Desalojo okupas

El Proyecto de Ley de eficiencia de la Justicia, que incluye medidas como los nuevos juicios exprés en las okupaciones de viviendas o la supresión de las 'golden visa', se ha topado con el veto del Senado. Esta normativa que fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 14 de noviembre, vuelve otra vez a esta Cámara que podría levantar el veto hoy y de ser así, la norma ya estaría lista para su entrada en vigor. Sin embargo, los expertos critican que se trata de una medida que no regula los casos de inquiokupación, que actualmente es el problema más acuciante y el que más afecta a los arrendadores. Entre las medidas que proponen los profesionales consultados por idealista/news está mirar a Europa y hacer posible que en 72 horas se pueda echar a los okupas.

Según el Ministerio del Interior, en 2023 se contabilizaron 15.289 denuncias, un 8,8% menos que un año antes. Sin embargo, los expertos jurídicos afirman a idealista/news que la okupación ilegal sigue creciendo ya que la mayoría de los casos no se reflejan en las estadísticas oficiales al no ser delitos de allanamiento de morada ni usurpación del derecho de uso del inmueble. Coinciden en que cada vez más particulares y empresas optan por soluciones alternativas para recuperar rápidamente la posesión de sus propiedades, como negociar y pagar a los okupas o contratar a empresas especializadas en desalojos. Y estos casos no quedan reflejados en las estadísticas oficiales al no haber denuncia. Detallan igualmente que el principal foco de atención son los casos de inquiokupaciones; es decir, inquilinos que han dejado de pagar la renta de forma voluntaria y premeditada.

Enfrentarse a la ocupación ilegal de una propiedad es, sin duda, una de las mayores preocupaciones de los propietarios. Además de no saber cómo hay que proceder, la ocupación de un inmueble acarrea complicaciones legales, daños en la propiedad y posibles pérdidas económicas.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves 14 de noviembre la agilización de los juicios para casos de ocupación ilegal de viviendas mediante la Ley de eficiencia judicial. La normativa contempla que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos, permitiendo que estos se celebren en un plazo estimado de 15 días. Esta aprobación supone un cambio significativo, impulsado por una enmienda del PNV y respaldada por formaciones como PP, Junts, ERC, UPN y Coalición Canaria, aunque con el voto accidental de Bildu. Ahora debe aprobarse en el Senado donde el PP tiene mayoría.

La ocupación ilegal es una preocupación constante para los propietarios de viviendas vacías en España. La pérdida de control sobre la propiedad, los largos procesos legales, el alto coste de los desalojos y los daños causados por los ocupantes ilegales generan un gran impacto económico y emocional.

El V Congreso de Derecho Inmobiliario se ha saldado con varias peticiones ligadas a la vivienda. Los expertos que se han reunido en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) han reclamado un Pacto de Estado para solucionar el problema del acceso a la vivienda en España, así como la puesta en marcha de medidas cautelares que permitan desalojos en 48 horas para frenar las okupación ilegal. También han pedido más inversión en vivienda social y han criticado que la Ley de Vivienda está generando inseguridad jurídica y ha "ahogado" el mercado inmobiliario.

El Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID – AIM) ha celebrado una jornada sobre los cambios que ha introducido la Ley de Vivienda, en vigor desde hace un año y medio. Y la principal conclusión a la que han llegado los profesionales madrileños es que la normativa va "en detrimento del propietario y en favor del inquilino", está favoreciendo la inquiokupación y está provocando que grandes y pequeños tenedores de viviendas cada vez tengan más complicado ofrecer sus inmuebles en alquiler. 

Tener una casa ocupada va mucho más allá de una simple batalla legal. Es una experiencia devastadora tanto a nivel económico como emocional.

Las empresas de desocupación se dedican a facilitar la recuperación de inmuebles ocupados de forma ilegal.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) pone sobre la mesa la necesidad de poner en marcha una medida legislativa para frenar el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas y acortar los plazos de los desalojos. En concreto, propone modificar el artículo 37 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para obligar a que todos los contratos tengan que formalizarse por escrito e inscribirse en un registro público. "De este modo, cualquier contrato no inscrito sería presumido como simulado y se podría desalojar a los okupas sin necesidad de largos procesos judiciales", afirma la compañia.

El servicio de de asesoramiento jurídico gratuito para ciudadanos afectados por la ocupación ilegal de viviendas del Ayuntamiento de Zaragoza ha atendido 370 incidencias en los últimos tres años, de las que un 10,8% han sido calificadas como casos de vulnerabilidad. El casco histórico es la zona donde más propiedades han sido ocupadas. En los seis primeros meses 2024 ya se han iniciado 52 estudios, la misma cantidad que en todo 2023. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha afirmado estar trabajando en la creación de un Protocolo Antiocupación.

La Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas ha pedido al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana acortar los plazos de los desahucios por impago de rentas, y piden soluciones tanto compensatorias como de agilización de trámites judiciales. Estos pequeños propietarios han trasladado a la ministra la necesidad de plantear incentivos fiscales y de financiación para orientar la inversión en viviendas de alquiler y el acceso de la vivienda a los jóvenes.

El tiempo que debe esperar un propietario en España para tener una sentencia que permita desalojar a los okupas de una vivienda está en máximos históricos. A cierre del año pasado, el plazo medio se situó en 23,2 meses, sumando los procedimientos de los Juzgados de Primera Instancia y los posibles recursos de las Audiencias Provinciales. Castilla y León y Murcia son las CCAA con los periodos más largos, mientras que Navarra y Aragón tienen los más reducidos. Los despachos de abogados critican el colapso de la Administración de Justicia por falta de medios y aseguran que se está debilitando el derecho a la propiedad privada.

El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Pleno del Senado para aprobar la toma en consideración de una proposición de ley orgánica contra la 'okupación', que, entre otras cosas, establece mecanismos para el desalojo en 24 horas e impide el empadronamiento en la vivienda okupada. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha respondido que “el problema de España hoy no es ese, sino el problema de acceso a una vivienda"

Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda el pasado mes de mayo el mercado del alquiler ha sufrido efectos indeseados, tal y como señala la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). La compañía indica algunos como una reducción de la oferta de viviendas en alquiler, dado el grado de intervencionismo, o la aparición de nuevas modalidades de inversión en inmuebles, como el coliving, alquileres flexibles o alquileres de temporada. En su opinión, esta ley ha estimulado la demanda, cuando realmente lo que debe hacer es aumentar la oferta de alquileres.

La okupación es uno de los principales quebraderos de cabeza de los propietarios de viviendas, y de los vecinos de una comunidad. Que okupen un piso o una casa en tu urbanización o bloque puede suponer un grave problema, más en caso de que los delincuentes realicen actividades ilegales o molestas para el resto de propietarios. ¿Qué puede hacer una comunidad de propietarios frente a un okupa? Lo primero que hay que hacer es denunciarlo ante la policía y avisar al propietario de la casa. En caso de que la policía no consiga echarlos, habrá que interponer una demanda judicial.

La okupación preocupa, pero los costes de una desokupación es lo que realmente le quita el sueño a los propietarios españoles. Los costes legales que deben asumir los propietarios para poder recuperar su vivienda okupada se sitúan como una de las principales preocupaciones de los españoles. En aquellos que declaran haber sufrido una okupación, la preocupación por los costes de abogados, procuradores y demás trámites legales es un 25% mayor respecto a los que no han sufrido una okupación en su círculo próximo, según recoge el informe ‘Los españoles ante el fenómeno de la okupación ilegal’ elaborado por DAS Seguros.

El final del verano ya parece una realidad y trae consigo la vuelta a la rutina. Sin embargo, esta vuelta podría verse empañada si descubrimos que nuestra vivienda está ocupada tras nuestra ausencia. A pesar de que los datos muestran una tendencia descendente de estos delitos, con un 11% menos en el primer trimestre del año que los registrados en el mismo periodo de 2022, ya se han contabilizado alrededor de 3.900 infracciones en lo que va de 2023. Por ello, desde Marín&Mateo Abogados han creado una lista sobre los pasos a seguir en el caso de que nos veamos en esta desagradable situación.

Tener un okupa en tu vivienda es un auténtico quebradero de cabeza. No poder utilizarla, alquilarla o simplemente saber en qué estado se encuentra son algunas de las complicaciones asociadas a esta situación. Situación que cada vez más personas deciden solucionar poniendo a la venta su inmueble. La ley permite vender un piso okupado, aunque ello incide notablemente en el precio, sobre todo si el comprador debe realizar el desalojo, y también reduce la cantidad de posibles compradores. No obstante, cada vez hay má personas que se interesan por estas viviendas.

Aunque la okupación es uno de los principales retos y problemas a los que se enfrenta el sector inmobiliario, también puede ser una oportunidad de inversión para quienes quieran comprar una casa a un precio bajo. Actualmente hay más de 200 inmuebles en idealista propiedad de bancos que están a la venta desde 7.000 euros, entre los que hay desde chalets de cinco dormitorios a viviendas céntricas. Antes de comprar una casa okupada, conviene informarse de las cargas que pueda tener y contactar con un abogado especializado en el desalojo de inquilinos ilegales.

Desde hace años, el movimiento okupa en España sabe cómo invadir casas y ocuparlas sin que puedan echarles por los vacíos legales existentes. Según el Partido Popular "el problema de la okupación no para de crecer en España" y por ello prometen desahucios exprés en 24 horas, imitando a otros países como Alemania, donde ya funciona esta solución. En este contexto, cabe preguntarse ¿cómo se trata este fenómeno social en otros países europeos?

Sareb ha adjudicado por 16,4 millones de euros un contrato bianual para verificar el estado de ocupación de sus activos y la posible situación de vulnerabilidad de sus ocupantes a los 'servicers' M&P Ledsma y Asociados, Factoría, Gestión y Consultoría, y a Wallner Europe. Según la Plataforma de Contratación del Sector Público, realizarán el proceso de recuperación de la posesión de los activos cuya propiedad se reconozca a la entidad, incluyendo los ocupados ilegalmente. El Gobierno movilizó 50.000 viviendas de Sareb para alquileres sociales y asequibles, de las que unas 14.000 ya se encontraban habitadas, aunque no todas con un contrato en vigor.

La secretaria de vivienda del PP, Ana Zurita, ha asegurado que la reciente Ley de Vivienda no solucionará nada para el sector y que el control de rentas no se aplicará jamás con un gobierno popular, porque "el precio lo tiene que fijar la relación entre oferta y demanda". Además, ha definido que la ley invade competencias autonómicas, además de ser intervencionista, y ha destacado que el PP está "estudiando si esa ley será derogada en su totalidad o no". Zurita ha criticado también la permisividad actual con los okupas "con una justificación de vulnerabilidad".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado la reforma de una serie de leyes procesales que permita el desalojo de okupas y ha garantizado que, si gobierna, acabará con el fenómeno de la 'okupación' ilegal. El candidato popular a la presidencia del Gobierno sostiene que la actual Ley de Vivienda facilita la ocupación ilegal y que si llega a Moncloa tras las elecciones del 23J, modificará esos puntos de la actual normativa.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha avanzado que Unidas Podemos registrará una proposición de ley en el Congreso para reformar el Código Penal para perseguir a empresas de desokupación. La secretaria general de la formación morada ha citado directamente a la empresa Desokupa, “vamos a registrar una ley para perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables".