Hacienda

Tener dos pagadores en la Renta 2026 no implica automáticamente pagar más impuestos, pero sí puede cambiar el límite a partir del cual estás obligado a declarar.

Cada vez son más los casos en los que contribuyentes que realizan una actividad empresarial ven cómo Hacienda les niega la deducción de todos los gastos de su actividad, como los del agua o la luz, en un determinado ejercicio por no haberlos aportado en su día, cuando se los requirió ante una comprobación tributaria. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala que estamos ante supuestos en los que habrá que reaccionar con rapidez para no perder oportunidades de defensa ante el fisco. Por ejemplo, si al contribuyente le llega una propuesta de liquidación en la que Hacienda suprime de golpe todos los gastos, puede aportar aún la información requerida dentro del plazo para hacer alegaciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha puesto el foco en una cuestión especialmente sensible para quienes compraron un inmueble aplicando la reducción por vivienda habitual en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). La compra de la vivienda no marca el inicio del plazo de prescripción para comprobar el pago de este impuesto por parte de Hacienda, ni tampoco lo marca la fecha de presentación de la autoliquidación. Además, Hacienda puede revisar el consumo de luz y agua para comprobar que se está habitando en la casa.

Los préstamos entre familiares están a la orden del día, y pueden responder a una casuística casi inagotable. En la mayoría de estos casos se pacta expresamente que no incluyan intereses, y el plazo de devolución puede ser muy laxo, o prever la amortización del préstamo en un solo pago a realizar antes de una fecha determinada, e incluso prórrogas para devolver el préstamo. Estos préstamos no tributan para quien los recibe, al ser operaciones exentas en el ámbito del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). El problema vendrá, sin embargo, cuando el préstamo no se devuelva. Y es que en este caso Hacienda puede considerar que no estamos ante un préstamo, sino ante una donación.

La fiscalidad de la vivienda protegida vuelve a situarse en el foco informativo tras un pronunciamiento de la Dirección General de Tributos (DGT), que aclara cuándo puede aplicarse la exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) en las operaciones vinculadas a viviendas de protección oficial (VPO).

Comprar una vivienda de protección oficial (VPO) no solo implica cumplir requisitos de acceso o precio. También tiene una consecuencia directa en el bolsillo del comprador: el IVA aplicable a la operación. ¿Es siempre el mismo? ¿Puede aplicarse el 4% o lo normal es pagar el 10%? La Dirección General de Tributos aclara que el IVA del 4% no es la regla, sino la excepción más favorable. Solo puede aplicarse este tipo cuando se cumplen todos los requisitos exigidos: que la vivienda esté calificada administrativamente como de protección oficial de régimen especial o de promoción pública y que la entrega se efectúe directamente por su promotor, incluyendo, en su caso, un máximo de dos plazas de garaje y los anexos situados en el mismo edificio que se transmitan conjuntamente.

Hacienda no se detiene ante nada. Ni siquiera, ante la enfermedad grave del contribuyente, ni tampoco por el hecho de que éste se encuentre en riesgo de acabar falleciendo como consecuencia de dicha enfermedad. De hecho, esta enfermedad grave del contribuyente no constituye por sí misma causa de suspensión o paralización de las actuaciones de comprobación o inspección tributaria. Así lo manifiesta José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, que añade que ahora los Tribunales obligan a Hacienda a no saltarse el plazo de duración máxima de los procedimientos.

Si estás pensando en vender un inmueble, seguro que te has preguntado qué coste tendrá para ti y cuánto se lleva Hacienda de la venta de un piso.

No, no vas a tener que pagar a Hacienda por vivir gratis en casa de tus padres, tal y como se ha publicado en algunos medios de comunicación. Se trata de una cesión gratuita del inmueble que no tributa, ni se debería considerar una donación. Y para evitar líos con la Agencia Tributaria lo recomendable es firmar un contrato de comodato o un documento de precario donde quede claro que el hijo está viviendo allí por mera tolerancia de sus padres, sin pagar renta alguna.

No es raro que una persona o empresa sea titular de varias cuentas bancarias, y tenga alguna de ellas abandonada por falta de uso, sin haber procedido a su cancelación. Aparentemente, esto no debería suponer problema alguno. Salvo que en esa cuenta figure alguien como “autorizado” o “apoderado”, que sí que esté haciendo uso de esta cuenta… para evitar pagar a Hacienda. El abogado fiscalista José María Salcedo explica las claves de esta artimaña del contribuyente y de la persecución por parte del fisco.

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha manifestado su desacuerdo con la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómico presentado este viernes por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que introduce "de forma preocupante la cesión de compete

Argentina ha aprobado la Ley de Inocencia Fiscal, una normativa que supone una profunda reforma del régimen penal tributario impulsada por el Gobierno de Javier Milei y que introduce el principio de que el contribuyente es inocente hasta que el fisco demuestre lo contrario. El texto entró en vigor el pasado 2 de enero y traslada a la Administración la carga de probar la existencia de dolo o fraude fiscal, lo que supone una revolución en la política tributaria argentina. Además, eleva los importes que definen los delitos impositivos y establece nuevas modalidades para presentar declaraciones juradas.

El cálculo del ajuar doméstico en el Impuesto sobre Sucesiones vuelve a dar quebraderos de cabeza a Hacienda. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha frenado una práctica habitual de la Administración: aplicar el 3% del ajuar doméstico sobre la totalidad del caudal hereditario, sin depurar previamente qué bienes pueden integrar dicho concepto, incluso cuando la herencia está compuesta casi íntegramente por activos financieros. Y es que no cabe incluir dinero, acciones ni participaciones sociales (o acciones de empresas) en el ajuar doméstico a efectos del Impuesto de Sucesiones.

El Ministerio de Hacienda ha ingresado hasta el mes de noviembre un total de 7.364 millones de euros por las subidas y cambios impositivos introducidos este año, según el informe mensual de recaudación de la Intervención General de la Administración del Estado.Entre las medidas que se introdujeron a

El Ministerio de Hacienda afirma en un comunicado que el control de los pagos a través de Bizum que entrará en vigor en febrero no afectará a los particulares: los bancos solo deberán informar a la Agencia Tributaria de las operaciones de empresarios y profesionales. Con la modificación, las entidades financieras deberán informar mensualmente al fisco de la facturación acumulada en cada mes y realizada a través de Bizum por empresarios y profesionales, aunque no deberán remitir operación por operación.

A partir del próximo 1 de enero de 2026, la Agencia Tributaria intensificará la supervisión de los pagos electrónicos en España obligando a los bancos a informar sobre los movimientos con tarjeta que superen los 25.000 euros anuales. La medida forma parte de un paquete de cambios normativos cuyo objetivo es reforzar el control fiscal en un entorno de pagos cada vez más digitalizado. El cambio se enmarca en el Real Decreto 253/2025. Hasta ahora, las entidades financieras estaban obligadas a facilitar información sobre operaciones superiores a ciertos umbrales (más de 3.000 euros), pero ese control se amplía de forma más estructurada.

El Tribunal Supremo ha consolidado un criterio jurisprudencial de gran impacto en la fiscalidad de los préstamos entre particulares, especialmente en el ámbito familiar. En una sentencia refuerza la posición de la Agencia Tributaria en la práctica inspectora y aclara que un contrato privado de préstamo no basta, por sí solo, para justificar el origen de fondos ingresados en una cuenta bancaria si no se acredita de forma completa la trazabilidad del dinero. Este pronunciamiento resulta especialmente relevante para contribuyentes que han recurrido a préstamos familiares como mecanismo de financiación, algo muy habitual en padres que quieren ayudar a sus hijos en la compra de su primera vivienda.

El Tribunal Supremo ha dado un paso determinante en la protección frente a las sanciones económicas impuestas por Hacienda.

Hacer un bizum a un familiar es una operación ya cotidiana y rápida, pero a partir del 1 de enero de 2026 los bancos y entidades de pago dejarán de tener un umbral mínimo (hasta ahora de 3.000 euros) para que los ingresos con tarjeta bancaria tengan que comunicarse de forma obligatoria. Es decir, La Agencia Tributaria dejará de poner el acento en las grandes cantidades y pasará a vigilar la repetición de movimientos, un giro que afectará a miles de operaciones pequeñas tanto de autónomos, como particulares. El abogado José María Salcedo explica cómo actuar a partir de ahora en caso de bizum para ayudar a un hijo a pagar el alquiler o la hipoteca.

El Ministerio de Hacienda está dispuesto a adaptar la deducción vigente en el IRPF a la subida del salario mínimo interprofesional prevista para 2026, con el fin de garantizar que el incremento del SMI se traduzca en una mejora real del salario neto. La actualización se analizará en paralelo a las recomendaciones de los expertos que asesorarán al Ministerio de Trabajo.

La aceptación tácita de la herencia es uno de esos conceptos que suelen pasar desapercibidos hasta que llega un caso que lo pone todo patas arriba. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha recordado en una resolución del 30 de octubre que un simple movimiento bancario puede convertir al llamado en heredero. El aviso no es menor: muchos cotitulares de cuentas desconocen que ciertos gestos aparentemente inocentes pueden activar de lleno el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD).

La Agencia Tributaria también se ha sumado al auge de la Inteligencia Artificial (IA), reduciendo considerablemente las revisiones manuales para apoyarse en algoritmos y ‘big data’. Así lo ha afirmado Emilio Baena, extrabajador de Hacienda durante 10 años, quien ha publicado en su canal de LinkedIn los principales movimientos que pueden provocar una inspección automática. Baena ha adelantado que cada contribuyente tiene un “perfil de riesgo” que se actualiza a tiempo real, gracias a un algoritmo que trabaja 24/7, sin necesidad de que un inspector te investigue.

Hasta ahora, los contribuyentes que recibían una nómina o prestación inferior al salario mínimo, o que ya había sido previamente embargada por el pagador, no podían tenerlas todas consigo ni asegurar que no iban a recibir un embargo de Hacienda. Y es que el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), máximo intérprete de Hacienda, venía considerando que es posible embargar dichos ingresos, una vez se hubieran convertido en “ahorro” del contribuyente. Sin embargo, este mismo organismo reconoce su error y considera que la parte inembargable del sueldo es necesaria para atender necesidades básicas personas y familiares del deudor.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado un paso decisivo en materia fiscal e inmobiliaria al confirmar que Hacienda puede apoyarse en la tasación hipotecaria para elevar la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) sin motivación adicional cuando la operación es anterior a 2022 y existe una diferencia apreciable con el precio escriturado, conforme a la doctrina fijada recientemente por el Tribunal Supremo. Lo que en el pasado exigía una motivación más detallada, ahora se simplifica para las transmisiones realizadas antes de 2022: el Supremo confirma que la tasación hipotecaria es suficiente por sí misma y no requiere explicaciones adicionales.

El silencio administrativo es una ficción prevista en la ley que permite a un contribuyente entender desestimada su solicitud o recurso cuando la Administración no lo ha resuelto en plazo. Esto es algo muy habitual, ya que lo raro e inusual es que la Administración cumpla el plazo que tiene para resolver. El problema viene cuando este retraso en resolver es tan prolongado que supera los cuatro años, y llega a afectar a los plazos de prescripción. ¿Qué sucede entonces? Esta cuestión se ha planteado recientemente ante el Tribunal Supremo que ha acordado admitir a trámite el recurso planteado.