Okupación ilegal

Las últimas cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran un repunte superior al 5% de las demandas por okupación de viviendas presentadas en los juzgados en el arranque de año. En concreto, el organismo cifra en 592 el volumen de asuntos ingresados entre enero y marzo, lo que arroja un incremento del 5,2% interaual y se convierte en el número más elevado desde primavera del año pasado (639). Cataluña ha acumulado uno de cada cinco nuevos procedimientos, seguida de Andalucía (111), Comunidad Valenciana (72), con Barcelona como la provincia más afectada de todo el país.

El Senado de Italia ha dado luz verde al Decreto de Seguridad con 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención. Se trata de una norma que endurece las penas contra la okupación de viviendas y, en general, contra los delitos vinculados a la seguridad y el orden público. El recién aprobado Decreto de Seguridad introduce en el código penal un nuevo delito con penas de hasta siete años para quien, mediante violencia, amenazas o engaño, okupe una vivienda privada.

El Juzgado de lo Penal número 5 de Palma de Mallorca ha condenado a un año y un mes de prisión a un hombre por intentar okupar una vivienda mientras su propietaria se encontraba en su interior, y a otros nueve meses por amenazar de muerte con un arma blanca a una mujer y a su hijo menor de edad, que le sorprendieron mientras intentaba forzar la cerradura del inmueble. En total, la Audiencia Provincial de Baleares ha penado al individuo con un año y diez meses de cárcel. La parte denunciada interpuso una apelación que ha sido desestimada finalmente.

El consejero de Vivienda del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, ha declarado que uno de los grandes ‘escollos’ que ha provocado esta crisis habitacional es la “lamentable” Ley de Vivienda, que ha provocado la pérdida del 37,2% de toda la oferta inmobiliaria de la región durante los meses posteriores a su entrada en vigor. Durante la celebración de la feria Rebuild, Media ha cifrado el número de inmuebles vacíos en 50.000 unidades por “miedo” a la okupación.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE), el 'think tank' de la CEOE, repasa en un estudio cómo está creciendo la okupación de viviendas en España, junto con los catedráticos Matilde Cuena Casas y Vicente Pérez Daudí. Según el documento, las denuncias por parte de propietarios particulares se han disparado un 35% desde 2018 y la situación se ha visto agravada por los recientes cambios regulatorios que están desprotegiendo a los propietarios, como la Ley de Vivienda y la prórroga de la moratoria a los desahucios de inquilinos vulnerables. Los expertos aseguran que la situación actual demuestra la "ineficiente" intervención pública en materia de vivienda y ven con preocupación que no se estén tomando medidas para atajar el problema.

El desalojo de una vivienda puede darse en distintos escenarios, pero no todos siguen el mismo procedimiento legal. Una de las dudas más comunes entre propietarios es la diferencia entre el desalojo de okupas y el de inquilinos morosos.

Las okupaciones de viviendas vuelven a crecer en España. Según el Ministerio del Interior, durante 2024 se contabilizaron en el conjunto del país 16.426 delitos de usurpación y allanamiento de morada de inmuebles, ambos del ámbito penal, un 7,4% más que un año antes. Se trata de la tercera cifra más alta de la serie histórica que arrancó en 2010. Cataluña aglutina algo más de 7.000 casos, el 42,6% del mercado doméstico, aunque la inmensa mayoría se concetran en la provincia de Barcelona (5.077). La región catalana también lidera el aumento de las demandas en los juzgados por ocupación ilegal de viviendas.

"La nueva Ley de Vivienda ha generado unos cambios significativos que ha incrementado la incertidumbre y preocupación por parte de los arrendadores", asegura Laura López Demarbre, la subdirectora General de Estrategia, Clientes y Canales Alternativos de Grupo Mutua Propietarios, institución que defiende a los arrendadores en caso de usurpación de la vivienda y que está ampliando su mercado debido al aumento de casos de okupación y de inquiokupación. La experta recalca en una entrevista con idealista/news que su entidad defiende al arrendador desde el principio hasta el final, y no solo con los procedimientos legales, también ofrecen servicios anti vandalismo, cubren desperfectos, e incluso ayudan a escoger el inquilino idóneo a través de un nuevo ‘scoring’ automático 100% digital en tiempo real.

El pasado mes de enero entró en vigor la nueva Ley de medidas en materia de eficiencia al Servicio Público de Justicia que agiliza el proceso judicial en situaciones de okupación ilegal de inmuebles, ya que permite los juicios exprés. Pese a estas nuevas medidas, desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAF Madrid) denuncian que, “aunque este mecanismo legal significa un paso más, la solución aportada de la celebración de juicios exprés no va a resolver el problema de las ocupaciones ilegales de inmuebles”. Desde la institución reclaman más modificaciones legales, para que los trámites se transfieran de forma urgente, mediante la adopción de una medida cautelar de expulsión y antes de que transcurra el plazo de 72 horas desde la denuncia por parte del propietario.

Las segundas residencias, generalmente, están deshabitadas durante largos periodos de tiempo.

En España, la ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en un problema creciente que afecta tanto a propietarios de segundas residencias, como de vivienda habitual.Ante esta situación, contar con la ayuda de un seguro antiokupas es una herramienta indispensable para proteger tu propiedad, tus d

Si has descubierto que tu vivienda ha sido ocupada, es fundamental actuar con rapidez y conocimiento.

En España, la ocupación ilegal se está convirtiendo en una preocupación latente entre los propietarios.

La ocupación ilegal de viviendas es una preocupación creciente en España, especialmente para propietarios de segundas residencias o viviendas vacías. Uno de los aspectos más angustiosos de esta situación es el tiempo que puede llevar recuperar la propiedad, así como los costes asociados al proc

La ocupación ilegal y el gasto del hogar son los aspectos que más inquietan en la clasificación de las principales preocupaciones de los españoles en el ámbito de la vivienda, según el barómetro que elabora anualmente el Grupo Mutua Propietarios, que también ha destacado el temor por la subida del alquiler y las leyes en torno a la vivienda. A pesar de ocupar las primeras posiciones, la clasificación ha relegado a un segundo puesto a los gastos asociados al hogar, un descenso que podría estar motivado por una estabilización de los precios energéticos.

La okupación de viviendas en España ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en un tema candente en el debate público. Tanto es así que el Congreso de los Diputados ha aprobado los juicios exprés contra algunas okupaciones a través de la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia. En concreto, esta nueva norma permite que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo juicios rápidos de 15 días. Sin embargo, se quedan fuera las inquiokupaciones, que no están reflejadas en las cifras oficiales, tal y como alertan los expertos. Este artículo examina los plazos de desalojo, las cifras relacionadas, el contexto jurídico y las propuestas de solución en torno a la okupación en España.

Los juzgados de toda España siguen recibiendo cientos de casos de okupaciones de viviendas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en los nueve primeros meses del año los Juzgados de Primera Instancia han ingresado un total de 1.782 procedimientos por ocupaciones ilegales de inmuebles residenciales, de los que 580 se registraron en verano. La cifra ha crecido un 55% interanual y casi todas las CCAA han registrado aumentos, con Cantabria y Cataluña a la cabeza. La región catalana, además, es la que registra más casos tanto en el trimestre como en el conjunto del año.

Según el Ministerio del Interior, en 2023 se contabilizaron 15.289 denuncias, un 8,8% menos que un año antes. Sin embargo, los expertos jurídicos afirman a idealista/news que la okupación ilegal sigue creciendo ya que la mayoría de los casos no se reflejan en las estadísticas oficiales al no ser delitos de allanamiento de morada ni usurpación del derecho de uso del inmueble. Coinciden en que cada vez más particulares y empresas optan por soluciones alternativas para recuperar rápidamente la posesión de sus propiedades, como negociar y pagar a los okupas o contratar a empresas especializadas en desalojos. Y estos casos no quedan reflejados en las estadísticas oficiales al no haber denuncia. Detallan igualmente que el principal foco de atención son los casos de inquiokupaciones; es decir, inquilinos que han dejado de pagar la renta de forma voluntaria y premeditada.

Enfrentarse a la ocupación ilegal de una propiedad es, sin duda, una de las mayores preocupaciones de los propietarios. Además de no saber cómo hay que proceder, la ocupación de un inmueble acarrea complicaciones legales, daños en la propiedad y posibles pérdidas económicas.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves 14 de noviembre la agilización de los juicios para casos de ocupación ilegal de viviendas mediante la Ley de eficiencia judicial. La normativa contempla que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos, permitiendo que estos se celebren en un plazo estimado de 15 días. Esta aprobación supone un cambio significativo, impulsado por una enmienda del PNV y respaldada por formaciones como PP, Junts, ERC, UPN y Coalición Canaria, aunque con el voto accidental de Bildu. Ahora debe aprobarse en el Senado donde el PP tiene mayoría.

La ocupación ilegal es una preocupación constante para los propietarios de viviendas vacías en España. La pérdida de control sobre la propiedad, los largos procesos legales, el alto coste de los desalojos y los daños causados por los ocupantes ilegales generan un gran impacto económico y emocional.

El V Congreso de Derecho Inmobiliario se ha saldado con varias peticiones ligadas a la vivienda. Los expertos que se han reunido en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) han reclamado un Pacto de Estado para solucionar el problema del acceso a la vivienda en España, así como la puesta en marcha de medidas cautelares que permitan desalojos en 48 horas para frenar las okupación ilegal. También han pedido más inversión en vivienda social y han criticado que la Ley de Vivienda está generando inseguridad jurídica y ha "ahogado" el mercado inmobiliario.

La okupación de viviendas en España sigue siendo una problemática social y económica. Cada día hay más de 40 okupaciones ilegales de vivienda en el país, siendo alrededor de 15.000 al año.

El Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID – AIM) ha celebrado una jornada sobre los cambios que ha introducido la Ley de Vivienda, en vigor desde hace un año y medio. Y la principal conclusión a la que han llegado los profesionales madrileños es que la normativa va "en detrimento del propietario y en favor del inquilino", está favoreciendo la inquiokupación y está provocando que grandes y pequeños tenedores de viviendas cada vez tengan más complicado ofrecer sus inmuebles en alquiler. 

“Yo no vuelvo a ser el escudo social de nadie” o “la vulnerabilidad de una persona no es justificación para que tu tengas que ceder tu vivienda” son frases que han unido a Kathy, Virginia y a 13 afectados más. ¿Su nexo en común? La okupación o la inquiokupación de una de sus viviendas. Para evitar que más propietarios se vean afectados, han creado APROVIJ (Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica), una nueva asociación para defender los derechos de los propietarios y combatir la inseguridad jurídica. Kathy Díaz habla con idealista/news sobre cuál es el objetivo de esta organización.