Tribunal Supremo

Durante años, miles de compradores de vivienda sobre plano se han hecho la misma pregunta: ¿qué pasa con el dinero adelantado si la promoción nunca llega a construirse? En una sentencia reciente, el Tribunal Supremo ha dado respuesta y refuerza una idea clave: el banco puede verse obligado a devolver las cantidades anticipadas cuando, por las circunstancias del ingreso, podía identificar razonablemente su carácter y aun así no actuó con la diligencia debida. Según el alto tribunal, la responsabilidad de la entidad no es automática, pero tampoco es un simple intermediario, sino que tiene un deber de control.

El equipo jurídico del Ayuntamiento de Valencia estudiará la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que ha anulado parte de la moratoria que aprobó el pleno del Consistorio en mayo de 2024 y que paraliza la concesión de licencias para apartamentos turísticos en la ciudad. Fuentes municipales subrayan que el fallo "avala" la medida y la considera justificada y que solo señala una "discrepancia técnica de alcance interpretativo, no de fondo".

Una de las dudas más frecuentes cuando una pareja se divorcia es qué ocurre con una vivienda cuando uno de los cónyuges la compró antes de casarse, pero siguió pagándola durante el matrimonio. El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse al respecto y su decisión es relevante para miles de parejas que adquirieron un inmueble en soltería y terminaron utilizándolo como domicilio familiar. El alto tribunal ha dictaminado que no todo lo que se paga durante el matrimonio se considera automáticamente dinero común. Para determinar qué parte es ganancial, es imprescindible analizar el origen y la titularidad real de los fondos utilizados.

¿Puede una comunidad decidir que algunos propietarios no paguen el ascensor y que el resto asuma el coste? El Tribunal Supremo acaba de despejar esta duda en una sentencia que refuerza una idea cada vez más consolidada: este tipo de instalaciones permiten cierta flexibilidad en el reparto de gastos si están directamente vinculados a la obra, aun cuando suponga que ciertos vecinos paguen más que otros. El caso parte de un edificio situado en Pamplona, donde la junta acordó exonerar del pago a tres propietarios cuyos trasteros debían ser ocupados para instalar el elevador, al ser la única alternativa técnica viable. Sin embargo, otros copropietarios impugnaron el acuerdo al considerar injusto tener que asumir el sobrecoste derivado de esas exenciones.

Cambiar de dueño no significa empezar de cero. En muchos sectores, los traspasos y relevos empresariales son habituales, y la ley impone ciertos límites cuando detrás hay trabajadores. Así lo ha recordado el Tribunal Supremo en una sentencia reciente, donde dictamina que cambiar de jefe no convierte al trabajador en principiante. Si la actividad continúa con normalidad, no puede imponerse un nuevo periodo de prueba. Por tanto, quien pasa a dirigir el negocio quedará subrogado en las relaciones laborales existentes y no podrá tratarlas como si comenzaran de cero.

El Tribunal Supremo vuelve a marcar los límites en materia de propiedad horizontal, confirmando que una propietaria deberá reconstruir un muro trasero (integrante de la fachada y del cerramiento del edificio) que demolió sin permiso para unir sus locales con una nave colindante. La sentencia aclara hasta dónde llega la flexibilidad permitida en las obras de este tipo de inmuebles y cuándo entra en juego la obligación de contar con el visto bueno de la comunidad, poniendo el foco en tres cuestiones clave: los elementos comunes, la configuración del edificio y la conexión entre fincas de distintas comunidades.

En el marco de una Inspección de Hacienda, y antes de que el contribuyente conozca su inicio formal, es habitual que la Inspección trate de entrar en el domicilio del contribuyente (persona física o empresa) para recabar la información que considere necesaria para regularizar su situación tributaria. Sin embargo, no todo vale para entrar en el domicilio del contribuyente. El problema es que la entrada supone una intromisión del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Y, por tanto, la regulación de dicha intromisión debieran estar regulados por Ley Orgánica, tal y como recuerda el abogado José María Salcedo. Ahora el Supremo analiza si es necesaria una Ley Orgánica para evitar estas actuaciones ilegales por parte del fisco.

El Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre uno de los conflictos más habituales en edificios residenciales: el uso de salidas de humos en locales de hostelería. En una sentencia de enero, el alto tribunal declara la nulidad del acuerdo de una comunidad de propietarios que pretendía obligar a un establecimiento a desmontar una chimenea instalada décadas atrás. La clave no se encuentra tanto en la instalación como en la conducta previa de los vecinos, que durante años toleraron su uso y conocían el proyecto de reforma del local para destinarlo a restaurante. Cuando finalmente decidieron prohibirlo, las obras ya habían concluido y la inversión estaba realizada.

El Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre una cuestión que afecta directamente a numerosas urbanizaciones y edificios situados en primera línea de costa: las comunidades de propietarios, al carecer de personalidad jurídica propia, no pueden ser formalmente titulares de una concesión administrativa para ocupar el dominio público marítimo-terrestre. Así lo establece la Sala Tercera en su sentencia 1420/2025, de 5 de noviembre (recurso 1972/2024), en la que analiza el intento de una comunidad de propietarios de Andratx (Mallorca) de obtener la concesión de un solárium y piscina parcialmente ubicados en terreno demanial, esto es, de titularidad pública.

El Tribunal Supremo ha aclarado una duda que estaba generando cierta inseguridad en los procedimientos de desahucio por falta de pago: ¿puede exigirse al fiador que consigne las rentas adeudadas para poder recurrir? La respuesta es no, al menos cuando ese fiador no impugne el desahucio ni la resolución contractual, sino únicamente su responsabilidad como garante. Así, la sentencia del alto tribunal fija un criterio relevante sobre la aplicación del artículo 449.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los procedimientos de desahucio con acumulación de reclamación de rentas frente a arrendatarios y fiadores.

Tener licencia del Ayuntamiento no siempre es el salvoconducto definitivo para llenar de mesas y sillas un patio o un soportal. El Tribunal Supremo lo reafirma en una sentencia donde confirma que la autorización municipal no atribuye por sí sola un título que legitime la ocupación de elementos comunes. Que el Ayuntamiento autorice una actividad no significa que quede alterado el régimen de propiedad del espacio. Si la zona afectada es un elemento común, su utilización queda sujeta a lo previsto en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) y a los acuerdos válidamente adoptados por la junta.

Cerrar una terraza para ganar metros al salón es una de las reformas más habituales, pero también una de las que más conflictos generan. La última palabra, en este caso, la ha tenido el Tribunal Supremo, que en una sentencia reciente reafirma la doctrina consolidada en materia de propiedad horizontal: un acuerdo de la junta solo ampara aquello que autoriza expresamente, y no puede extenderse a actuaciones que supongan una ampliación de superficie o una alteración con incidencia en el título constitutivo y en los coeficientes de participación.

El Tribunal Supremo ha resuelto un nuevo conflicto vecinal que, en esta ocasión, gira en torno a la instalación de una chimenea en un edificio residencial. Resuelve sobre la validez de un acuerdo comunitario que exige al actual propietario del local el cese del uso de la salida de humos y el desmontaje de la chimenea instalada al poder existir autorización tácita. el Supremo considera nulo el acuerdo de la comunidad de propietarios, que se fundamenta en que permitió tácitamente el uso continuado y la reforma de la salida de humos, con conocimiento y sin oposición durante un largo periodo.

¿Qué ocurre cuando el acceso a una finca depende de atravesar la propiedad del vecino? El Tribunal Supremo acaba de responder a esta pregunta en una sentencia donde fija un criterio de gran importancia para quienes comparten accesos entre fincas en suelo rústico. En el caso resuelto, los dueños de un patio colocaron dos vallas de baja altura que podían abrirse manualmente. Los vecinos utilizaban ese espacio desde hacía años para acceder a su pajar con tractor o todoterreno, pero desde la instalación de las vallas, cada vez que querían pasar debían abrirlas a mano. El quid de la cuestión está en que el paso no quedó impedido y el Supremo lo considera una mera molestia, pero no altera la situación posesoria existente.

El permiso laboral de cinco días para cuidar a un familiar vuelve a situarse en el centro del debate. Una sentencia del Tribunal Supremo precisa una cuestión que venía generando conflictos entre empresas y trabajadores: no es obligatorio comenzar este permiso el mismo día en que se produce la hospitalización o enfermedad. La Sala de lo Social aclara su alcance y señala que el inicio no puede vincularse de forma rígida al hecho causante cuando esto impida atender eficazmente al familiar que necesita cuidados. La resolución afecta a uno de los derechos más utilizados desde la reforma introducida por el Real Decreto-ley 5/2023 y aporta seguridad jurídica sobre cómo debe aplicarse.

Cuando una vivienda se convierte en un foco de bloqueo porque unos quieren vender y otros no, o porque parte del inmueble integra una herencia sin repartir, la pregunta es inevitable: ¿se puede forzar la venta aunque la herencia siga pendiente? El Tribunal Supremo da una respuesta clara en una sentencia de enero: sí es posible instar la división de cosa común y promover la venta aunque parte del inmueble esté integrada en una herencia yacente (pendiente de partición), siempre que quien ejercite la acción ostente una cuota indivisa propia, concreta y acreditada por un título distinto del sucesorio.

¿Se puede vender una Vivienda de Protección Oficial por encima del precio máximo legal? Y, si se hace, ¿queda el contrato automáticamente anulado? El Tribunal Supremo ha zanjado el debate en una sentencia donde señala que pactar un sobreprecio en la compraventa de una VPO no determina la nulidad civil del contrato, aunque puede generar responsabilidades en el ámbito administrativo.

Recibir una herencia no solo implica gestionar bienes y trámites notariales, sino también afrontar el pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, una carga que no siempre puede asumirse de inmediato. El Tribunal Supremo ha puesto orden sobre este punto, estableciendo un criterio claro sobre los plazos para solicitar el aplazamiento o fraccionamiento del impuesto, una cuestión que llevaba años generando conflictos.

El Tribunal Supremo ha dado un espaldarazo a la normativa del Ayuntamiento de Barcelona que obliga a reservar el 30% de promociones de obra nueva o de grandes rehabilitaciones para vivienda protegida. El alto tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la empresa Josel SLU, perteneciente al grupo Núñez i Navarro, contra esta norma que fue impulsada por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau en 2018. En concreto, la sentencia señala que se puede obligar a los promotores que reserven un 30% de pisos sociales en la ciudad ya construida y también sostiene que no hay derecho a indemnizarles.

El Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre una cuestión que en los últimos años ha generado inseguridad jurídica: si las ayudas públicas para la rehabilitación de edificios o viviendas pueden computarse como ingresos y provocar la pérdida del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La Sala de lo Social del Alto Tribunal aclara que estas subvenciones no deben tenerse en cuenta como renta a efectos de esta prestación.

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una promotora a ser indemnizada tras abonar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal, en una operación en la que quedó acreditada la inexistencia de un incremento real del valor del suelo, al entender que concurrían los requisitos para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. El fallo no abre la puerta a devoluciones automáticas, pero sí aclara cuándo procede la responsabilidad patrimonial por la aplicación de una norma declarada inconstitucional. En el caso resuelto, la sentencia reconoce el derecho de la promotora a percibir 22.939,71 euros, más intereses legales.

Cuando Hacienda revisa el valor de una vivienda o de cualquier otro inmueble, no todo vale. El Tribunal Supremo acaba de recordarlo al consolidar y precisar los límites a la comprobación de valores, uno de los procedimientos más habituales y conflictivos en materia tributaria. En una sentencia, establece un criterio clave: la Administración tributaria debe justificar de forma expresa y antes de actuar por qué decide comprobar la cifra declarada por el contribuyente. Y no basta con hacerlo a posteriori ni con apoyarse en un informe técnico.

Cuando se adquiere una vivienda en subasta judicial es frecuente que surja una duda clave: ¿desde cuándo debe el nuevo propietario hacerse cargo de las deudas con la comunidad de propietarios? El Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre el momento en el que el adjudicatario de un inmueble en subasta pasa a ser deudor frente a la comunidad. Según el alto tribunal, no comienza con la firma de la escritura pública ni con la inscripción en el Registro de la Propiedad, sino con la adjudicación judicial del inmueble.

El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre los límites de la prórroga forzosa en los alquileres antiguos y sobre cuándo el propietario puede solicitar la resolución del contrato de arrendamiento. En una sentencia dictada el pasado diciembre, el alto tribunal analiza un contrato firmado en 1982 y concluye que el propietario puede recuperar la vivienda cuando logra acreditar que el inquilino no la utiliza de forma efectiva como residencia habitual y que la vivienda ha perdido la función de hogar que justifica la prórroga forzosa. El fallo interesa a propietarios e inquilinos con contratos anteriores al 9 de mayo de 1985.

El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre uno de los conflictos más habituales en las comunidades de propietarios: las consecuencias sobre reformar una vivienda sin pedir permiso. En una sentencia dictada en enero, el Alto Tribunal concluye que no es legal unir físicamente dos inmuebles situados en portales distintos sin acuerdo comunitario, aunque no se modifiquen las cuotas ni se inscriba el cambio en el Registro de la Propiedad.