Tribunal Constitucional

La Ley de Vivienda cumple cuatro meses en vigor y lo hace con el anuncio de que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos que han presentado en los últimos meses por los Gobiernos de Madrid, Andalucía y Baleares, el Parlamento de Cataluña y el grupo popular en el Congreso de los Diputados. El alto tribunal recuerda que los recursos han ido dirigidos contra diversos preceptos de la normativa con el argumento de que son contrarios a las competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, o que plantean una posible vulneración del derecho de propiedad.

El impuesto a las grandes fortunas podría llegar en las próximas semanas al Pleno del Tribunal Constitucional. Este tributo ha sido blanco de críticas desde que entró en vigor a finales del año pasado, ha recaudado más de 600 millones de euros hasta la fecha, y ha sido recurrido por varias autonomías, entre ellas Madrid, Andalucía y Galicia, al considerar que invade sus competencias fiscales. Todo apunta a que los magistrados analizarán antes de final de año su posible inconstitucionalidad y dictarán una sentencia que será en firme.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha avanzado que su Ejecutivo recurrirá la Ley de Vivienda ante el Tribunal Constitucional (TC) por invadir competencias autonómicas y “generar inseguridad en los propietarios”. Por ahora, ya son siete CCAA las que han mostrado su desacuerdo con la normativa nacional: Madrid, Andalucía, País Vasco ya han presentado recurso de inconstitucionalidad al TC mientras Cataluña, Baleares, Galicia y, ahora, Canarias, lo ultiman.

Ya se han cumplido tres meses de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, una de las normativas más polémicas de los últimos tiempos y que abre la puerta al tope a los alquileres en zonas tensionadas. En estas semanas, Madrid, Andalucía y el País Vasco han recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias, mientras que Baleares está preparando su recurso y Galicia ha pedido modificaciones en la Comisión Bilateral con el Estado. Cataluña votará esta semana si también recurre al TC. Por su parte, los expertos confirman que se han cumplido las consecuencias esperadas: se está reduciendo la oferta de alquiler, las rentas siguen al alza y, en definitiva, está limitando más el acceso a una vivienda a los más vulnerables.

El Tribunal Supremo le ha dado la espalda a quienes no pudieron reclamar la plusvalía municipal antes de la declaración de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre de 2021. El alto tribunal estima que una liquidación tributaria no recurrida antes del 26 de octubre es ya una situación consolidada y que, como tal, no queda afectada por la declaración de inconstitucionalidad del impuesto ni puede ser anulada con base a la misma. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, hace una valoración al respecto.

El Gobierno Vasco ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional siete preceptos de la Ley estatal de Vivienda, con el desacuerdo de los tres consejeros del PSE-EE, por "condicionar el autogobierno vasco en materia de vivienda y vulnerar competencias que corresponden" a Euskadi. Este recurso se suma al presentado por la Comunidad de Madrid, por considerar que invade competencias autonómicas.

El Tribunal Supremo le ha dado la espalda a quienes no pudieron reclamar la plusvalía municipal antes de la declaración de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre de 2021. El alto tribunal estima que una liquidación tributaria no recurrida antes del 26 de octubre es ya una situación consolidada y que, como tal, no queda afectada por la declaración de inconstitucionalidad del impuesto ni puede ser anulada con base a la misma.

El portavoz de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico presentará un recurso al Tribunal Constitucional contra varios preceptos de la Ley Vivienda estatal al entender que invade competencias autonómicas. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en los "graves errores jurídicos" y "artículos inconstitucionales" del texto aprobado apenas dos meses. La CAM tiene de plazo hasta el 25 de julio para presentar el recurso.

El controvertido Impuesto de Solidaridad (ISGF), más conocido como impuesto a las grandes fortunas, ha despertado muchas dudas de inconstitucionalidad, como evidencian los recursos de inconstitucionalidad presentados por las Comunidades Autónomas de Madrid y Galicia, que aún están pendientes de resolución. Las dudas se centran en cómo se tramitó y aprobó este impuesto al privarse del debate parlamentario y vulnerar derechos constitucionales. Por eso, los expertos aconsejan reclamar desde ya este tributo.

El Tribunal Constitucional ha acordado suspender la demolición del hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento del complejo turístico, de salud, paisajístico y de servicios Marina Isla de Valdecañas, tal y como ordenaba el Tribunal Supremo. Se trata de un complejo turístico ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres), en una isla de 134,5 hectáreas de superficie existente en la presa de Valdecañas.

Foment del Treball, la principal patronal en Cataluña, da un paso más en su lucha contra el Impuesto sobre el Patrimonio. La organización liderada por Josep Sánchez Llibre ha presentado un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para pedir que se lleve al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre el tributo, que afecta a los contribuyentes con un patrimonio superior a los 700.000 euros sin incluir la vivienda habitual.

Los ayuntamientos recaudaron el año pasado 1.306 millones de euros gracias a la plusvalía municipal, un impuesto que se aplica en la compraventa, la donación y las herencias de viviendas y otros inmuebles urbanos y que es el más importante a nivel local, tras el IBI. La cifra supone un recorte de 835 millones respecto a 2021, como consecuencia de la anulación del método de cálculo del impuesto por parte del Constitucional y los nuevos sistemas de revalorización que aprobó el Gobierno. Desde 2016, los entes locales han 'perdido' prácticamente la mitad de la recaudación por este tributo.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Comunidad de Madrid y por la Xunta de Galicia contra el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Pero ha denegado la suspensión cautelar de esta norma impugnada a petición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Ambas CCAA estiman que este tributo vulnera varios derechos de la Constitución: el principio de seguridad jurídica o el de capacidad económica y no confiscatoriedad.

La Xunta de Galicia ha aprobado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas aprobado por el Gobierno central y que entró en vigor en diciembre de 2022. El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha indicado que detectan varias vulneraciones, entre ellas una a la autonomía financiera de la comunidad, por los tributos que tiene transferidos. Así, se suma a la Junta de Andalucía que también recurrió este tributo y que acaba de ser admitido a trámite por el Constitucional.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Consejo de Gobierno de Andalucía contra el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Pero ha denegado la petición de suspender cautelarmente esta norma impugnada. La Junta estima que se vulneran varios derechos de la Constitución: el principio de seguridad jurídica o el principio de lealtad constitucional e institucional.  

El voto particular de dos magistrados del TC, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo, en la sentencia que desestimó la inconstitucionalidad de varios puntos del decreto antidesahucios de comienzos de 2021, critica que esta regulación impide a los propietarios del uso y disfrute de su vivienda, y que además deben soportar el uso sin título de su propiedad por aquellos que están inculpados en un proceso penal. La okupación ilegal de su bien les hace además seguir sufragando los gastos y consumos que sí disfrutan terceros. Una situación que lleva al beneficio de los condenados en detrimento del derecho a la propiedad.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado por mayoría el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron más de 50 diputados del grupo parlamentario Popular del Congreso de los Diputados contra el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, que vino a adaptar el nuevo impuesto de plusvalía municipal a la declaración de inconstitucionalidad de octubre de 2021.

La famosa sentencia del Constitucional del pasado 26 de octubre de 2021 en la que declaraba ilegal el sistema de cálculo de la plusvalía municipal sigue dando que hablar. ¿Por qué? Por la limitación de efectos que impuso para recurrir este impuesto, un hecho que va contra los derechos de los contribuyentes. Ahora el Tribunal Supremo tiene sobre la mesa aclarar qué quiso decir el Constitucional con la imposibilidad de revisar las liquidaciones de la plusvalía municipal “no recurridas” antes del 26 de octubre de 2021. En concreto, se han admitido a trámite tres Autos que decidirán cómo cuadrar la limitación de efectos de la sentencia del Constitucional, con el cumplimiento de la legalidad ordinaria, cuyo guardián y garante es el Tribunal Supremo.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, en el que solicita su suspensión cautelar. Considera que "invade las competencias fiscales y financieras" de las comunidades autónomas recogidas en la Constitución y que va contra el ahorro y la inversión. Además, denuncia que su tramitación se ha llevado a cabo a través de una enmienda en un proyecto de Ley que "no tenía que ver con este tributo".

Hace un año se aprobó el Real Decreto-Ley 26/2021 que modificó el impuesto de plusvalía municipal para cumplir con la Constitución española, ya que dicho tributo fue declarado inconstitucional por su sistema de cálculo. Esta norma contemplaba un plazo de seis meses para que los ayuntamientos adaptaran su ordenanza de plusvalía a la nueva regulación. Ese plazo finalizó el pasado 11 de mayo de 2022 y son muchos los consistorios que todavía no han adaptado su ordenanza. Por ello, interesa aclarar que el cobro de este impuesto puede ser nulo de pleno derecho por no existir una normativa que permita cuantificar la cuota tributaria a pagar.

El Tribunal Constitucional podría dar una segunda oportunidad a aquellos contribuyentes que vieron truncadas las posibilidades de revisar las liquidaciones firmes de la plusvalía municipal tras vender o transmitir inmuebles en pérdidas. En una reciente sentencia este tribunal cuestiona las trabas que han puesto los juzgados para recuperar este impuesto en caso de liquidaciones firmes por el Ayuntamiento y ampara a los contribuyentes que quieran reabrir esta vía, mediante la nulidad o revocación de dichas liquidaciones.

Hace un año se declaró inconstitucional el sistema de cálculo de la plusvalía municipal y posteriormente se aprobó la nueva normativa (Real Decreto-Ley 26/2021) que, tratando de salvar dicha inconstitucionalidad, regula actualmente el impuesto. Sin embargo, esta nueva normativa, que ya se aplica a los contribuyentes que transmitieron un terreno a partir del 10 de noviembre de 2021, podría ser también inconstitucional. El problema es que la nueva fórmula de cálculo obvia los gastos de compra y venta del inmueble, y no contempla la posibilidad de actualizar el valor de adquisición conforme al coste de vida, con lo que podría ser también inconstitucional. José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, explica las claves.

Un año después de la ilegalidad del sistema de cálculo de la plusvalía municial, es posible que muchos contribuyentes comprueben con sorpresa, que el Ayuntamiento no les ha notificado ninguna liquidación en relación con transmisiones a las que se aplica la normativa declarada inconstitucional. Es decir, las realizadas antes del 10-11-2021, fecha en que entró en vigor la nueva normativa del impuesto. ¿Puede el Ayuntamiento, a estas alturas, exigirme el pago de la deuda, notificándome la oportuna liquidación? Sí puede, pero puede anularse presentando un recurso.

Un año después de la declaración de inconstitucionalidad del sistema de cálculo de la plusvalía municipal, son muchos los contribuyentes a los que se les ha cerrado la vía para reclamar la devolución del impuesto, por la propia limitación de efectos de la sentencia 182/2021, del Tribunal Constitucional. En esta tesitura, José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, señala que podrían solicitar una indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial, como única vía para recuperar lo pagado. Pero el proceso no es fácil.

Un año después de la declaración de inconstitucionalidad del sistema objetivo de cálculo de la plusvalía municipal, de la que se han podido beneficiar muchos contribuyentes obteniendo la devolución, cabe plantearse si dicha devolución es también posible, en el caso de liquidaciones que son firmes, porque el contribuyente no presentó recurso contra la misma. José María Salcedo, socio de Ático Jurídico, señala que no es posible, pero que sí se puede reclamar una indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado.