Sentencia Tribunal Supremo

Una sentencia del Tribunal Supremo confirma que utilizar de forma fraudulenta una tarjeta de crédito o débito puede acarrear una condena de prisión aunque el importe defraudado no alcance los 400 euros. La resolución analiza el caso de un hombre que pagó tres consumiciones por un total de 31,50 euros. Los hechos se remontan a la madrugada del 14 de diciembre de 2024, en Girona. Una mujer se encontraba en un establecimiento cuando le sustrajeron su bolso, que contenía una tarjeta bancaria. La resolución no atribuye al acusado la sustracción del bolso, sino el uso posterior del medio de pago, que poco después utilizó en otro local para abonar tres consumiciones de 10,50 euros cada una.

Una sentencia del Tribunal Supremo ha avalado que pueda limitarse el acceso a la identidad de determinadas empresas cuando su divulgación incremente el riesgo de okupación de alguna de sus viviendas. El fallo analiza el delicado equilibrio entre transparencia y seguridad a raíz de la petición formulada por una periodista. Los datos solicitados incluían datos como el número de inmuebles arrendados, los municipios donde se ubicaban o si pertenecían a personas físicas o jurídicas. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) permitió el acceso a dichos datos, si bien determinó que la identidad de las personas físicas debía aparecer anonimizada.

El Alto Tribunal ha dictaminado en una sentencia reciente que el retraso en la entrega de una vivienda puede considerarse por sí mismo un daño indemnizable y que puede cuantificarse con el alquiler de una vivienda similar durante el tiempo de retraso. El caso afecta a una promoción de 159 viviendas en el Ensanche de Vallecas (Madrid), que debía entregarse en agosto de 2007, pero que se escrituró en verano de 2008. La Audiencia Provincial de Madrid había concedido la indemnización a los compradores y la promotora acudió al Supremo vía recurso de casación, aunque finalmente ha sido condenada a pagar la indemnización, así como las costas.

Una transferencia bancaria puede acabar en la cuenta equivocada por un simple descuido al teclear el IBAN. Pero ¿qué ocurre cuando el banco es informado después de que ese dinero no iba destinado al titular de esa cuenta? El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse sobre esta situación y confirma la responsabilidad de una entidad por no actuar tras tener conocimiento de una transferencia realizada por error. La sentencia, que aborda la operación errónea por importe de 28.500 euros que realizó una empresa a otra mercantil, determina que el banco debió adoptar medidas a su alcance para facilitar la devolución de los fondos al cliente o, al menos, para reducir el perjuicio sufrido.

Un juez de Roquetas de Mar (Almería) ha puesto el foco en una peligrosa confusión: equiparar a cualquier persona que permanece en un inmueble contra la voluntad de su propietario con un okupa. La advertencia llega tras abrir diligencias por un posible delito de coacciones contra el dueño de una vivienda que ordenó cortar la luz y el agua a la antigua propietaria, de 88 años. El juez advierte, precisamente, de los problemas que puede acarrear una interpretación que lleve a confundir ocupantes ilegales con personas en situaciones jurídicas diferentes.

El Tribunal Supremo ha acordado dejar sin efecto el interés del 6,50% de una hipoteca inversa otorgada por Kutxabank en 2010 por falta de transparencia en la redacción de la cláusula, que establecía que los intereses se sumaban al capital para generar nuevos intereses. En primera y segunda instancia se había declarado este apartado como abusivo y su nulidad parcial. La sentencia no genera jurisprudencia para el conjunto de las hipotecas inversas, porque parte de un caso muy concreto, señala el juez. De esta forma, el contrato continúa vigente, pero sin el interés remuneratorio previsto en dicho apartado.

Una cosa es que una empresa pueda organizar el trabajo y otra que pueda asignar cualquier tarea a sus empleados. La movilidad funcional tiene límites y así lo confirma una sentencia del Tribunal Supremo que analiza si los trabajadores de supermercados pueden realizar tareas de limpieza de baños y otras zonas comunes durante su jornada. El alto tribunal fija límites a la movilidad funcional y restringe la limpieza de baños y otras zonas cuando no encaja en las funciones del puesto.

¿Cuándo prescribe la acción de un Ayuntamiento para ejecutar un aval urbanístico? Una sentencia del Tribunal Supremo aborda esta cuestión al analizar una garantía constituida en un contrato administrativo para la ejecución de un Programa de Actuación Integrada (PAI) adjudicado por el Ayuntamiento de Sant Mateu. El alto tribunal considera que el Código Civil rige una garantía que aseguraba el cumplimiento de un contrato para ejecutar un Programa de Actuación Integrada y aplica el plazo de prescripción de cinco años.

Una herencia puede complicarse incluso antes de que llegue el momento de repartir los bienes. Basta con que aparezca alguien que reclame ser hijo del fallecido para que las operaciones particionales entren en un terreno delicado. Es lo que ocurrió en el caso que ha resuelto el Tribunal Supremo en una sentencia donde confirma la anulación de una partición que realizaron dos herederos mientras estaba pendiente un procedimiento judicial de filiación. La clave no está únicamente en que aquella mujer acabara siendo reconocida como hija del fallecido. El Supremo analiza, sobre todo, qué sabían los demás herederos cuando repartieron los bienes y cómo realizaron esa partición.

Aparecer en un fichero de morosos puede complicar el acceso a financiación, algo que preocupa especialmente a quienes están barajando pedir una hipoteca. Pero no toda deuda pendiente puede terminar legítimamente en uno de estos registros. En una sentencia reciente, el Tribunal Supremo ha determinado que la empresa Cofidis vulneró el derecho al honor de una prestataria al incluir sus datos en SNEF mientras la obligación dineraria estaba siendo cuestionada, ya que la deudora había impugnado la validez del contrato por su posible carácter usurario e incluso acudió a los tribunales antes de aparecer en el registro.

La hipoteca inversa es una vía a la que recurren muchas personas mayores para obtener liquidez sin tener que vender su vivienda, ya sea mediante una disposición inicial, una renta periódica o una combinación de ambas, pero la forma en que se calculan los intereses puede tener un gran impacto en la deuda que finalmente recaerá sobre la herencia. El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse sobre esta cuestión en una sentencia donde declara nulo el pacto que fijaba los intereses remuneratorios porque la cláusula no dejaba suficientemente claro cómo se calculaban esos intereses y sus consecuencias económicas.

Ya sabemos que construir en suelo rústico puede tener consecuencias penales, ¿pero qué pasa con la edificación una vez dictada la condena? ¿Se debe demoler o puede mantenerse cuando se utiliza como residencia habitual? ¿Y qué ocurre si existen otras construcciones similares en la zona? El alto tribunal rechaza que el uso como vivienda habitual, la existencia de otras construcciones o una futura reforma del planeamiento eviten el derribo. En concreto, el Supremo acaba de pronunciarse sobre estas cuestiones en una sentencia que refuerza la demolición como consecuencia jurídica en este tipo de situaciones y recuerda que su carácter facultativo no permite descartarla libremente cuando la obra no es legalizable.

Comprar una vivienda y entregar una cantidad importante de dinero antes de acudir a la notaría siempre exige comprobar quién puede venderla y bajo qué condiciones. Pero una cosa es no haber sido suficientemente precavido y otra muy diferente que alguien orqueste un engaño para ganarse la confianza del cliente y quedarse con el dinero. El Tribunal Supremo confirma cuatro años de prisión para dos condenados que obtuvieron más de 100.000 euros pese a que la propietaria desautorizó la venta de la casa.

Una empresa puede cobrar rentas y asumir la posición de arrendadora sin responder, solo por eso, de las cuotas de la comunidad. El Tribunal Supremo ha aclarado que la obligación que la Ley de Propiedad Horizontal atribuye al propietario no se traslada por el mero hecho de gestionar alquileres. El conflicto resuelto por el alto tribunal se inició con una reclamación de más de 10.000 euros por cuotas impagadas dirigida contra la empresa propietaria de dos viviendas y la cesionaria de los derechos arrendaticios

Una sentencia firme no significa que cualquier problema relacionado con un edificio quede cerrado definitivamente. La clave está en determinar qué daños fueron objeto del primer procedimiento y cuáles aparecieron más tarde. El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre esta cuestión en una sentencia donde analiza si pueden reclamarse los costes de unas obras ejecutadas para reparar unos desperfectos que aparecieron después de que una primera sentencia ordenase la reparación de otros defectos constructivos.

¿Puedes reclamar a tu expareja la parte de la hipoteca o del IBI que pagaste de más durante el matrimonio? En determinadas circunstancias, sí, pero hay una cuestión que a menudo resulta determinante: cuándo empieza a contar el plazo de prescripción. El Tribunal Supremo acaba de precisarlo en su Sentencia núm. 458/2025, de 24 de marzo, donde establece que el cómputo de los cinco años para reclamar el reembolso no tiene por qué comenzar con cada recibo.

Una empresa no puede reducir unilateralmente el porcentaje de teletrabajo pactado en un acuerdo individual. Si, por ejemplo, tiene reconocido el 100% de su jornada en remoto, la compañía no puede reducirlo al 75% sin antes pactarlo con el empleado. Así lo establece el Tribunal Supremo, que en una sentencia reciente determina que el consentimiento del trabajador se vuelve indispensable para modificar las condiciones. También defiende que el plazo para impugnar comienza una vez que la empresa comunica los cambios de forma escrita y clara.

Una vivienda prestada “mientras haga falta” no garantiza a quien la habita que pueda quedarse indefinidamente. Es la idea que refuerza una sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a la propietaria y avala el desahucio por precario de una ocupante que residía en su inmueble sin pagar ninguna renta y sin una duración determinada. La resolución se centra en las consecuencias de una cesión gratuita cuya duración no quedó fijada de forma concreta

Dos recientes sentencias del Tribunal Supremo han establecido criterios relevantes sobre las cláusulas de intereses de las hipotecas inversas, en las que la entidad financiera adelanta al propietario una cantidad de dinero utilizando su vivienda como garantía. Así, el propietario o sus herederos pueden recuperar el inmueble si pagan el capital prestado más intereses, pero es obligatorio explicar con claridad que esos intereses pueden generar, a su vez, nuevos intereses acumulados, para superar el control de transparencia. El Supremo ha declarado nula por abusiva la cláusula que fijaba el interés retributivo y establece que el contrato podía subsistir sin dicha cláusula.

¿Quién responde por un incendio en una vivienda alquilada que provoca daños en el resto del edificio? Aunque se suele dar por hecho que el seguro del hogar cubrirá cualquier reclamación, el Tribunal Supremo acaba de recordar que no siempre es así. En una sentencia reciente aclara una cuestión que suele generar conflictos entre propietarios, inquilinos y aseguradoras: la cobertura de responsabilidad civil (RC) no se extiende al arrendatario por el mero hecho de que el siniestro se produzca en la vivienda.

¿Qué ocurre con la vivienda familiar cuando los hijos dejan de ser menores? Es una de las preguntas más frecuentes tras un divorcio. El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre esta cuestión en una sentencia que consolida la interpretación del artículo 96 del Código Civil tras la reforma introducida por la Ley 8/2021. La resolución aclara que el derecho de uso para proteger a los hijos no puede mantenerse de forma indefinida cuando alcanzan la mayoría de edad por el mero hecho de seguir conviviendo con uno de sus progenitores. Recuerda que la mayoría de edad pone fin, por regla general, al uso de la vivienda familiar y rechaza que el uso dependa de la liquidación de la sociedad de gananciales.

Los arquitectos son los únicos técnicos habilitados para redactar un proyecto de cambio de uso de local a vivienda en edificios cuyo uso es comercial o industrial. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en la sentencia nº 700/2026, de 4 de junio con base en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). El fallo no cierra el debate que existe en el sector, ya que los arquitectos técnicos lo consideran una restricción injustificada y defienden que no es análoga a otros casos. Es decir, que no establece una prohibición general para los aparejadores.

El registro único de arrendamientos de corta duración que tumbó el Tribunal Supremo a finales de mayo tuvo un coste de 496 millones de euros para los propietarios de los inmuebles que tuvieron que hacer frente a un trámite que, en muchos casos, no consiguieron superar. La presidenta de Fevitur anuncia reclamaciones patrimoniales por los "daños" causados por esta medida y cifra en 33.000 euros de media las pérdidas por propietario afectado, no solo por las tasas que tuvieron que pagar a los registradores, también por el lucro cesante y otras incidencias.

Los juristas consultados recuerdan que esta sentencia del Supremo afecta a los casos de okupación ilegal y no a la inquiokupación. Recomiendan seguir una serie de protocolos para estar cubiertos legalmente antes de dar de baja los servicios de luz, agua o gas, como comunicar la fecha en la que se va a cortar los suministros. Además, advierten del riesgo de que las empresas suministradoras metan al propietarios en una lista de morosos si dejan de pagar las cuotas mensuales.

¿Puede un propietario dejar de pagar los suministros o darlos de baja cuando otra persona ocupa su inmueble? Es una de las dudas más habituales y, hasta ahora, la respuesta no era del todo uniforme. Y es que las Audiencias Provinciales habían mantenido criterios dispares, pero el Tribunal Supremo ha fijado un criterio que servirá de referencia en los próximos años: cuando quien ocupa una vivienda carece de un título que legitime su permanencia, la baja o la interrupción de los suministros no constituirá, por regla general, un delito de coacciones.