Gestionar una herencia no es tarea sencilla, y mucho menos cuando hay muchos herederos, un patrimonio voluminoso y conflictos familiares de por medio. Es precisamente lo que ha ocurrido en un reciente caso resuelto por la Audiencia Provincial de Asturias, que ha confirmado que el contador-partidor tiene derecho a cobrar sus honorarios tras intervenir en una herencia de notable complejidad. La sentencia, dictada en Oviedo el 27 de mayo de 2025 por la Sección Sexta de este tribunal, obliga a uno de los herederos a pagar más de 6.000 euros a este profesional, además de hacerse cargo de las costas del recurso que él mismo había presentado.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado una sanción de más de 26.000 euros que la Comunidad de Madrid impuso a una contribuyente por no incluir en la base del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones una donación recibida años antes del fallecimiento de la causante. El caso pone bajo la lupa un punto clave del sistema tributario español: la acumulación de donaciones a la masa hereditaria y la forma en la que la Administración debe justificar sus decisiones sancionadoras. En concreto, la sentencia insiste en que no todos los errores justifican una sanción.

Comprar una vivienda sobre plano puede parecer una buena forma de invertir una herencia, pero no siempre lo es… al menos desde el punto de vista fiscal. Una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (DGT) ha dejado claro que esa elección puede tener consecuencias inesperadas: la pérdida de la reducción por empresa familiar en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). La clave está en cómo, cuándo y en qué se reinvierte el valor heredado.

Miles de profesionales en España hicieron prácticas académicas en su momento sin saber que, años después, podrían contarlas como tiempo cotizado. Desde mayo de 2024, esta posibilidad es real: la Seguridad Social permite regularizar hasta cinco años de cotización a través de un convenio especial pensado para quienes realizaron esas prácticas sin remuneración o sin cotización obligatoria. Se trata de una medida ya en vigor, recogida en la Orden ISM/386/2024, y cuyo impacto podría ser clave en el cálculo de la pensión futura de muchos trabajadores. Te explicamos cómo funciona y si puedes beneficiarte de ella.

El distanciamiento entre padres e hijos no siempre nace del rencor. A veces, simplemente ocurre. Pero ¿puede esa falta de contacto justificar que un progenitor excluya a sus descendientes del reparto de su herencia? El Tribunal Supremo se ha pronunciado con claridad, y una vez más, la ley no permite desheredar sin una causa bien justificada. En una sentencia de junio ha confirmado que, aunque el vínculo esté prácticamente roto y la relación sea casi inexistente, eso no basta para apartarlos de su legítima hereditaria. La clave está en el motivo y la prueba.

La crisis eléctrica del pasado 28 de abril, que dejó fuera de servicio buena parte del sistema peninsular, ha llevado al Gobierno a mover ficha. El resultado es el Real Decreto-ley 7/2025, una norma que consolida la red eléctrica y redefine la gestión energética en los edificios, facilitando tanto la instalación de equipamiento común (paneles, bombas de calor, puntos de recarga...) como el reparto de energía en consumos colectivos.

Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha puesto el foco en un asunto tan delicado como habitual en los tribunales: la desheredación. El tribunal ha dado la razón a dos hijos y dos nietos que quedaron fuera del testamento de una mujer que alegaba haber sufrido maltrato psicológico por su parte. La resolución no solo anula parte del testamento, sino que reconoce el derecho de los demandantes a recibir su legítima, la porción mínima de la herencia que la ley reserva a determinados herederos. Este fallo reabre el debate sobre cuándo es válida una desheredación y qué se necesita para que prospere.

El Tribunal Supremo ha reiterado una doctrina establecida que incide directamente en los derechos económicos de los trabajadores: el recargo por mora salarial. Cuando una empresa se retrasa en pagar la nómina, el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores no deja lugar a dudas: debe abonar un recargo del 10% sobre lo que se adeuda. Y esta vez, lo ha recordado en el caso de más de una treintena de médicos.

No siempre que una persona mayor vive en una vivienda pública tiene garantizado que podrá quedarse en ella si deja de pagar. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) en una sentencia donde establece que la edad avanzada no justifica, por sí sola, la paralización de un desahucio por impago. Para invocar esa protección reforzada, es necesario aportar pruebas que acrediten dependencia física o psíquica grave, discapacidad reconocida o fragilidad social (por ejemplo, aislamiento o falta de apoyo familiar). En este caso, no se presentó ningún informe médico ni certificado de dependencia que justificara una afectación de tal magnitud.

¿Puede un vecino librarse de pagar unas obras si el problema afecta solo a su vivienda y lleva años denunciándolo sin éxito? La Audiencia Provincial de Madrid ha dicho que no, recordando que todos los propietarios deben asumir los gastos comunes, incluso cuando las consecuencias recaigan sobre un único inmueble. Esta sentencia se convierte en un ejemplo de cómo se aplica la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) en conflictos relacionados con el mantenimiento del edificio y sus instalaciones.