Tribunal Constitucional

Recientemente el Tribunal Supremo ha declarado nulas de pleno derecho las liquidaciones firmes del impuesto de plusvalía municipal cuando se vendió un inmueble a pérdidas. Para José María Salcedo, socio de Salcedo Tax Litigation, no estamos ante un pronunciamiento sorpresivo. De hecho, idealista/news ya anunció esta posibilidad de revisión en noviembre de 2022, antes incluso de que se dictase por el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Valencia la sentencia a la que el Tribunal Supremo, finalmente, ha dado su “fumata blanca”. El experto explica que sólo son susceptibles de revisión las liquidaciones firmes frente a las que no se interpuso recurso alguno o que, si se hizo, fuera desestimado.

El Tribunal Supremo ha descartado que exista un derecho automático de indemnización después de que el Tribunal Constitucional tumbara la plusvalía municipal, dado que debe acreditarse que, en efecto, no se incrementó el valor del terreno. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han desestimado los primeros recursos presentados por empresas y ciudadanos que reclamaban una indemnización al Estado por el abono de este tributo. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado un recurso recientemente pidiendo responsabilidad patrimonial al Estado.

En las próximas semanas el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre la posible inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Patrimonio. Estamos, por tanto, ante fechas decisivas para todos aquellos que tributaron por este impuesto en los últimos ejercicios, y no han solicitado todavía la rectificación de su autoliquidación, y la devolución de ingresos indebidos. Y es que, o lo hacen pronto, o pueden quedarse fuera de juego, y sin opciones de recuperar lo pagado, tal y como recuerda José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation.

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado por unanimidad declarar inconstitucionales algunas medidas del real decreto-ley aprobado en 2016 por el Gobierno de Mariano Rajoy para aumentar la recaudación a través del Impuesto de Sociedades, al considerar que este tipo de modificaciones no se pueden i

El Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre los cambios que aplicó el Gobierno al Impuesto sobre el Patrimonio en 2021 y que recurrió el Grupo Parlamentario Popular. Entre las modificaciones, recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de dicho año, destacan la subida del tipo máximo hasta el 3,5% y el carácter permanente de este tributo, que hasta entonces era temporal y se prorrogaba anualmente. Está en juego la devolución de las liquidaciones de este gravamen de los últimos tres años, que podrían superar los 3.000 millones de euros.

2023 termina con grandes novedades en el mundo fiscal: desde la consolidación del impuesto a las grandes fortunas por parte del Tribunal Constitucional, hasta la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en algunas CCAA como Comunidad Valenciana, Baleares o Extremadura, tras las elecciones del pasado 28 de mayo. Hacemos un repaso de las principales novedades impositivos de este año que termina.

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado los recursos presentados por el Gobierno de Murcia y la Asamblea de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas, aplicando así la doctrina que fijó al desestimar la impugnación formulada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso contra el nuevo tributo y que ya extendió a las de los Gobiernos de Galicia y Andalucía.

El Tribunal Constitucional vuelve a avalar el impuesto a las grandes fortunas al desestimar también los recursos de inconstitucionalidad de la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia en dos sentencias de las que han sido ponentes los magistrados Juan Carlos Campo Moreno y Ricardo Enríquez Sancho. Estas dos resoluciones, respaldadas por los jueces propuestos y avalados por el PSOE, se producen días después de que el alto tribunal refrendara este tributo tras desestimar el recurso de la Comunidad de Madrid. Así, sigue en vigor este gravamen que deben pagar los patrimonios de más de 3 millones de euros incluido en la Ley 38/2022, de 27 de diciembre.

El Pleno del Tribunal Constitucional refrenda el impuesto a las grandes fortunas y tumba todas las impugnaciones del recurso que presentó la Comunidad de Madrid. El tribunal ha dictaminado que este gravamen no vulnera la autonomía financiera de las CCAA ni los principios de seguridad jurídica y no confiscatoriedad, como afirmaba la propuesta de sentencia de la magistrada progresista María Luisa Balaguer. Varios magistrados han formulado votos particulares al considerar que este tributo es ilegal, como afirman muchos expertos. Madrid aprobará una ley para quedarse con lo recaudado.

Los asesores fiscales lanzan un aviso: el valor de referencia de Catastro, que desde hace dos años es la base imponible de los impuestos que afectan a la compraventa de viviendas o las sucesiones y donaciones, podría ser inconstitucional en algunos casos. Según la AEDAF, el cálculo del valor de referencia puede derivar en la obligación de tributar por rentas irreales, como ya sucedió con la plusvalía municipal, lo que atentaría contra los principios constitucionales de capacidad económica y de reserva de ley de los elementos esenciales de los tributos. Por eso, ha impugnado el método de cálculo ante la Audiencia Nacional.

El Tribunal Constitucional ha tenido que posponer el debate sobre la legalidad del impuesto a las grandes fortunas. A pesar de que estaba previsto en la reunión del Pleno del pasado 24 de octubre, el elevado volumen de casos a deliberar ha llevado al tribunal a posponer la fecha. Previsiblemente será entre los días 6 y 8 de noviembre cuando analice la ponencia de la magistrada progresista María Luisa Balaguer, cuya propuesta de sentencia tumba el recurso de la Comunidad de Madrid y refrenda el impuesto, al considerar que no vulnera competencias autonómicas ni el principios de seguridad jurídica.

El Pleno del Tribunal Constitucional estudiará el próximo 24 de octubre el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas, que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a los 3 millones de euros. La ponencia ha recaído en manos de la magistrada progresista María Luisa Balaguer, cuyo borrador defiende la legalidad del impuesto al considerar que no invade competencias de las autonomías ni vulnera el principio de seguridad jurídica. Andalucía y Galicia también han recurrido el tributo, mientras los expertos ven indicios de inconstitucionalidad.

Hoy en día la revisión de las liquidaciones firmes de plusvalía municipal ha adquirido relevancia tras las últimas declaraciones de inconstitucionalidad. El abogado fiscalista José María Salcedo recuerda que un punto de conflicto ha surgido en la interpretación y aplicación de las sentencias del Constitucional, especialmente en relación con la posibilidad de revisar liquidaciones firmes en caso de transmisiones en pérdidas, incluso en situaciones en las que no se recurrieron en su momento. Ahora el Supremo tiene de nuevo sobre la mesa revisar liquidaciones firmes.

La Ley de Vivienda cumple cuatro meses en vigor y lo hace con el anuncio de que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos que han presentado en los últimos meses por los Gobiernos de Madrid, Andalucía y Baleares, el Parlamento de Cataluña y el grupo popular en el Congreso de los Diputados. El alto tribunal recuerda que los recursos han ido dirigidos contra diversos preceptos de la normativa con el argumento de que son contrarios a las competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, o que plantean una posible vulneración del derecho de propiedad.

El impuesto a las grandes fortunas podría llegar en las próximas semanas al Pleno del Tribunal Constitucional. Este tributo ha sido blanco de críticas desde que entró en vigor a finales del año pasado, ha recaudado más de 600 millones de euros hasta la fecha, y ha sido recurrido por varias autonomías, entre ellas Madrid, Andalucía y Galicia, al considerar que invade sus competencias fiscales. Todo apunta a que los magistrados analizarán antes de final de año su posible inconstitucionalidad y dictarán una sentencia que será en firme.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha avanzado que su Ejecutivo recurrirá la Ley de Vivienda ante el Tribunal Constitucional (TC) por invadir competencias autonómicas y “generar inseguridad en los propietarios”. Por ahora, ya son siete CCAA las que han mostrado su desacuerdo con la normativa nacional: Madrid, Andalucía, País Vasco ya han presentado recurso de inconstitucionalidad al TC mientras Cataluña, Baleares, Galicia y, ahora, Canarias, lo ultiman.

Ya se han cumplido tres meses de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, una de las normativas más polémicas de los últimos tiempos y que abre la puerta al tope a los alquileres en zonas tensionadas. En estas semanas, Madrid, Andalucía y el País Vasco han recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias, mientras que Baleares está preparando su recurso y Galicia ha pedido modificaciones en la Comisión Bilateral con el Estado. Cataluña votará esta semana si también recurre al TC. Por su parte, los expertos confirman que se han cumplido las consecuencias esperadas: se está reduciendo la oferta de alquiler, las rentas siguen al alza y, en definitiva, está limitando más el acceso a una vivienda a los más vulnerables.

El Tribunal Supremo le ha dado la espalda a quienes no pudieron reclamar la plusvalía municipal antes de la declaración de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre de 2021. El alto tribunal estima que una liquidación tributaria no recurrida antes del 26 de octubre es ya una situación consolidada y que, como tal, no queda afectada por la declaración de inconstitucionalidad del impuesto ni puede ser anulada con base a la misma. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, hace una valoración al respecto.

El Gobierno Vasco ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional siete preceptos de la Ley estatal de Vivienda, con el desacuerdo de los tres consejeros del PSE-EE, por "condicionar el autogobierno vasco en materia de vivienda y vulnerar competencias que corresponden" a Euskadi. Este recurso se suma al presentado por la Comunidad de Madrid, por considerar que invade competencias autonómicas.

El Tribunal Supremo le ha dado la espalda a quienes no pudieron reclamar la plusvalía municipal antes de la declaración de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre de 2021. El alto tribunal estima que una liquidación tributaria no recurrida antes del 26 de octubre es ya una situación consolidada y que, como tal, no queda afectada por la declaración de inconstitucionalidad del impuesto ni puede ser anulada con base a la misma.

El portavoz de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico presentará un recurso al Tribunal Constitucional contra varios preceptos de la Ley Vivienda estatal al entender que invade competencias autonómicas. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en los "graves errores jurídicos" y "artículos inconstitucionales" del texto aprobado apenas dos meses. La CAM tiene de plazo hasta el 25 de julio para presentar el recurso.

El controvertido Impuesto de Solidaridad (ISGF), más conocido como impuesto a las grandes fortunas, ha despertado muchas dudas de inconstitucionalidad, como evidencian los recursos de inconstitucionalidad presentados por las Comunidades Autónomas de Madrid y Galicia, que aún están pendientes de resolución. Las dudas se centran en cómo se tramitó y aprobó este impuesto al privarse del debate parlamentario y vulnerar derechos constitucionales. Por eso, los expertos aconsejan reclamar desde ya este tributo.

El Tribunal Constitucional ha acordado suspender la demolición del hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento del complejo turístico, de salud, paisajístico y de servicios Marina Isla de Valdecañas, tal y como ordenaba el Tribunal Supremo. Se trata de un complejo turístico ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres), en una isla de 134,5 hectáreas de superficie existente en la presa de Valdecañas.

Foment del Treball, la principal patronal en Cataluña, da un paso más en su lucha contra el Impuesto sobre el Patrimonio. La organización liderada por Josep Sánchez Llibre ha presentado un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para pedir que se lleve al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre el tributo, que afecta a los contribuyentes con un patrimonio superior a los 700.000 euros sin incluir la vivienda habitual.

Los ayuntamientos recaudaron el año pasado 1.306 millones de euros gracias a la plusvalía municipal, un impuesto que se aplica en la compraventa, la donación y las herencias de viviendas y otros inmuebles urbanos y que es el más importante a nivel local, tras el IBI. La cifra supone un recorte de 835 millones respecto a 2021, como consecuencia de la anulación del método de cálculo del impuesto por parte del Constitucional y los nuevos sistemas de revalorización que aprobó el Gobierno. Desde 2016, los entes locales han 'perdido' prácticamente la mitad de la recaudación por este tributo.