario, por lo que dicha proporción puede llegar a formar parte de la herencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fijado un criterio relevante en materia fiscal que interesa a cualquiera que esté pensando en donar un inmueble y seguir viviendo en él o alquilarlo. La resolución, de 23 de abril de 2025, zanja un debate que llevaba tiempo generando dudas entre contribuyentes y asesores: ¿en qué momento debe fijarse la edad del usufructuario para calcular la ganancia patrimonial en el IRPF cuando se dona la nuda propiedad de una vivienda? Según el Tribunal, la edad a tener en cuenta es la que se tenía cuando se adquirió el pleno dominio del inmueble.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado una resolución muy relevante en materia de sucesiones y deudas hipotecarias. En una sentencia dictada en marzo de 2025, el tribunal absolvió a una mujer demandada por el impago de un préstamo hipotecario vinculado a un familiar fallecido, al entender que no había aceptado la herencia. La decisión refuerza un principio clave: ser llamado a heredar no implica automáticamente responder con el patrimonio personal por las deudas del causante.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha reavivado el debate sobre qué ocurre con los bienes adquiridos dentro del matrimonio cuando la convivencia se rompe, pero sin que medie una separación o divorcio formalizado. ¿Qué pasa con esa vivienda comprada décadas después de haberse separado de hecho? ¿Se considera ganancial o privativa? La respuesta, esta vez, es clara: si hay desvinculación personal y patrimonial prolongada, el bien no entra en la sociedad de gananciales. El fallo, que resuelve un conflicto hereditario entre hermanas, refuerza una línea jurisprudencial consolidada que afecta a miles de parejas que no regularizaron su ruptura.

¿Puede uno de los cónyuges reclamar dinero si su expareja ha vivido durante años en la vivienda familiar tras la separación? El Tribunal Supremo ha respondido con contundencia: no, salvo que exista un pacto previo o una previsión judicial expresa. En una reciente sentencia, la Sala de lo Civil recuerda que el uso atribuido judicialmente tiene una función asistencial y no genera, por sí solo, un derecho de crédito frente al otro progenitor.

Una sentencia del Tribunal Supremo dictada en 2022 estableció con claridad que una comunidad de propietarios puede ser responsable solidaria de las deudas salariales generadas por una empresa subcontratada para prestar servicios esenciales, como los de conserjería. Tres años después, la Sala de lo Social ha vuelto a pronunciarse en la misma línea en su resolución del 9 de julio de 2025, lo que ha devuelto a la actualidad este criterio y reavivado el debate entre administradores de fincas, comunidades de vecinos y profesionales jurídicos sobre la correcta gestión y contratación de servicios en el ámbito comunitario.