Desalojo okupas

El CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, asegura que el hecho de que los arrendadores sean los titulares de los suministros mientras las viviendas están alquiladas puede representar un “riesgo con consecuencias inciertas”, ya que se abren múltiples vías para que inquilinos incumplidores u okupas se aprovechen de esta situación y vivan "gratis" en las viviendas. Por ello, desde la agencia recomiendan que los suministros de las viviendas alquiladas estén contratados a nombre de los inquilinos.

El Congreso de los Diputados ha aceptado tramitar una proposición de ley presentada por Junts para agilizar los desahucios y desalojar 'okupas' en un plazo de 48 horas. La normativa plantea cambios legislativos en el ámbito civil y penal para acelerar estos desalojo y ha contado con al apoyo conjunto de PP y PSOE, aunque con matices. Los socialistas ya han anunciado que añadirán enmiendas al texto de los independentistas, mientras la Ley Antiokupas presentada por el Senado sigue en un cajón de la Mesa del Congreso.

La Comisión de Vivienda del Congreso ha rechazado este artes una propuesta de Podemos para impulsar "todos los cambios legales y movilizar todos los recursos que sean necesarios" para ilegalizar y desarticular a las empresas de 'desokupación'. La iniciativa, apoyada por Sumar, ERC y Bildu, ha sido rechazada con los votos de PP y Vox, mientras que el PSOE ha preferido abstenerse, igual que Junts.

El pasado mes de enero entró en vigor la nueva Ley de medidas en materia de eficiencia al Servicio Público de Justicia que agiliza el proceso judicial en situaciones de okupación ilegal de inmuebles, ya que permite los juicios exprés. Pese a estas nuevas medidas, desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAF Madrid) denuncian que, “aunque este mecanismo legal significa un paso más, la solución aportada de la celebración de juicios exprés no va a resolver el problema de las ocupaciones ilegales de inmuebles”. Desde la institución reclaman más modificaciones legales, para que los trámites se transfieran de forma urgente, mediante la adopción de una medida cautelar de expulsión y antes de que transcurra el plazo de 72 horas desde la denuncia por parte del propietario.

Las segundas residencias, generalmente, están deshabitadas durante largos periodos de tiempo.

En España, la ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en un problema creciente que afecta tanto a propietarios de segundas residencias, como de vivienda habitual.Ante esta situación, contar con la ayuda de un seguro antiokupas es una herramienta indispensable para proteger tu propiedad, tus d

Si has descubierto que tu vivienda ha sido ocupada, es fundamental actuar con rapidez y conocimiento.

En España, la ocupación ilegal se está convirtiendo en una preocupación latente entre los propietarios.

El edificio de Vivenio en Carabanchel ha sido liberado de okupas tras dos meses de tensiones y enfrentamientos. Bajo la supervisión de Servi-Okupa, las familias que ocupaban ilegalmente las viviendas han accedido a marcharse a cambio de compensaciones económicas. El cabecilla de la red, conocido como "el Gordo" o "el Paraguayo," ha sido detenido junto a otros organizadores, poniendo fin a un periodo de inseguridad para las 60 familias residentes legales.

La ocupación ilegal de viviendas es una preocupación creciente en España, especialmente para propietarios de segundas residencias o viviendas vacías. Uno de los aspectos más angustiosos de esta situación es el tiempo que puede llevar recuperar la propiedad, así como los costes asociados al proc

Con la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia el 19 de diciembre de 2024, se van a reducir los plazos considerablemente para los casos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda, pero no en los casos de inquiokupación. En concreto, estos dos delitos se tramitarán bajo el procedimiento de juicios rápidos, pudiendo estos celebrarse en un plazo estimado de 15 días.

La okupación de viviendas en España ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en un tema candente en el debate público. Tanto es así que el Congreso de los Diputados ha aprobado los juicios exprés contra algunas okupaciones a través de la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia. En concreto, esta nueva norma permite que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo juicios rápidos de 15 días. Sin embargo, se quedan fuera las inquiokupaciones, que no están reflejadas en las cifras oficiales, tal y como alertan los expertos. Este artículo examina los plazos de desalojo, las cifras relacionadas, el contexto jurídico y las propuestas de solución en torno a la okupación en España.

El Proyecto de Ley de eficiencia de la Justicia, que incluye medidas como los nuevos juicios exprés en las okupaciones de viviendas o la supresión de las 'golden visa', se ha topado con el veto del Senado. Esta normativa que fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 14 de noviembre, vuelve otra vez a esta Cámara que podría levantar el veto hoy y de ser así, la norma ya estaría lista para su entrada en vigor. Sin embargo, los expertos critican que se trata de una medida que no regula los casos de inquiokupación, que actualmente es el problema más acuciante y el que más afecta a los arrendadores. Entre las medidas que proponen los profesionales consultados por idealista/news está mirar a Europa y hacer posible que en 72 horas se pueda echar a los okupas.

Según el Ministerio del Interior, en 2023 se contabilizaron 15.289 denuncias, un 8,8% menos que un año antes. Sin embargo, los expertos jurídicos afirman a idealista/news que la okupación ilegal sigue creciendo ya que la mayoría de los casos no se reflejan en las estadísticas oficiales al no ser delitos de allanamiento de morada ni usurpación del derecho de uso del inmueble. Coinciden en que cada vez más particulares y empresas optan por soluciones alternativas para recuperar rápidamente la posesión de sus propiedades, como negociar y pagar a los okupas o contratar a empresas especializadas en desalojos. Y estos casos no quedan reflejados en las estadísticas oficiales al no haber denuncia. Detallan igualmente que el principal foco de atención son los casos de inquiokupaciones; es decir, inquilinos que han dejado de pagar la renta de forma voluntaria y premeditada.

Enfrentarse a la ocupación ilegal de una propiedad es, sin duda, una de las mayores preocupaciones de los propietarios. Además de no saber cómo hay que proceder, la ocupación de un inmueble acarrea complicaciones legales, daños en la propiedad y posibles pérdidas económicas.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves 14 de noviembre la agilización de los juicios para casos de ocupación ilegal de viviendas mediante la Ley de eficiencia judicial. La normativa contempla que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos, permitiendo que estos se celebren en un plazo estimado de 15 días. Esta aprobación supone un cambio significativo, impulsado por una enmienda del PNV y respaldada por formaciones como PP, Junts, ERC, UPN y Coalición Canaria, aunque con el voto accidental de Bildu. Ahora debe aprobarse en el Senado donde el PP tiene mayoría.

La ocupación ilegal es una preocupación constante para los propietarios de viviendas vacías en España. La pérdida de control sobre la propiedad, los largos procesos legales, el alto coste de los desalojos y los daños causados por los ocupantes ilegales generan un gran impacto económico y emocional.

El V Congreso de Derecho Inmobiliario se ha saldado con varias peticiones ligadas a la vivienda. Los expertos que se han reunido en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) han reclamado un Pacto de Estado para solucionar el problema del acceso a la vivienda en España, así como la puesta en marcha de medidas cautelares que permitan desalojos en 48 horas para frenar las okupación ilegal. También han pedido más inversión en vivienda social y han criticado que la Ley de Vivienda está generando inseguridad jurídica y ha "ahogado" el mercado inmobiliario.

El Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID – AIM) ha celebrado una jornada sobre los cambios que ha introducido la Ley de Vivienda, en vigor desde hace un año y medio. Y la principal conclusión a la que han llegado los profesionales madrileños es que la normativa va "en detrimento del propietario y en favor del inquilino", está favoreciendo la inquiokupación y está provocando que grandes y pequeños tenedores de viviendas cada vez tengan más complicado ofrecer sus inmuebles en alquiler. 

Tener una casa ocupada va mucho más allá de una simple batalla legal. Es una experiencia devastadora tanto a nivel económico como emocional.

Las empresas de desocupación se dedican a facilitar la recuperación de inmuebles ocupados de forma ilegal.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) pone sobre la mesa la necesidad de poner en marcha una medida legislativa para frenar el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas y acortar los plazos de los desalojos. En concreto, propone modificar el artículo 37 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para obligar a que todos los contratos tengan que formalizarse por escrito e inscribirse en un registro público. "De este modo, cualquier contrato no inscrito sería presumido como simulado y se podría desalojar a los okupas sin necesidad de largos procesos judiciales", afirma la compañia.

El servicio de de asesoramiento jurídico gratuito para ciudadanos afectados por la ocupación ilegal de viviendas del Ayuntamiento de Zaragoza ha atendido 370 incidencias en los últimos tres años, de las que un 10,8% han sido calificadas como casos de vulnerabilidad. El casco histórico es la zona donde más propiedades han sido ocupadas. En los seis primeros meses 2024 ya se han iniciado 52 estudios, la misma cantidad que en todo 2023. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha afirmado estar trabajando en la creación de un Protocolo Antiocupación.

La Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas ha pedido al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana acortar los plazos de los desahucios por impago de rentas, y piden soluciones tanto compensatorias como de agilización de trámites judiciales. Estos pequeños propietarios han trasladado a la ministra la necesidad de plantear incentivos fiscales y de financiación para orientar la inversión en viviendas de alquiler y el acceso de la vivienda a los jóvenes.

El tiempo que debe esperar un propietario en España para tener una sentencia que permita desalojar a los okupas de una vivienda está en máximos históricos. A cierre del año pasado, el plazo medio se situó en 23,2 meses, sumando los procedimientos de los Juzgados de Primera Instancia y los posibles recursos de las Audiencias Provinciales. Castilla y León y Murcia son las CCAA con los periodos más largos, mientras que Navarra y Aragón tienen los más reducidos. Los despachos de abogados critican el colapso de la Administración de Justicia por falta de medios y aseguran que se está debilitando el derecho a la propiedad privada.