Impuesto grandes fortunas

El cerco del Gobierno sobre los grandes patrimonios no está dando el resultado esperado en términos de recaudación. Según el plan de control tributario de 2024 que ha presentado la Agencia Tributaria, las investigaciones sobre las personas físicas consideradas como grandes fortunas, sus entornos familiares y sus estructuras societarias se han disparado más de un 40% en el último año respecto al promedio de los seis ejercicios anteriores, con más de 1.200 expedientes en 2024. En cambio, la recaudación lograda a través de estas actuaciones apenas se ha incrementado un 5,6%, tras alcanzar 524 millones de euros. Respecto al promedio 2018-2023, ha habido 363 actuaciones más y solo se han captado 28 millones adicionales.

El Gobierno francés estudia rescatar la idea del anterior Ejecutivo, liderado por Michel Barnier, de imponer una tasa a las grandes fortunas, dejando al margen a las empresas, para incrementar la contribución de los altos patrimonios al nuevo contexto geopolítico que implica aumentar el gasto en defensa. El ministro de Finanzas francés, Eric Lombard, ha afirmado en una entrevista que la propuesta le parece "interesante" y se ha mostrado partidario de establecer un gravamen permanente para las personas físicas más ricas.

Los ingresos procedentes del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF) han pasado de 619 millones en 2023, cuando entró en vigor, a 38 millones en 2024, debido a la reactivación del Impuesto de Patrimonio por parte de varias comunidades autónomas, entre ellas Madrid, Andalucía o Galicia, ya que si existe el tributo autonómico no se paga doble tributación por el estatal. Cataluña (87.382), Comunidad Valenciana (28.009 ) y Madrid (23.486) concentran las grandes fortunas del país.

El Gobierno ha extendido el mínimo exento de 700.000 euros del impuesto de solidaridad a grandes fortunas a todos los sujetos pasivos, con independencia de que sean o no residentes en España, tras incluirlo en el real decreto-ley de medidas para hacer frente a la subida de precios y las consecuencias de la guerra en Ucrania y Oriente Próximo. Este nuevo gravamen se aplica a los patrimonios de más de tres millones de euros, y los no residentes están obligados a tributar por sus propiedades inmobiliarias en España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la prórroga parcial del decreto de 'escudo social' aprobado en el último Consejo de Ministros de 2023 para combatir los efectos de la inflación, la crisis energética y la guerra en Ucrania. Se mantendrá la suspensión de los desahucios a personas vulnerables hasta 2025, además de la ampliación de la gratuidad de los trenes y rebajas del 50% en otros transportes a todo 2024. Además, se retirará de "manera gradual" la bajada de impuestos vinculados con la electricidad y el gas natural durante los próximos seis meses, y se eliminan las comisiones por la amortización anticipada de las hipotecas a tipo variable.

El reciente aval del impuesto a las grandes fortunas por parte del Tribunal Constitucional (TC) el pasado 7 de noviembre ha desencadenado una oleada de llamadas de inversores adinerados a despachos de abogados para instalar su residencia fiscal en Portugal. El país vecino, aprovechando la situación, ha extendido por un año más su régimen fiscal especial para residentes no habituales, similar a la conocida Ley Beckham española, con el objetivo de atraer grandes patrimonios.

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ha registrado la proposición de ley para recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio durante el período de vigencia del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas del Gobierno central, después de que el Pleno del Tribunal Constitucional haya avalado el tributo esta semana gracias al respaldo de los magistrados progresistas. El texto ha sido registrado por el trámite de lectura única, que agiliza los plazos parlamentarios. con el objetivo de que lo recaudado se quede "en manos del contribuyente madrileño".

El Pleno del Tribunal Constitucional refrenda el impuesto a las grandes fortunas y tumba todas las impugnaciones del recurso que presentó la Comunidad de Madrid. El tribunal ha dictaminado que este gravamen no vulnera la autonomía financiera de las CCAA ni los principios de seguridad jurídica y no confiscatoriedad, como afirmaba la propuesta de sentencia de la magistrada progresista María Luisa Balaguer. Varios magistrados han formulado votos particulares al considerar que este tributo es ilegal, como afirman muchos expertos. Madrid aprobará una ley para quedarse con lo recaudado.

El acuerdo programático para formar un nuevo Gobierno de coalición progresista consta de 230 medidas que PSOE y Sumar quieren llevar a cabo durante la legislatura. Entre ellas plantean revisar los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas así como fijar un tipo del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre el resultado contable. En materia de vivienda se fijan políticas para alcanzar el 20% del parque público residencial y mantener las políticas establecidas en la Ley de Vivienda, como el control de alquileres, o ampliar las ayudas a los hipotecados con problemas. También se evaluará el Impuesto a las Grandes Fortunas, además de alcanzar una nueva jornada laboral de 37,5 horas.

Las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya han publicado sus respectivos anteproyectos para poner en marcha el impuesto a las grandes fortunas que entró en vigor en el régimen común a finales del año pasado y en cuya tramitación parlamentaria se abstuvo el PNV. La propuesta establece unas condiciones más laxas que la figura estatal, al afectar a patrimonios de al menos 3,2 millones de euros, frente a los 3 millones que se aplican en términos generales; y al establecer cuatro tramos. El tipo máximo del 3,5% solo se aplicará a fortunas de más de 16 millones de euros, frente a los 10 millones del régimen común.

La Asociación Española de Asesores Fiscales lanza una recomendación a los contribuyentes afectados por el Impuesto de Solidaridad que entró en vigor a finales de 2022: hay que declarar el tributo y después recurrirlo. Según la AEDAF, este gravamen tiene visos de ser inconstitucional tanto por la forma en la que se aprobó como por su contenido, aunque si el Tribunal Constitucional falla a favor de los recurrentes, solo podrían recuperar las cantidades pagadas más intereses quienes lo hayan impugnado. Los asesores aconsejan presentar las alegaciones a partir de septiembre y prevén un porcentaje elevado de casos.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Comunidad de Madrid y por la Xunta de Galicia contra el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Pero ha denegado la suspensión cautelar de esta norma impugnada a petición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Ambas CCAA estiman que este tributo vulnera varios derechos de la Constitución: el principio de seguridad jurídica o el de capacidad económica y no confiscatoriedad.

La Xunta de Galicia ha aprobado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas aprobado por el Gobierno central y que entró en vigor en diciembre de 2022. El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha indicado que detectan varias vulneraciones, entre ellas una a la autonomía financiera de la comunidad, por los tributos que tiene transferidos. Así, se suma a la Junta de Andalucía que también recurrió este tributo y que acaba de ser admitido a trámite por el Constitucional.

El Tribunal Supremo no permite deducir en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) deudas de IRPF de ejercicios anteriores que se liquidaron con posterioridad. Es el caso, por ejemplo, de un ciudadano que quiso deducir en el IP de 2013 deudas del IRPF de 2011, 2012 y 2013 que no le fueron liquidadas y exigidas hasta 2017. Es decir, sólo se podrán deducir las deudas correspondientes al ejercicio en que se notifiquen. Esto mismo se puede aplicar también al nuevo impuesto a las grandes fortunas (Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas), que grava también el patrimonio neto del contribuyente.

El Tribunal Supremo ha establecido que exigir un tributo en el mismo ejercicio en que entre en vigor su ley reguladora no vulnera el principio de irretroactividad, siempre que su periodo impositivo sea el año natural, que se devengue el último día de dicho año y que su entrada en vigor haya sido anterior a la fecha de devengo. Es el caso del impuesto a las grandes fortunas, que entró en vigor el 29 de diciembre de 2022 y que su devengo se fijó el 31 de ese mismo mes.

El pasado 29 de diciembre entró en vigor el impuesto a las grandes fortunas, lo que permite a Hacienda gravar ya el patrimonio en el ejercicio 2022 y empezar a recaudar en 2023. Ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que van a presentar un recurso contra este tributo ante el Tribunal Constitucional por vulnerar seis principios de la Carta Magna. El consejo fiscal es autoliquidar el impuesto de solidaridad dentro de los plazos reglamentarios y, acto seguido, solicitar la rectificación de dicha autoliquidación y la devolución de ingresos indebidos.

Las prisas no son buenas consejeras… ni para el Gobierno. Sus ansias por que entrara en vigor este año el impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas (ISGF) con efectos retroactivos le ha traído un inesperado regalo para madrileños, andaluces y gallegos, es decir, a contribuyentes que residen en CCAA donde el Impuesto de Patrimonio (IP) está bonificado parcial o totalmente. La ley establece un límite que beneficia a los contribuyentes de estas tres regiones españolas porque pagarán menos por el impuesto a las grandes fortunas.

El impuesto a las grandes fortunas esconde una desagradable sorpresa para los extranjeros no residentes que tengan un patrimonio inmobiliario por encima de los 3 millones de euros: ellos también deberán pagar este tributo. El mercado de la vivienda de lujo puede tambalearse si finamente se aprueba esta regulación (que ya está en el Senado), ya que son uno de los principales compradores de este tipo de propiedades. Aunque nace inicialmente para ser temporal, podría venir para quedarse, y es complementario al Impuesto sobre el Patrimonio. El Gobierno ha anunciado que su objetivo es aplicar este tributo ya en 2022.

El Congreso de los Diputados ha aprobado la proposición de ley para introducir nuevos gravámenes a empresas energéticas y banca, en la que PSOE y Unidas Podemos añadieron vía enmienda el impuesto a las grandes fortunas. Los contribuyentes más afectados por el llamado Impuesto de Solidaridad serían los residentes en Madrid y Andalucía, dos regiones que bonifican el Impuesto al Patrimonio.

El presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich, ha advertido este jueves de que el nuevo impuesto solidario sobre grandes fortunas podría ir en contra de la capacidad normativa que tienen las Comunidades Autónomas, "demostrando el fracaso que supone seguir con un sistema de fi

El nuevo ministro de Finanzas del Reino Unido, Jeremy Hunt, ha anunciado el desmantelamiento de la práctica totalidad del plan de rebajas fiscales y gasto público anunciado por el Gobierno británico el pasado mes de septiembre, al revertir casi todas las rebajas de impuestos anunciadas y recortar el alcance de los planes de gasto, incluido el tope aplicado a los precios de la energía para los consumidores, que solo se mantendrá hasta abril de 2023.

El magnate Jim Ratcliffe, con una fortuna de 23.000 millones de euros gracias a la industria petroquímica, abandona Londres rumbo a Mónaco ‘cansado’ de pagar impuestos en Reino Unido, pese a que este millonario apoyó de forma abierta el Brexit y la salida de la UE.