Hacienda pone el foco en alquileres, socimis y no residentes en su nuevo plan tributario

"El sector inmobiliario en el punto de mira de la Agencia Tributaria en 2025". Así resume Gonzalo Rincón de Pablo, socio del despacho de abogados Garrigues y experto en fiscalidad inmobiliaria y corporativa, uno de los grandes focos de atención del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para este año.

Según el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 17 de marzo, el nuevo plan del fisco se sustenta sobre cinco pilares: la información y asistencia al contribuyente; la prevención de los incumplimientos (fomento del cumplimiento voluntario y prevención del fraude), la investigación y las actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero; el control del fraude en fase recaudatoria; y la colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas. Y para ello aumentará la vigilancia sobre los alquileres turísticos, las sociedades inmobiliarias y los no residentes en los próximos meses.

En líneas generales, la Agencia Tributaria reforzará el control sobre el alquiler y la fiscalidad inmobiliaria, buscará prevenir los fraudes y la economía sumergida en el sector, controlará el uso abusivo de sociedades en el ámbito inmobiliario e investigará el uso de sociedades interpuestas en la exención de plusvalías. Unas estrategias que, según el socio de Garrigues, muestran que "el uso de sociedades interpuestas y la fiscalidad inmobiliaria siguen siendo objetivos prioritarios de la AEAT en su estrategia de control en 2025".

Alquileres turísticos y fiscalidad inmobiliaria

En el caso de los alquileres y la fiscalidad inmobiliaria, las actuaciones del fisco se centrarán en reforzar la fiscalización de alquileres, explotando la información para identificar propietarios e intermediarios en plataformas digitales; aumentar los controles sobre los no residentes que no declaran rentas de inmuebles situados en España, así como las plusvalías no declaradas en sus ventas; y acometer actuaciones de regularización en las socimis y entidades parcialmente exentas que utilizan estos regímenes de manera abusiva e incorrecta. 

Como explica el documento publicado en el BOE, "se incidirá especialmente en los distintos operadores en el mercado del arrendamiento turístico a través de plataformas. La proliferación de inmuebles ofrecidos en alquiler exige intensificar la identificación de los posibles titulares de las rentas no declaradas tanto propietarios (personas físicas o jurídicas, residentes o no) como intermediarios en la gestión arrendataria. Es necesario explotar la información proporcionada por las Comunidades Autónomas en relación con su censo de viviendas turísticas y la disponible por intercambio de información internacional DAC 7 (que regula el intercambio de datos fiscales entre diferentes países) sobre las plataformas de alquiler por internet".

En el caso de las socimis y otras sociedades inmobiliarias, subraya el texto, "se impulsará el control de las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria y se potenciarán planes de control sobre entidades parcialmente exentas en el Impuesto de Sociedades, que hacen un uso abusivo del régimen, así como también para controlar que no se utilizan estas entidades para encubrir gastos de naturaleza personal de los patronos o personas que ostentan su control". 

Asimismo, "se impulsarán actuaciones de comprobación sobre no residentes que no declaran los arrendamientos de bienes inmuebles de los que disponen en España y las ganancias patrimoniales derivadas de las ventas de estos bienes", con el objetivo de regularizar las posibles infraretenciones. 

Control del uso abusivo de sociedades en el ámbito inmobiliario

Dentro de este punto, los planes del fisco se centrarán principalmente en reforzar el control sobre las sociedades que arriendan inmuebles a socios o directivos a precios por debajo de mercado o que permiten el uso gratuito de activos.

Otra medida será llevar a cabo actuaciones específicas sobre sociedades patrimoniales sin actividad real que buscan ventajas fiscales indebidas e intensificar de la vigilancia sobre las sociedades utilizadas para deducir gastos personales, ocultar rentas o simular actividades económicas.

En este sentido, el plan del fisco detalla que "se pretende intensificar la vigilancia sobre determinadas operaciones y actividades donde se considera que pueden concentrarse riesgos fiscales de entidad. Se centrará la atención en aquellos contribuyentes en los que existan discordancias entre su nivel de vida y los signos externos de riqueza que presentan con las rentas y/o patrimonio declarados, intensificando las actuaciones de control sobre aquellos supuestos en los que la ocultación de rentas, o la utilización abusiva de sociedades instrumentales para desviar gastos personales o situar activos para su uso personal, permiten a determinados contribuyentes mantener estándares de vida que no se corresponden en absoluto con las rentas declaradas ni el patrimonio conocido. Igualmente se potenciará el control sobre operaciones que podrían tratar de ocultar alteraciones patrimoniales significativas o la utilización fraudulenta de ventajas fiscales". 

Investigación del uso de sociedades en la exención de plusvalías

Dentro de este ámbito, explica el socio de Garrigues, la Agencia Tributaria "reforzará la revisión de estructuras diseñadas para beneficiarse de la exención del artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, garantizando que no se produce una desimposición indebida". 

Otro de los puntos clave pasa por aumentar el control de aquellas operaciones en las que, "bajo la apariencia de una transmisión de participaciones, se ocultan rentas en exceso o se desvirtúan las normas sobre operaciones vinculadas". Asimismo, Hacienda también analizará las "aportaciones no dinerarias y fusiones acogidas al régimen especial del Impuesto de Sociedades, para evitar el uso fraudulento de estos mecanismos sin motivos económicos válidos", recoge el experto en fiscalidad inmobiliaria. 

El objetivo, según Hacienda, es perseguir aquellas actuaciones que tienen la "mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal". Por ejemplo, los "movimientos y esquemas societarios que tienen por objeto la conversión de rentas ordinarias en plusvalías o participación en beneficios al objeto de reducir" la factura fiscal.

Así, detalla el nuevo plan tributario, "se comprobará la correcta imputación de rentas a sus socios por parte de comunidades de bienes u otras entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades económicas, así como la realidad de los rendimientos declarados por éstas. Asimismo, se controlará la falsa afectación a la actividad económica de bienes de lujo (viviendas o segundas residencias, aeronaves, embarcaciones o automóviles de alta gama) o de servicios relacionados con el sector del lujo. Por último, se reforzarán los análisis patrimoniales globales (persona y familia inmediata) de aquellos obligados tributarios cuyo perfil de riesgo se pueda asociar a supuestos de división artificial de la actividad que buscan minorar indebidamente su nivel de tributación directa". 

Prevención del fraude y economía sumergida en el sector

En el marco de su habitual lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, la Agencia Tributaria va a reforzar este año el control de las operaciones inmobiliarias con criptomonedas para detectar rentas no declaradas. 

A esta medida se unen la revisión del uso de medios de pago en el extranjero y estructuras opacas para reducir la tributación efectiva, y la intensificación de actuaciones sobre empresas con ingresos en efectivo anómalos respecto a su sector.