Impuestos

Un comité de expertos está ultimando un informe que busca armonizar tanto la base imponible como los mínimos exentos de este impuesto que grava el valor de los bienes de las personas físicas. El objetivo es que esta figura se cobre en todo el país y burlar las bonificaciones que establecen regiones como Madrid. España es la única gran economía europea que todavía aplica este tributo y son muchos los empresarios y economistas que piden su eliminación.

El Gobierno de la región aplicó en abril del año pasado una rebaja al ITP, el impuesto que grava la compra de viviendas usadas, y todavía sigue en vigor. El tipo general se mantiene en el 7%, mientras que se mantienen las bonificaciones para colectivos específicos, como jóvenes, víctimas de violencia de género o personas con discapacidad. Además, el tipo baja hasta el 6% en cualquier operación, siempre que se trate de la compra de una vivienda habitual y su valor no supere los 150.000 euros. Todos esos casos también gozan de una rebaja en el AJD.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el Proyecto de Ley de Defensa de la Autonomía Financiera, una normativa que busca blindar la política económica y fiscal de la región de las decisiones que prepara el Gobierno de España y que, según el Ejecutivo regional, "supondrá una subida de impuestos generalizada a los ciudadanos". El texto debe ser aprobado de forma definitiva en la Asamblea de Madrid.

Jaime Navarro Serrate, experto en fiscalidad inmobiliaria, propone algunas medidas para reducir el IRPF del año que comienza, pero ya en enero. Y anticiparse tiene sus ventajas. Por ejemplo, con los sistemas de retribución flexible el empleado disfruta de determinados servicios que, si la empresa asume la obligación de proporcionárselos, no suponen renta. Los planes de pensiones permiten trasladar renta al futuro y, si se hace bien, conseguir un ahorro fiscal. Los gastos necesarios para la obtención de los ingresos por arrendamiento son deducibles y nos permiten ajustar el rendimiento realmente generado por el alquiler.

La Cámara de Barcelona ha considerado en riesgo la figura del autónomo por la carga impositiva y la falta de medidas de apoyo, según un comunicado.Los costes derivados de las obligaciones tributarias, tanto directas como indirectas, "pueden llegar a suponer más del 50% de la facturación de una perso

Es más habitual de lo esperado solicitar de forma incorrecta la devolución de ingresos indebidos a Hacienda. Todo perjudicado por Hacienda lo primero que piensa es solicitar la devolución de lo pagado de más a Hacienda.

Varios economistas han instado a la Administración Pública a suprimir el impuesto de Patrimonio porque bajo su parecer entorpece la atracción talento. “No parece razonable que nuestro país se empeñe en mantener el actual formato de un impuesto como Patrimonio que dificulta la atracción y mantenimiento de talento y ahorro, e introduce excesivas distorsiones de equidad dentro de nuestro territorio”, afirma y ejemplifica esta corriente el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich.

Para 2023, a más tardar, llegará una batería de subidas fiscales al gasóleo, gas, matriculación y circulación, es decir, impuestos para preservar el planeta, tal y como lo ha advertido el Ministerio de Hacienda. Se trata de tributos que buscan gravar las emisiones de gases invernadero y reducir las emisiones de CO2. Por eso, el Gobierno quiere subir la fiscalidad del diésel para equipararlo a la gasolina y modificará los impuestos de matriculación y circulación al alza.

El contribuyente puede aprovechar las últimas semanas del año para intentar mejorar el resultado de la declaración de la renta de 2021. De hecho, según el Sindicato de los Técnicos de Hacienda (Gestha), es posible ahorrar hasta 2.900 euros en la factura fiscal de este ejercicio si se aplican de forma correcta las deducciones fiscales disponibles. Entre ellas, por la compra o mejora de la vivienda habitual, por las aportaciones a los planes de pensiones o por la compensación de las pérdidas y ganancias en las inversiones. 

La Comunidad de Madrid encabeza un año más la clasificación de las regiones más competitivas del país en términos de impuestos, seguida de las tres provincias vascas y Canarias, mientras que Aragón, Comunidad Valenciana y Cataluña vuelven a ser las comunidades peor paradas. El estudio de la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation analiza más de 60 variables relacionadas con tributos como el IRPF, Patrimonio, Sucesiones, el ITP y los gravámenes cedidos a las autonomías. Repasamos qué posición ocupa cada región en cada tributo, las recomendaciones a seguir para ganar competitividad y las novedades fiscales que llegarán en 2022.

Las medidas que tomó el Gobierno de Rajoy en 2012 para evitar el rescate convirtieron a España en un país de mileuristas, que ya representan casi un 40% de los declarantes del IRPF. Según el economista Miguel Córdoba, la solución no está en subir el salario mínimo, sino en aumentar los sueldos de los trabajadores cualificados y bajar las cotizaciones que pagan las empresas para acercarlos a la media europea. Y la clave está en modernizar el tejido productivo y que los empresarios tengan una visión a largo plazo.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la aprobación de una Ley para eliminar los impuestos propios de la Comunidad de Madrid. Una vez que se apruebe, Madrid se convertirá en la única comunidad autónoma con todos sus impuestos propios eliminados. La presidenta de la comunidad también explicó tras la celebración del Consejo de Gobierno que la rebaja de medio punto del IRPF se aprobará antes de fin de año y se aplicará en 2022.

Con más dudas que certezas, en las próximas semanas se conocerá por fin el contenido de la nueva ley de vivienda, un texto que siguen negociando los socios de coalición del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Uno de los acuerdos a los que se han llegado contempla que la futura norma permita gravar la vivienda vacía con un recargo de hasta el 50% del IBI.

Los contribuyentes llevan meses actualizando el valor de adquisición de los terrenos conforme a la evolución del IPC para intentar librarse del pago de la plusvalía municipal tras vender o heredar un inmueble. Una alternativa que han admitido varios juzgados, pero que ahora ha sido tumbada por el Supremo. Una sentencia reciente del Alto Tribunal da un nuevo golpe a los contribuyentes al establecer que dicha actualización no es posible.

Pablo Sprazzato, fiscalista en el despacho Ventura Garcés, señala que con motivo de la actual pandemia del covid-19 uno de los lastres legislativos vigente es el de los plazos de prescripción tributaria que es de cuatro años. Esto genera una inmensa carga de custodia y archivo de toda la documentación con trascendencia fiscal, por lo que el experto aboga por reducir este plazo a tres años.

El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia reciente que las providencias de apremio pueden anularse cuando la Administración tributaria las dice antes de haber resuelto el recurso planteado por el contribuyente para anular la liquidación de algún impuesto. Es decir, el Alto Tribunal abre la puerta a anular el pago de la deuda tributaria.

Una sentencia reciente del Tribunal Supremo abre una nueva vía ‘exprés’ para solicitar la devolución de ingresos indebidos a los contribuyentes en materia tributaria. Ya no hace falta que el ciudadano presente una reclamación previa ante la Administración tributaria para después recurrir la resolución desestimatoria ante el TEAR y finalmente, acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Ahora el contribuyente sólo deberá solicitar directamente al Tribunal correspondiente la devolución de los ingresos indebidos en impuestos.

La agencia de calificación asegura en un informe que la crisis sanitaria va a suponer un duro golpe a las cuentas de los gobiernos regionales y locales de las cinco mayores economías europeas, entre ellas España, tanto este año como el próximo. Calcula que la recaudación por IVA e IRPF serán los más afectados y que esta situación provocará un fuerte aumento de su deuda. Según Moody’s, entre Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido la caída de los ingresos se acercará a 80.000 millones de euros.

Los principales países europeos han bajado impuestos o han aprobado aplazamientos generalizados para minimizar el impacto de la crisis provocada por el coronavirus a todas las empresas, mientras que en España las bonificaciones están sujetas a unos importes máximos y solo benefician a las pymes. Los asesores fiscales critican las medidas y piden seguir los pasos de países como Alemania, Francia, Italia, Holanda o Luxemburgo. Y los economistas recomiendan bajar impuestos, aunque dudan de que el Gobierno apruebe una medida similar.

Hace aproximadamente un año, los presupuestos generales del Estado planteaban una nueva imposición tributaria para las sociedades dedicadas al arrendamiento de bienes inmuebles, más conocidas como SOCIMI. Pero como todos recordaremos, estos presupuestos nunca entraron en vigor. Ahora, un año después y con un nuevo gobierno, Mónica Sentieri, directora de la proptech ElWorking, analiza la posible entrada en vigor de este nuevo impuesto al alquiler.

La carga de trámites y obligaciones fiscales para las comunidades de propietarios, en las que reside el 80% de los ciudadanos, no han dejado de incrementarse en los últimos años. Los modelos 184 o 347 o las notificaciones telemáticas son algunas de las obligaciones todavía desconocidas por la gran mayoría de los propietarios que viven en edificios residenciales.

El Gobierno Central no es el único que crea y gestiona impuestos en España. Las comunidades autónomas son también organismos autorizados para entrar en materia de fiscalidad. En este sentido, las CC.AA.

España ha logrado ganar competitividad durante la crisis, pero en materia fiscal seguimos ocupando una posición muy modesta en el ranking internacional.Según los cálculos de la Tax Foundation, nos encontramos en el puesto 27 de la clasificación de los países desarrollados, con una nota de 57,45 punt

Las líneas maestras de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 que ha presentado esta semana el Gobierno no contemplan un posible endurecimiento de la fiscalidad de las socimis, aunque desde el fisco insisten en que el acuerdo entre Ejecutivo y Podemos para sacar adelante las cuentas públicas sí incluía la propuesta de gravar con un tipo del 15% los beneficios de estas sociedades que no se reinviertan o se distribuyan vía dividendos. La medida estará en vilo hasta finales de noviembre, cuando está previsto que se presenten oficialmente las cuentas del año que viene.