Desalojo okupas

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) pone sobre la mesa la necesidad de poner en marcha una medida legislativa para frenar el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas y acortar los plazos de los desalojos. En concreto, propone modificar el artículo 37 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para obligar a que todos los contratos tengan que formalizarse por escrito e inscribirse en un registro público. "De este modo, cualquier contrato no inscrito sería presumido como simulado y se podría desalojar a los okupas sin necesidad de largos procesos judiciales", afirma la compañia.

El servicio de de asesoramiento jurídico gratuito para ciudadanos afectados por la ocupación ilegal de viviendas del Ayuntamiento de Zaragoza ha atendido 370 incidencias en los últimos tres años, de las que un 10,8% han sido calificadas como casos de vulnerabilidad. El casco histórico es la zona donde más propiedades han sido ocupadas. En los seis primeros meses 2024 ya se han iniciado 52 estudios, la misma cantidad que en todo 2023. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha afirmado estar trabajando en la creación de un Protocolo Antiocupación.

La Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas ha pedido al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana acortar los plazos de los desahucios por impago de rentas, y piden soluciones tanto compensatorias como de agilización de trámites judiciales. Estos pequeños propietarios han trasladado a la ministra la necesidad de plantear incentivos fiscales y de financiación para orientar la inversión en viviendas de alquiler y el acceso de la vivienda a los jóvenes.

El tiempo que debe esperar un propietario en España para tener una sentencia que permita desalojar a los okupas de una vivienda está en máximos históricos. A cierre del año pasado, el plazo medio se situó en 23,2 meses, sumando los procedimientos de los Juzgados de Primera Instancia y los posibles recursos de las Audiencias Provinciales. Castilla y León y Murcia son las CCAA con los periodos más largos, mientras que Navarra y Aragón tienen los más reducidos. Los despachos de abogados critican el colapso de la Administración de Justicia por falta de medios y aseguran que se está debilitando el derecho a la propiedad privada.

El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Pleno del Senado para aprobar la toma en consideración de una proposición de ley orgánica contra la 'okupación', que, entre otras cosas, establece mecanismos para el desalojo en 24 horas e impide el empadronamiento en la vivienda okupada. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha respondido que “el problema de España hoy no es ese, sino el problema de acceso a una vivienda"

Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda el pasado mes de mayo el mercado del alquiler ha sufrido efectos indeseados, tal y como señala la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). La compañía indica algunos como una reducción de la oferta de viviendas en alquiler, dado el grado de intervencionismo, o la aparición de nuevas modalidades de inversión en inmuebles, como el coliving, alquileres flexibles o alquileres de temporada. En su opinión, esta ley ha estimulado la demanda, cuando realmente lo que debe hacer es aumentar la oferta de alquileres.

La okupación es uno de los principales quebraderos de cabeza de los propietarios de viviendas, y de los vecinos de una comunidad. Que okupen un piso o una casa en tu urbanización o bloque puede suponer un grave problema, más en caso de que los delincuentes realicen actividades ilegales o molestas para el resto de propietarios. ¿Qué puede hacer una comunidad de propietarios frente a un okupa? Lo primero que hay que hacer es denunciarlo ante la policía y avisar al propietario de la casa. En caso de que la policía no consiga echarlos, habrá que interponer una demanda judicial.

La okupación preocupa, pero los costes de una desokupación es lo que realmente le quita el sueño a los propietarios españoles. Los costes legales que deben asumir los propietarios para poder recuperar su vivienda okupada se sitúan como una de las principales preocupaciones de los españoles. En aquellos que declaran haber sufrido una okupación, la preocupación por los costes de abogados, procuradores y demás trámites legales es un 25% mayor respecto a los que no han sufrido una okupación en su círculo próximo, según recoge el informe ‘Los españoles ante el fenómeno de la okupación ilegal’ elaborado por DAS Seguros.

Aunque la okupación es uno de los problemas y preocupaciones del sector inmobiliario, hay quienes encuentran en ello algún tipo de beneficio.

El final del verano ya parece una realidad y trae consigo la vuelta a la rutina. Sin embargo, esta vuelta podría verse empañada si descubrimos que nuestra vivienda está ocupada tras nuestra ausencia. A pesar de que los datos muestran una tendencia descendente de estos delitos, con un 11% menos en el primer trimestre del año que los registrados en el mismo periodo de 2022, ya se han contabilizado alrededor de 3.900 infracciones en lo que va de 2023. Por ello, desde Marín&Mateo Abogados han creado una lista sobre los pasos a seguir en el caso de que nos veamos en esta desagradable situación.

Tener un okupa en tu vivienda es un auténtico quebradero de cabeza. No poder utilizarla, alquilarla o simplemente saber en qué estado se encuentra son algunas de las complicaciones asociadas a esta situación. Situación que cada vez más personas deciden solucionar poniendo a la venta su inmueble. La ley permite vender un piso okupado, aunque ello incide notablemente en el precio, sobre todo si el comprador debe realizar el desalojo, y también reduce la cantidad de posibles compradores. No obstante, cada vez hay má personas que se interesan por estas viviendas.

Aunque la okupación es uno de los principales retos y problemas a los que se enfrenta el sector inmobiliario, también puede ser una oportunidad de inversión para quienes quieran comprar una casa a un precio bajo. Actualmente hay más de 200 inmuebles en idealista propiedad de bancos que están a la venta desde 7.000 euros, entre los que hay desde chalets de cinco dormitorios a viviendas céntricas. Antes de comprar una casa okupada, conviene informarse de las cargas que pueda tener y contactar con un abogado especializado en el desalojo de inquilinos ilegales.

Desde hace años, el movimiento okupa en España sabe cómo invadir casas y ocuparlas sin que puedan echarles por los vacíos legales existentes. Según el Partido Popular "el problema de la okupación no para de crecer en España" y por ello prometen desahucios exprés en 24 horas, imitando a otros países como Alemania, donde ya funciona esta solución. En este contexto, cabe preguntarse ¿cómo se trata este fenómeno social en otros países europeos?

Sareb ha adjudicado por 16,4 millones de euros un contrato bianual para verificar el estado de ocupación de sus activos y la posible situación de vulnerabilidad de sus ocupantes a los 'servicers' M&P Ledsma y Asociados, Factoría, Gestión y Consultoría, y a Wallner Europe. Según la Plataforma de Contratación del Sector Público, realizarán el proceso de recuperación de la posesión de los activos cuya propiedad se reconozca a la entidad, incluyendo los ocupados ilegalmente. El Gobierno movilizó 50.000 viviendas de Sareb para alquileres sociales y asequibles, de las que unas 14.000 ya se encontraban habitadas, aunque no todas con un contrato en vigor.

La secretaria de vivienda del PP, Ana Zurita, ha asegurado que la reciente Ley de Vivienda no solucionará nada para el sector y que el control de rentas no se aplicará jamás con un gobierno popular, porque "el precio lo tiene que fijar la relación entre oferta y demanda". Además, ha definido que la ley invade competencias autonómicas, además de ser intervencionista, y ha destacado que el PP está "estudiando si esa ley será derogada en su totalidad o no". Zurita ha criticado también la permisividad actual con los okupas "con una justificación de vulnerabilidad".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado la reforma de una serie de leyes procesales que permita el desalojo de okupas y ha garantizado que, si gobierna, acabará con el fenómeno de la 'okupación' ilegal. El candidato popular a la presidencia del Gobierno sostiene que la actual Ley de Vivienda facilita la ocupación ilegal y que si llega a Moncloa tras las elecciones del 23J, modificará esos puntos de la actual normativa.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha avanzado que Unidas Podemos registrará una proposición de ley en el Congreso para reformar el Código Penal para perseguir a empresas de desokupación. La secretaria general de la formación morada ha citado directamente a la empresa Desokupa, “vamos a registrar una ley para perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables".

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que presentó esta familia con un menor contra la sentencia del TSJ de Andalucía que revocó un auto de desahucio en una vivienda de promoción pública ilegalmente ocupada para acordar suspenderlo mientras estuviera en vigor el estado de alarma. La sentencia señala que ocupar ilegalmente una vivienda pública puede perjudicar a quienes realmente están en situación más desfavorable.

Okupar por necesidad es algo que pasó a la historia, y es que los últimos ejemplos empiezan a evidenciar que, ante la poca actuación de la justicia, cada vez hay más okupaciones de personas que realmente son solventes. El último tipo de okupa se ha detectado en Cataluña, y es ese que no está en situación de vulnerabilidad, pero que ha decidido okupar una casa y no pagar su alquiler.

El voto particular de dos magistrados del TC, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo, en la sentencia que desestimó la inconstitucionalidad de varios puntos del decreto antidesahucios de comienzos de 2021, critica que esta regulación impide a los propietarios del uso y disfrute de su vivienda, y que además deben soportar el uso sin título de su propiedad por aquellos que están inculpados en un proceso penal. La okupación ilegal de su bien les hace además seguir sufragando los gastos y consumos que sí disfrutan terceros. Una situación que lleva al beneficio de los condenados en detrimento del derecho a la propiedad.

El número de desahucios practicados durante el ejercicio 2022 fue de 38.266, lo que supone un descenso interanual del 7,5%, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron una disminución interanual del 5% respecto a 2021, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias se redujeron en un 15,8%.

Desde el pasado 18 de febrero está en vigor la norma catalana que permite a los ayuntamientos instar el desahucio de pisos ocupados ilegalmente. Pero, además, en esta ley se establecen sanciones para grandes propietarios (empresas o personas con más de 15 viviendas en propiedad) que en determinados supuestos no actúen ante la ocupación ilegal de sus inmuebles. Las multas pueden llegar hasta los 90.000 euros e incluso pueden habilitar al ayuntamiento competente para hacerse con el uso de la vivienda durante siete años.

La pasada semana se aprobó la proposición de ley antiokupas en el parlamento catalán. Con esta normativa, los ayuntamientos pueden desahuciar a los okupas en caso de que los dueños de las viviendas sean grandes propietarios (que tengan en propiedad 10 o más pisos) y que estos no se hagan cargo de iniciar el desalojo por vía judicial. El despacho Círculo Legal Barcelona asegura que esta ley es una buena noticia, pero cree que el año que viene la declararán inconstitucional, ya que debería ser el Estado español quien aprobara esta normativa al no ser Cataluña competente para ello.

Una investigación judicial, bautizada como 'caso Squatter', ha destapado que las mafias de okupas han percibido miles de euros de manos de los fondos de inversión y bancos para liberar los inmuebles que habían ocupado previamente de forma ilegal. En algunos casos, como los realizados por un grupo colombiano en Barcelona, los pagos que exigían y que aparecen en contratos bajo conceptos como "ayuda al realojo" ascienden a 10.000 euros. Uno de los mayores caseros del país asegura a idealista/news que los pagos de entre 3.000 y 5.000 euros ya se han normalizado.

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid han acordado por unanimidad que con carácter general se estime pertinente que se acuerde la medida cautelar de desalojo y restitución del inmueble en aquellos supuestos en que se aprecien sólidos indicios de la ejecución del delito de allanamiento o usurpación y se verifique la existencia de efectos perjudiciales para el legítimo poseedor, según ha informado el TSJ de Madrid. Una medida que se aplicaría tanto si el sujeto pasivo es una persona física como si se trata de una persona jurídica de naturaleza pública o privada.