Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha declarado nulo el procedimiento de registro único de arrendamientos de corta duración (turístico o de temporada) regulado en el Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, y que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2025. El alto tribunal considera que el Estado carece de título competencial para establecer un registro nacional que se superpone a los registros autonómicos existentes en materia de arrendamientos turísticos. Ahora propietarios y operadores del sector no deberán obtener el registro único ni tampoco deberán remitir la declaración anual de arrendamientos al Registro de la Propiedad.

La empresa que gestionó un bar durante una década en Córdoba tendrá que ser indemnizada tras la finalización de su contrato de alquiler. El Tribunal Supremo consolida su doctrina y confirma que el arrendatario puede reclamar la indemnización por clientela prevista en el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) cuando el propietario del local decide no renovar el contrato. La sentencia obliga al arrendador a pagar más de 15.000 euros, fijando un criterio según el cual los negocios de hostelería también generan un flujo de clientes cuyo valor económico es protegido por la ley.

Hay contribuyentes que reciben una carta de Hacienda y la guardan sin abrir, como si pudiera explotar. José María Salcedo lo ha visto muchas veces en sus más de dos décadas como abogado fiscalista. Y precisamente por eso dedica parte de su trabajo a algo que va más allá del despacho: explicar en medios de comunicación qué dicen los tribunales sobre los impuestos que afectan a la vivienda o al salario. Porque una cosa es lo que dice la ley y otra, a veces muy distinta, la interpretación que hacen Hacienda y los jueces. Y esa diferencia, en muchos casos, puede suponer miles de euros para el contribuyente. En esta entrevista el socio director de Salcedo Tax Litigation desgrana errores frecuentes de Hacienda con la vivienda y explica por qué los tribunales, cada vez más, dan la razón al contribuyente.

El Tribunal Supremo vuelve a poner límites a la desheredación por falta de relación familiar, una cuestión cada vez más frecuente en los conflictos hereditarios. En una sentencia, dictada el pasado 7 de abril, deja claro que el distanciamiento entre padres e hijos, por sí solo, no basta para privarles de su derecho a la legítima. Según el alto tribunal, es necesario analizar si ese alejamiento constituye un verdadero maltrato psicológico imputable al heredero o responde a una dinámica familiar más compleja. Por tanto, es preciso acreditar una conducta grave, continuada e injustificada, imputable exclusivamente al heredero, que además haya generado un perjuicio psicológico real en el causante.

¿Tiene sentido pagar IRPF por unos intereses que no generan ninguna ganancia real, sino que simplemente compensan el retraso en la determinación y pago del justiprecio? Esta es la polémica que afecta a muchos contribuyentes que han sido expropiados y han sufrido retrasos en la fijación y cobro del precio de su inmueble. Se trata de unos intereses que tienen una naturaleza compensatoria y Hacienda ya se ha posicionado a favor de su tributación en el IRPF. El abogado fiscalista José María Salcedo aclara que el Supremo tiene sobre la mesa un auto que reabre el debate sobre la tributación de estos intereses y da esperanzas para que declare la exención en el IRPF.

Durante años, miles de compradores de vivienda sobre plano se han hecho la misma pregunta: ¿qué pasa con el dinero adelantado si la promoción nunca llega a construirse? En una sentencia reciente, el Tribunal Supremo ha dado respuesta y refuerza una idea clave: el banco puede verse obligado a devolver las cantidades anticipadas cuando, por las circunstancias del ingreso, podía identificar razonablemente su carácter y aun así no actuó con la diligencia debida. Según el alto tribunal, la responsabilidad de la entidad no es automática, pero tampoco es un simple intermediario, sino que tiene un deber de control.

El equipo jurídico del Ayuntamiento de Valencia estudiará la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que ha anulado parte de la moratoria que aprobó el pleno del Consistorio en mayo de 2024 y que paraliza la concesión de licencias para apartamentos turísticos en la ciudad. Fuentes municipales subrayan que el fallo "avala" la medida y la considera justificada y que solo señala una "discrepancia técnica de alcance interpretativo, no de fondo".

Una de las dudas más frecuentes cuando una pareja se divorcia es qué ocurre con una vivienda cuando uno de los cónyuges la compró antes de casarse, pero siguió pagándola durante el matrimonio. El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse al respecto y su decisión es relevante para miles de parejas que adquirieron un inmueble en soltería y terminaron utilizándolo como domicilio familiar. El alto tribunal ha dictaminado que no todo lo que se paga durante el matrimonio se considera automáticamente dinero común. Para determinar qué parte es ganancial, es imprescindible analizar el origen y la titularidad real de los fondos utilizados.

¿Puede una comunidad decidir que algunos propietarios no paguen el ascensor y que el resto asuma el coste? El Tribunal Supremo acaba de despejar esta duda en una sentencia que refuerza una idea cada vez más consolidada: este tipo de instalaciones permiten cierta flexibilidad en el reparto de gastos si están directamente vinculados a la obra, aun cuando suponga que ciertos vecinos paguen más que otros. El caso parte de un edificio situado en Pamplona, donde la junta acordó exonerar del pago a tres propietarios cuyos trasteros debían ser ocupados para instalar el elevador, al ser la única alternativa técnica viable. Sin embargo, otros copropietarios impugnaron el acuerdo al considerar injusto tener que asumir el sobrecoste derivado de esas exenciones.

Cambiar de dueño no significa empezar de cero. En muchos sectores, los traspasos y relevos empresariales son habituales, y la ley impone ciertos límites cuando detrás hay trabajadores. Así lo ha recordado el Tribunal Supremo en una sentencia reciente, donde dictamina que cambiar de jefe no convierte al trabajador en principiante. Si la actividad continúa con normalidad, no puede imponerse un nuevo periodo de prueba. Por tanto, quien pasa a dirigir el negocio quedará subrogado en las relaciones laborales existentes y no podrá tratarlas como si comenzaran de cero.

El Tribunal Supremo vuelve a marcar los límites en materia de propiedad horizontal, confirmando que una propietaria deberá reconstruir un muro trasero (integrante de la fachada y del cerramiento del edificio) que demolió sin permiso para unir sus locales con una nave colindante. La sentencia aclara hasta dónde llega la flexibilidad permitida en las obras de este tipo de inmuebles y cuándo entra en juego la obligación de contar con el visto bueno de la comunidad, poniendo el foco en tres cuestiones clave: los elementos comunes, la configuración del edificio y la conexión entre fincas de distintas comunidades.

En el marco de una Inspección de Hacienda, y antes de que el contribuyente conozca su inicio formal, es habitual que la Inspección trate de entrar en el domicilio del contribuyente (persona física o empresa) para recabar la información que considere necesaria para regularizar su situación tributaria. Sin embargo, no todo vale para entrar en el domicilio del contribuyente. El problema es que la entrada supone una intromisión del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Y, por tanto, la regulación de dicha intromisión debieran estar regulados por Ley Orgánica, tal y como recuerda el abogado José María Salcedo. Ahora el Supremo analiza si es necesaria una Ley Orgánica para evitar estas actuaciones ilegales por parte del fisco.

El Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre uno de los conflictos más habituales en edificios residenciales: el uso de salidas de humos en locales de hostelería. En una sentencia de enero, el alto tribunal declara la nulidad del acuerdo de una comunidad de propietarios que pretendía obligar a un establecimiento a desmontar una chimenea instalada décadas atrás. La clave no se encuentra tanto en la instalación como en la conducta previa de los vecinos, que durante años toleraron su uso y conocían el proyecto de reforma del local para destinarlo a restaurante. Cuando finalmente decidieron prohibirlo, las obras ya habían concluido y la inversión estaba realizada.

El Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre una cuestión que afecta directamente a numerosas urbanizaciones y edificios situados en primera línea de costa: las comunidades de propietarios, al carecer de personalidad jurídica propia, no pueden ser formalmente titulares de una concesión administrativa para ocupar el dominio público marítimo-terrestre. Así lo establece la Sala Tercera en su sentencia 1420/2025, de 5 de noviembre (recurso 1972/2024), en la que analiza el intento de una comunidad de propietarios de Andratx (Mallorca) de obtener la concesión de un solárium y piscina parcialmente ubicados en terreno demanial, esto es, de titularidad pública.

El Tribunal Supremo ha aclarado una duda que estaba generando cierta inseguridad en los procedimientos de desahucio por falta de pago: ¿puede exigirse al fiador que consigne las rentas adeudadas para poder recurrir? La respuesta es no, al menos cuando ese fiador no impugne el desahucio ni la resolución contractual, sino únicamente su responsabilidad como garante. Así, la sentencia del alto tribunal fija un criterio relevante sobre la aplicación del artículo 449.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los procedimientos de desahucio con acumulación de reclamación de rentas frente a arrendatarios y fiadores.

Tener licencia del Ayuntamiento no siempre es el salvoconducto definitivo para llenar de mesas y sillas un patio o un soportal. El Tribunal Supremo lo reafirma en una sentencia donde confirma que la autorización municipal no atribuye por sí sola un título que legitime la ocupación de elementos comunes. Que el Ayuntamiento autorice una actividad no significa que quede alterado el régimen de propiedad del espacio. Si la zona afectada es un elemento común, su utilización queda sujeta a lo previsto en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) y a los acuerdos válidamente adoptados por la junta.

Cerrar una terraza para ganar metros al salón es una de las reformas más habituales, pero también una de las que más conflictos generan. La última palabra, en este caso, la ha tenido el Tribunal Supremo, que en una sentencia reciente reafirma la doctrina consolidada en materia de propiedad horizontal: un acuerdo de la junta solo ampara aquello que autoriza expresamente, y no puede extenderse a actuaciones que supongan una ampliación de superficie o una alteración con incidencia en el título constitutivo y en los coeficientes de participación.

El Tribunal Supremo ha resuelto un nuevo conflicto vecinal que, en esta ocasión, gira en torno a la instalación de una chimenea en un edificio residencial. Resuelve sobre la validez de un acuerdo comunitario que exige al actual propietario del local el cese del uso de la salida de humos y el desmontaje de la chimenea instalada al poder existir autorización tácita. el Supremo considera nulo el acuerdo de la comunidad de propietarios, que se fundamenta en que permitió tácitamente el uso continuado y la reforma de la salida de humos, con conocimiento y sin oposición durante un largo periodo.

¿Qué ocurre cuando el acceso a una finca depende de atravesar la propiedad del vecino? El Tribunal Supremo acaba de responder a esta pregunta en una sentencia donde fija un criterio de gran importancia para quienes comparten accesos entre fincas en suelo rústico. En el caso resuelto, los dueños de un patio colocaron dos vallas de baja altura que podían abrirse manualmente. Los vecinos utilizaban ese espacio desde hacía años para acceder a su pajar con tractor o todoterreno, pero desde la instalación de las vallas, cada vez que querían pasar debían abrirlas a mano. El quid de la cuestión está en que el paso no quedó impedido y el Supremo lo considera una mera molestia, pero no altera la situación posesoria existente.

El permiso laboral de cinco días para cuidar a un familiar vuelve a situarse en el centro del debate. Una sentencia del Tribunal Supremo precisa una cuestión que venía generando conflictos entre empresas y trabajadores: no es obligatorio comenzar este permiso el mismo día en que se produce la hospitalización o enfermedad. La Sala de lo Social aclara su alcance y señala que el inicio no puede vincularse de forma rígida al hecho causante cuando esto impida atender eficazmente al familiar que necesita cuidados. La resolución afecta a uno de los derechos más utilizados desde la reforma introducida por el Real Decreto-ley 5/2023 y aporta seguridad jurídica sobre cómo debe aplicarse.

Cuando una vivienda se convierte en un foco de bloqueo porque unos quieren vender y otros no, o porque parte del inmueble integra una herencia sin repartir, la pregunta es inevitable: ¿se puede forzar la venta aunque la herencia siga pendiente? El Tribunal Supremo da una respuesta clara en una sentencia de enero: sí es posible instar la división de cosa común y promover la venta aunque parte del inmueble esté integrada en una herencia yacente (pendiente de partición), siempre que quien ejercite la acción ostente una cuota indivisa propia, concreta y acreditada por un título distinto del sucesorio.

¿Se puede vender una Vivienda de Protección Oficial por encima del precio máximo legal? Y, si se hace, ¿queda el contrato automáticamente anulado? El Tribunal Supremo ha zanjado el debate en una sentencia donde señala que pactar un sobreprecio en la compraventa de una VPO no determina la nulidad civil del contrato, aunque puede generar responsabilidades en el ámbito administrativo.

Recibir una herencia no solo implica gestionar bienes y trámites notariales, sino también afrontar el pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, una carga que no siempre puede asumirse de inmediato. El Tribunal Supremo ha puesto orden sobre este punto, estableciendo un criterio claro sobre los plazos para solicitar el aplazamiento o fraccionamiento del impuesto, una cuestión que llevaba años generando conflictos.

El Tribunal Supremo ha dado un espaldarazo a la normativa del Ayuntamiento de Barcelona que obliga a reservar el 30% de promociones de obra nueva o de grandes rehabilitaciones para vivienda protegida. El alto tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la empresa Josel SLU, perteneciente al grupo Núñez i Navarro, contra esta norma que fue impulsada por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau en 2018. En concreto, la sentencia señala que se puede obligar a los promotores que reserven un 30% de pisos sociales en la ciudad ya construida y también sostiene que no hay derecho a indemnizarles.

El Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre una cuestión que en los últimos años ha generado inseguridad jurídica: si las ayudas públicas para la rehabilitación de edificios o viviendas pueden computarse como ingresos y provocar la pérdida del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La Sala de lo Social del Alto Tribunal aclara que estas subvenciones no deben tenerse en cuenta como renta a efectos de esta prestación.